Antena Negra, decomisos y plan técnico: nada es para siempre

El allanamiento realizado sobre el canal comunitario Antena Negra el viernes 4 de septiembre planteó una alerta y dejó en claro la fragilidad que tienen los medios populares ante la no aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

El optimismo de la voluntad

El kirchnerismo planteó y plantea la discusión respecto a la situación de los medios de comunicación populares desde el voluntarismo. Ante el reclamo de legalización y otorgamiento de licencias en el marco de la ley 26.522 se responde que todavía no se puede hasta que Clarín no desinvierta, que esa es la batalla que hay que dar ahora. Y, al mismo tiempo, se sostiene que mientras se mantengan en el gobierno, los medios alternativos no tendrán de que preocuparse porque no hay intenciones de silenciarlos.

Pero el decomiso de los equipos de Antena Negra puso en evidencia que no todo puede depender de la buena voluntad. El reclamo judicial de la empresa Prosegur alcanzó para que un juez diera el visto bueno y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) actuara.

La fragilidad legal de Antena Negra no sólo llevó a que sus equipos fueran secuestrados por la Policía Federal en un operativo que además destruyó, innecesariamente, parte de las instalaciones del canal, sino también a la imputación de uno de sus integrantes.

Esto pone de manifiesto que, si no se aplica plenamente la LSCA, el objetivo de multiplicar las voces y diversificar la palabra que se propuso en un comienzo, puede quedar trunco.

La distribución del espectro: ¿qué onda la AFTIC?

Cabe destacar que el espectro de radiofrecuencia (espacio por el cual se mueven todas las ondas que llegan a diferentes dispositivos como celulares, radios, radares, televisores) es finito. Por eso la importancia de su regulación.

Es el Convenio Internacional de Nairobi (1982), que en nuestro país responde a la Ley Nº 23.478/86, el que refiere y marca la pauta sobre los mecanismos de distribución del espectro para los Servicios de Telecomunicaciones. Allí se establece que la potestad de esta tarea corresponde a los Estados nacionales.

¿Pero qué significa distribuir el espectro? Como señala Analía Martín “se podría decir que, de la misma manera que se divide un terreno en lotes, se divide el espectro de radiofrecuencia”. En ese sentido “si bien una radio (TV, compañía de celulares, etc.) tiene una frecuencia asignada -como si fuera el número de nuestra vivienda- se necesita un espacio entre frecuencias para moverse libremente”.

“Una persona no ocupa 300 metros cuadrados, pero necesita de ese espacio para construir su casa y moverse dentro de ella. Ese espacio es lo que se denomina ‘ancho de banda”, completa Martín.

En nuestro país la distribución del espectro de radiofrecuencia corresponde a la AFTIC. Así, por ejemplo, los celulares usan una parte del espectro que va de 800MHz a 900MHz; los que hacen Radio en FM usan el espectro desde 86MHz a 108MHz, etc.

Aquí es donde aparece el debate en torno a la disputa de Prosegur con Antena Negra. Las comunicaciones de la empresa de transporte de caudales con la Policía Federal se encuentran ocupando la señal 20 del sistema de Televisión Digital Abierta (TDA). Este espacio en el espectro fue asignado por el decreto presidencial 2456/14 exclusivamente a la TDA por lo que resulta ilegal su utilización para otros fines.

En ese sentido la decisión judicial de dar la razón a Prosegur no tiene razón de ser y, por el contrario, debería ser la empresa la sancionada por ocupar una frecuencia que no le corresponde.

¿Y el AFSCA? El debate del Plan Técnico y las licencias

Así como la AFTIC es responsable de la división de la totalidad del espectro, a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) le corresponde la distribución interna dentro del especio destinado a radiodifusión.

De acuerdo a la LSCA esto debe hacerse mediante la implementación y desarrollo del Plan Técnico. El mismo supone, justamente, una propuesta que organiza el espectro en función de las disponibilidades técnicas.

Allí se definen las categorías (alcance de cada medio) y las cantidades de esas categorías, administrando el espectro según el territorio. En concreto implica “evaluar cuántos canales va a haber; la clase de canales según territorio, sus categorías; y la consecuente definición de usuarios según categorías y territorio”, explica Martín.

La elaboración del Plan Técnico resulta imperiosa en tanto que, si no se conoce la cantidad de licencias a otorgar en determinado territorio, nunca se podrá aplicar con certeza la distribución del espectro de acuerdo a lo establecido por la Ley 26.522. Es decir, nunca podremos tener dimensión de si se cumple o no con el 33% que debe otorgarse a los medios sin fines de lucro entre los que se encuentra, por ejemplo, Antena Negra.

Los medios en busca de la legalización

Indiscutiblemente el decomiso de los equipos es repudiable, así como la decisión judicial que no se ajusta a la legislación vigente y el accionar de la AFTIC.

Ahora bien, hay otro debate que surgió a partir del comunicado difundido al respecto por el AFSCA sobre la legalidad de Antena Negra y tiene que ver con la realización efectiva de concursos para TDA a los cuales el canal comunitario no se presentó. Este es uno de los argumentos de la entidad dirigida por Martín Sabbatella para explicar su imposibilidad de intervenir en el conflicto, más allá de su voluntad -expresada en el mismo texto- de que el canal siga funcionando.

El argumento de Antena Negra es que no se abrieron los concursos para la categoría “Licenciatario Operador de Medios sin fin de lucro, con cobertura en toda Capital Federal” que es la que ellos pretenden. No obstante si se abrió la posibilidad de licitar para emisoras que transmitan a 10 kilómetros a la redonda (lo que supone prácticamente toda la Ciudad de Buenos Aires) a los cuales se ha presentado, entre otros, Barricada TV.

Este es un debate que atraviesa a los medios populares ya que, más allá de la necesidad de la aplicación plena de la ley (una exigencia compartida), aprovechar los espacios que se abren para lograr la legalidad resulta fundamental de cara al cambio de etapa política que se avecina en el país.

El allanamiento del viernes 4 de septiembre lo deja clarísimo.

Santiago Mayor – @SantiMayor