Cómo incidir en el resultado electoral sin violar la ley

Cuando Daniel Scioli quiso ser candidato a gobernador, la justicia colaboró con sus aspiraciones y adujo que su condición de porteño no constituía un obstáculo, pues la “vecindad geográfica” le permitía “acceder al conocimiento de la realidad social” de la provincia de Buenos Aires.

Dieron los camaristas en aquel momento también otra serie de argumentos igualmente endebles, pero nunca se apartaron de la ley. Lo mismo que María Eugenia Vidal, la vicejefa del gobierno porteño que aspira a convencer a los bonaerenses de que es capaz de gestionar en forma consecutiva dos distritos totalmente disímiles.

Pero a diferencia de los delitos que sirven -o pretender servir- para ganar una elección, en uno y otro caso las pretensiones de los candidatos no constituyeron ilícitos en sentido jurídico. No hubo robo de boletas, ni quema de urnas, ni falsificación de actas.

Caminando sobre la frontera de la legalidad, la política argentina es una usina de casos en los que las normas electorales amparan comportamientos de dudosa rectitud: candidatos que puede ser reelectos hasta la vejez, el anuncio de actos de gobierno a escasas semanas de los comicios, las elecciones provinciales conjuntas cuando conviene el “arrastre” y separadas cuando no, etcétera.

Simultaneidad, sábanas y arrastre

El decreto que promulgó la Ley Nº 15.262 llevó la firma de Arturo Frondizi, presidente en 1959. Allí se invitó con suma cordialidad a las provincias argentinas a adoptar el «Registro Nacional de Electores» para poder realizar sus elecciones provinciales y municipales simultáneamente con las nacionales.

El sistema federal del país garantizado por la Constitución impide la simultaneidad forzada, pero aun así la tradición se aferró fuerte en ciertas provincias que hasta hoy definen su suerte gracias a ello. Sin embargo, tanto para el aspirante a gobernador que pretende que el candidato a presidente lo impulse a la victoria como el aporte que esperan los presidenciables de los diversos distritos, la simultaneidad requiere de un sustento físico: la boleta “sábana”.

Eliminada sólo en unos pocos distritos, la boleta sábana es la táctica más arraigada en la tradición electoral argentina. Tan legal como ancestral, permanece incólume por voluntad de los sucesivos gobiernos nacionales y fuerza algunos casos paradójicos.

En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, el Frente Progresista Cívico y Social llevó a Hermes Binner a la gobernación en 2007 y desde allí nunca menguó su popularidad. Sin embargo, los santafecinos realizan sus elecciones provinciales en fecha independiente y con boleta única –fundamental para evitar el “arrastre”–, lo que mella este año las posibilidades del propio Binner de ser senador: en efecto, al ser la elección de senadores parte de los comicios nacionales de octubre, la votación se hará con boleta “sábana” y no con boleta única. Y al no estar la papeleta del socialista adherida a la de ningún aspirante presidencial, sólo con un fenomenal corte de boleta podría disputarle votos a los candidatos al Senado de Scioli, Macri y Massa.

Aunque quizás ello, por el contrario, esté compensando lo acontecido en 2011 cuando Binner fue candidato a presidente. En aquel año, el santafecino salió segundo detrás de Cristina Kirchner y su arrastre permitió, entre otras cosas, que sorpresivamente accediera al Senado el bonaerense Jaime Linares, una cara desconocida para la mayoría.

Reelección indefinida y ballotage

De las ocho provincias en manos de la oposición al kirchnerismo, en siete de ellas las elecciones a gobernador se realizaron en días distintos a los comicios nacionales. ¿Podría haber ganado el Frente para la Victoria esas gobernaciones si se hubiese votado junto a las elecciones presidenciales? Imposible saberlo, pero el dato no deja de llamar la atención.

Sin embargo, la simultaneidad no es el único recurso para propiciar un resultado en desmedro de otro. Por caso, si bien la reelección indefinida sólo se contempla en cuatro provincias –Formosa, Catamarca, Santa Cruz y San Luis–, sí es llamativo que la posibilidad esté garantizada en los municipios de la provincia de Buenos Aires, la más importante del país.

En efecto, de los 24 distritos que componen el Gran Buenos Aires, en un tercio de ellos sus intendentes atraviesan su tercer mandato consecutivo. Y para mostrar que el fenómeno no es nuevo, hay que decir que el récord no lo tienen ni Raúl Othacehé (Merlo), ni Hugo Curto (Tres de Febrero), ni Julio Pereyra (Florencio Varela) –que llevan actualmente más de 20 años en sus cargos–, sino Enrique García (Vicente López) y Manuel Quindimil (Lanús), que se mantuvieron durante 24 años en el poder.

Pese a ello, a la simultaneidad y a la reelección indefinida se les debe sumar la inexistencia de ballotage como rasgo distintivo del sistema: en los municipios de la provincia de Buenos Aires conviven las tres características, lo que torna muy difícil disputarle el lugar a un intendente oficialista.

Por su parte, aunque sin posibilidad alguna de reelección, el gobernador santafecino Miguel Lifschitz obtuvo en junio pasado el 30,64% de los votos, sobre el 30,56% de Miguel Del Sel y el 29,30% de Omar Perotti. ¿Hubiese ganado el candidato socialista en una hipotética segunda vuelta?

Con ese sistema, por ejemplo, hubiese sido distinta la historia política en Ciudad de Buenos Aires. En 2003, Mauricio Macri ganó en primera vuelta sacándole cuatro puntos de ventaja a Aníbal Ibarra, quien luego torcería el resultado en el ballotage. ¿Pero qué hubiese pasado si, con sistema de única vuelta, Macri se consagraba en 2003? ¿Qué hubiese hecho en 2011 cuando ya no tuviese posibilidad de ser reelecto? ¿Tendría hoy chances de ser presidente?

Lemas y actos de campaña

El mes pasado la Cámara de Apelaciones de Río Gallegos ratificó la constitucionalidad de la ley de lemas santacruceña. Gracias a ello, cada partido puede presentar en las elecciones generales a varios candidatos que no competirán entre sí, sino que sumarán sus votos a favor del mejor posicionado. ¿Ello confunde al elector distorsionando el resultado? Es posible; al menos eso dicen los críticos.

“Su consecuencia conocida –dice el catedrático y vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Dr. Alberto Dalla Vía– es que no necesariamente gana el candidato que sumó más votos (…), con lo que se afecta así gravemente el principio de igualdad del sufragio».

Por su parte, también resulta cuestionable la posibilidad de hacer anuncios de obras y actos de gobierno tan sólo hasta 15 días antes de las elecciones –prohibición que en Brasil es de seis meses y en México de un año, por ejemplo–. Es decir que, para el Código Electoral nacional argentino, un gobernante puede lanzar un plan de viviendas en plena campaña electoral.

Federico Dalponte – @fdalponte