21 octubre, 2015
La pelea por una Ley de Agrotóxicos en Santa Fe
Por Ricardo Serruya, desde Santa Fe. Habitantes de la provincia de Santa Fe parecen reeditar la historia de David y Goliat. Un grupo de ciudadanos vienen tratando de ganar una pulseada por demás de injusta: de un lado se encuentran habitantes preocupados por la salud de la población, del otro, un grupo de empresarios del agronegocio y funcionarios políticos que miran para otro lado.

Por Ricardo Serruya, desde Santa Fe. Habitantes de la provincia de Santa Fe parecen reeditar la historia de David y Goliat. Un grupo de ciudadanos vienen tratando de ganar una pulseada por demás de injusta: de un lado se encuentran habitantes preocupados por la salud de la población, del otro, un grupo de empresarios del agronegocio y funcionarios políticos que miran para otro lado.
El pasado jueves 15 de octubre los diputados provinciales, en una sola sesión, dieron media sanción a un proyecto presentado por la socialista Inés Bertero que no resuelve el problema de la contaminación con agrotóxicos, permite las aplicaciones aéreas y pone como distancia mínima para las terrestre, apenas 100 metros. El otro proyecto, apoyado por el colectivo «Paren de Fumigarnos», prohíbe las fumigaciones aéreas y como distancia mínima para las terrestres, indica los 800 metros desde una zona urbana.
En la actualidad, una de las provincias más pobladas del país es regida, en este aspecto, por una antigua norma que lleva el número 11.273, llamada ley de productos fitosanitarios sancionada en el mes de septiembre de 1995, que resulta vetusta para el actual modelo agrotecnológico-fumigador.
Mientras los representantes santafesinos deciden no tratar la problemática como amerita, estudiantes de las escuelas rurales, en épocas de fumigación, no salen al recreo por el temor de sus docentes a que se enfermen. Mientras los proyectos son cajoneados, los porcentajes de enfermedades como el lupus, los problemas respiratorios y de piel y los casos de cáncer y leucemia se duplican o triplican.
Hasta el momento fueron presentadas más de 30 mil firmas solicitando que se trate la problemática sin obtener una respuesta.
¿Cuál es la razón por la que legisladores toman esta actitud? En primer lugar una cuestión de conveniencia política-económica. Muchos de ellos tienen intereses personales, son productores o poseen alguna relación económica empresarial con este tipo de producción. Y cabe preguntarse si otros no son directamente financiados por los verdaderos dueños de los departamentos y localidades que dicen representar y obedecen mandatos.
Si bien todas estas explicaciones son valederas, una lectura más política diría que hay un fondo más complejo y es la matriz capitalista de nuestro sistema que vuelve a enfrentar a sectores extremadamente desiguales.
Una pelea despareja que muestra la enorme contradicción que el teólogo brasilero Leonardo Boff ha señalado hace tiempo y que se da, palpablemente entre el capitalismo y la ecología.
Es que, como bien dice Boff, “el ser humano se ha dado a sí mismo los instrumentos de su propia destrucción. La lógica del capital, como modo de producción y como cultura, es ésta: producir acumulación mediante la explotación de la fuerza del trabajo de las personas, por la dominación de clases, por el sometimiento de los pueblos y finalmente por el pillaje contra la naturaleza».
El cura brasilero, uno de los padres de la teología de la liberación, encuentra una dialéctica por demás de interesante al relatar que entre ecología y capitalismo se identifica una contradicción básica y afirma que, donde impera la práctica capitalista, se envía al exilio la preocupación ecológica, sin poder concretar acuerdo alguno.
Es tan claro como tajante cuando afirma que “el capitalismo no sólo quiere dominar la naturaleza, sino arrancar todo de ella, depredarla”. Y más aún cuando plantea que la humanidad debe decidir si quiere continuar viviendo o si prefiere su propia autodestrucción.
El colectivo “Paren de fumigarnos” (una coordinación de asociaciones ambientales, políticas y sindicales que se unen para peticionar normas más claras y límites en las pulverizaciones) presentó un proyecto ley para que sea discutida en la legislatura santafesina. Frente a esto, la estrategia de los sectores de poder fue presentar otro proyecto para dilatar –una vez más- los tiempos
Con dos proyectos sobre la mesa ahora la discusión, en el mejor de los casos, duplicará los plazos: acuerdos que no se logran en las comisiones, sesiones que se suspenden, consensos que se dice que se buscan pero que en realidad se evitan, fueron el abanico de excusas para no tratar la problemática. En el peor de los casos, recibirá un tratamiento «exprés» también en Senadores el proyecto oficialista para cerrar un debate que nunca se abrió.
Así millones de santafesinos se continúan enfermando y envenenando producto del modelo de agricultura transgénica que rocía con sustancias nocivas los productos que “desde el campo van hasta su casa”. No es esta una afirmación sin demostración empírica y científica. Productos como el arroz o la soja son manipuladas genéticamente necesitando cada vez mas altas dosis de veneno.
Lo afirman científicos, doctores, investigadores y hasta la mismísima OMS y sin embargo el glifosato y el 2,4-D se siguen comercializando.
Muchos que viven en ciudades, lejos de polos productivos agropecuarios, pueden suponer que están exentos de sufrir algún tipo de contaminación por agroquímicos.
Nada mas falso.
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