Batalla de Ideas

2 octubre, 2015

Daniel Scioli: con Francisco, contra el aborto legal

Por María Paula García. En la recta final de la campaña electoral se instaló la discusión sobre la legalización del aborto. Primero fue María Eugenia Vidal, actual vicejefa de gobierno porteño y candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por el PRO, y luego se sumó Daniel Scioli, actual gobernador de la provincia y candidato a presidente por el Frente para la Victoria.

Por María Paula García. En la recta final de la campaña electoral se instaló la discusión sobre la legalización del aborto. Primero fue María Eugenia Vidal, actual vicejefa de gobierno porteño y candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por el PRO, y luego se sumó Daniel Scioli, actual gobernador de la provincia y candidato a presidente por el Frente para la Victoria.

En medio de fuertes cruces y denuncias entre los principales candidatos, la oposición a que las mujeres puedan interrumpir legalmente un embarazo no deseado / no planificado los unió a todos.

“No estoy de acuerdo con la legalización del aborto”, explicó Scioli, reafirmando una posición que ya había expresado anteriormente, “el aborto no debería ser legal porque atenta contra el derecho a la vida”.

La posición manifestada por quien figura primero en la intención de voto a nivel nacional es conocida desde hace tiempo y no sorprende en absoluto. Varias veces insistió en que es la continuación del modelo y, al menos en este plano, coincide con la posición levantada por Cristina Fernández en sus dos períodos presidenciales.

Sin duda no se trata de impugnar el derecho legítimo que cada candidato tiene a profesar su fe y a expresar sus convicciones personales. Pero la cuestión nodal, en este caso, no es cuál es la opinión personal y sus creencias religiosas, sino si serán o no dichas creencias las que guiarán las acciones de gobierno y el desarrollo de políticas públicas al frente de un Estado pretendidamente laico. Y por las afirmaciones y gestos que viene llevando adelante Daniel Scioli puede percibirse claramente la respuesta.

Recientemente y en polémica con Mauricio Macri, Scioli propuso llevar adelante la agenda del papa Francisco: “Francisco en su paso por América Latina nos dejó un mensaje de las tres T, que son ‘tierra, techo y trabajo’, y que son derechos sagrados”.  Y si la propuesta es seguir la agenda del Papa, malas noticias se vislumbran para las mujeres y las personas con identidades sexo genéricas diversas.

La Iglesia católica ha sido desde siempre protagonista histórica en la negación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en el otorgamiento de cualquier derecho civil que implique un reconocimiento de cualquier identidad sexual y toda forma de vida familiar diferente a la tradicionalmente hegemónica. Es cierto que el nuevo Papa ha impulsado debates que representan una apertura, como el volver a abrir las puertas de la Iglesia a divorciados vueltos a casar, o a quienes siempre las encontraron cerradas, como las parejas de hecho, nuevas familias surgidas de relaciones rotas o hijos adoptados por parejas del mismo sexo.

También se ha expresado por la aceptación al interior de la comunidad católica de las personas de toda orientación sexual e incluso revolucionó las noticias anunciando haberle concedido a los sacerdotes el poder de absolución a quienes hayan incurrido en el pecado del aborto, una acción considerada gravísima y pasible de excomunión.

Sin embargo, estas acciones son progresistas al interior de la Iglesia. Puertas afuera no representan ningún cambio, lo cual es grave, sobre todo porque se trata de una institución que no se limita a pregonar para sus creyentes sino que es un actor político mundial, en nuestro país con un gran poder para obstaculizar derechos legales: cumplimiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la implementación de la ley de Educación Sexual Integral, el cumplimiento del protocolo para la atención de las interrupciones legales de los embarazos, entre otras leyes. Vale recordar, además, la injerencia que la Iglesia tuvo en la reforma del Código Civil, especialmente en el artículo 19 cuya redacción afirma que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno”.

Las posiciones de Francisco no difieren de las de Jorge Bergoglio en su momento. Así como fue ferviente opositor a la ley de matrimonio igualitario, en el mismo sentido apuntó su reciente discurso en la ONU, cuando condenó la promoción “de una colonización ideológica a través de la imposición de modelos y estilos de vida anómalos, extraños a la identidad de los pueblos y, en último término, irresponsables», en una alusión implícita al casamiento homosexual y la transexualidad. También cuando se reunió en secreto con una jueza que estuvo presa por negarse a casar parejas homosexuales y desafió la aplicación de derechos ya consagrados llamando a la objeción de conciencia en casos de matrimonio de parejas del mismo sexo.

Asumir la agenda del Papa Francisco implica asumir las concepciones religiosas que subyacen. Cuando Scioli, entre otras cosas, insiste en que “cuando se ataca a la mujer, se ataca al corazón de la sociedad, que es la familia”, no está ingenuamente defendiendo a las mujeres de situaciones de violencia, está reproduciendo una determinada visión de la familia, que incluso dista mucho de la realidad a partir del casamiento y la adopción por parte de personas del mismo sexo.

Todo ello implica un riesgo enorme en el plano de los derechos a la identidad de género y a los sexuales y reproductivos, tanto en la pérdida de conquistas como en la obtención de derechos postergados, en primer lugar la despenalización y legalización del aborto. Y no porque la Iglesia siga sosteniendo los dogmas y doctrinas que ha asumido históricamente, sino porque continúa entrometiéndose en políticas de Estado y porque existen políticos y firmes candidatos a la presidencia de la nación, como en este caso Daniel Scioli, que se posicionan desde sus convicciones religiosas para no debatir lo que a esta altura ya es inaceptable: la criminalización que todavía perdura en nuestra legislación penal hacia las mujeres que deciden libremente sobre su cuerpo interrumpiendo un embarazo con el que no desean continuar.

Porque en definitiva de ello se trata: estar en contra de la legalización del aborto es estar a favor de que siga siendo un delito pasible de ser penado por la ley y continuar permitiendo que los 500 mil abortos que se realizan anualmente en nuestro país continúen siendo inseguros para la vida de las mujeres.

A pocos días del 30 Encuentro Nacional de Mujeres a realizarse en la ciudad de Mar del Plata, uno de los grandes debates para el movimiento de mujeres será, sin dudas, los enormes desafíos que se abren en la nueva etapa política que comienza.

Más allá de la agenda del Papa, de sus tres T y de las demás letras que le agrega Scioli, cabe preguntar, como lo hicieron las Católicas por el Derecho a Decidir, cuándo los políticos con chances para gobernar la Argentina comprenderán que legalizar el aborto es la única estrategia democrática que permitirá resguardar la libertad de conciencia y la toma de decisiones éticas de las mujeres, en un país respetuoso de los derechos humanos. Tal vez ese día puedan reinar las tres D, deseos, derechos y dignidad para todas las mujeres y las diversidades sexo genéricas.

@MariaPaula_71

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