Fue aprobada en forma definitiva la ley que regula los centros culturales en CABA

Este jueves 1 de octubre, contando con el dictamen favorable de la Comisión de Planeamiento Urbano, la Legislatura porteña aprobó en forma definitiva y por unanimidad la ley destinada a regular a los centros culturales de la ciudad de Buenos Aires. Las modificaciones a la ley vigente flexibilizan los requisitos de habilitación y funcionamiento para los pequeños centros culturales autogestivos.

El 2015 no fue un año sencillo para los centros culturales de la ciudad. La administración macrista se ensañó particularmente con los espacios culturales autogestionarios e independientes, aunque también llegó a clausurar lugares tan mainstream como el Konex.

Frente a esta embestida anticultural de las autoridades de la ciudad, representantes de los centros culturales, artistas y organizaciones políticas volvieron a plantear más fuerte que nunca la necesidad de modificar los aspectos más problemáticos de la ley reguladora de la actividad de los centros culturales (Ley 5420), aprobada en diciembre de 2014.

La ley, propuesta originalmente por el Movimiento de Espacios Culturales y Artisticos (MECA), un colectivo de Centros Culturales, buscaba la aprobación de una legislación más flexible y moderna para estos espacios, pero en un primer momento las presiones de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña habían logrado introducir modificaciones “inaceptables” en el proyecto de ley.

Operando sobre un vacío legal o con estas modificaciones regresivas -que le exigían a los centros culturales funcionar sólo con una habilitación definitiva y no con el inicio del trámite, les prohibía vender comida y bebida, exigía modificaciones estructurales imposibles, etc.- los inspectores de la ciudad se dedicaron durante el 2015 a una verdadera caza de brujas.

El organismo porteño detrás de esta oleada de clausuras fue la cuestionada AGD, sospechada de operar como “caja política” del PRO y objeto de múltiples denuncias de corrupción. La Agencia está encabezada actualmente por Juan José Gómez Centurión, ex combatiente de Malvinas y militar carapintada cercano a Mohamed Alí Seineldín y Aldo Rico, y de cuya dirección de habilitaciones fueran responsables personajes como Martín Farrell y Pablo Saikauskas, procesados por el derrumbe en el boliche Beara en el año 2010.

Después de múltiples reclamos y movilizaciones parece haberse logrado la aprobación de una legislación más progresista. Con 50 votos a favor y ninguna abstención o voto en contra, este jueves la Legislatura porteña realizó cambios en algunos artículos de la ley y la votó definitivamente.

Una de las impulsoras del proyecto, la diputada del Frente para la Victoria Lorena Pokoik, sostuvo que de esta forma se pasa “de las clausuras a la promoción de la cultura”. Luego de considerar que los centros culturales son “espacios de participación ciudadana, de pluraridad y mayor democratización”, agregó: “Lo principal es que venimos a llenar un vacío legal que condenaba a los centros culturales a clausuras arbitrarias por parte del gobierno”.

La nueva normativa define como Centro Cultural, en forma mucho más flexible, al “espacio no convencional y/o experimental y/o multifuncional en el que se realicen manifestaciones artísticas de cualquier tipología, que signifiquen espectáculos, funciones, festivales, bailes, exposiciones, instalaciones y/o muestras con participación directa o tácita de los intérpretes y/o asistentes”.

Las últimas modificaciones a la ley vigente apuntan especialmente a evitar que los pequeños espacios culturales autogestivos sean tratados con los mismos requisitos que los grandes espacios comerciales, por ejemplo evitándoles onerosos e inútiles estudios de impacto ambiental como requisito para la habilitación.

En este marco, los centros se clasificarán de acuerdo a su capacidad de asistentes en cuatro categorías, cada una con su propia forma de evacuación o egreso: Centros clase A, que podrán albergar hasta 150 personas en una superficie no mayor a los 300 metros cuadrados, clase B para los que van de las 151 personas a las 300 y no poseen una superficie mayor a 500 metros cuadrados, los clase C, que van pueden alojar desde 301 a 500 personas en una superficie no mayor a mil metros cuadrados y finalmente los clase D, que admiten más de 501 personas y poseen una superficie mayor a los mil metros cuadrados.

Pablo Ferreyra, legislador de Seamos Libres, consideró acerca de esta votación que “a partir de la sanción de esta ley, los centros culturales porteños que no pertenecen al circuito oficial pueden inscribirse en el registro de usos culturales y obtener la habilitación para salir de la clandestinidad a la que estaban condenados por la regulación vigente”. Luego de considerar que la ley es “una verdadera reivindicación de la cultura popular”, destacó que el principal desafío que queda por delante tiene que ver con lograr que el Poder Ejecutivo porteño implemente la ley en su totalidad.