Paz fronteriza

El cierre de la frontera colombo venezolana se extendió luego de que este martes el presidente Nicolás Maduro anunciara que tampoco se podrá transitar por el paso fronterizo de Alta Guajira.

Desde mediados de agosto el Gobierno de Venezuela ha decretado el estado de excepción en la Región Andina, limítrofe con Colombia. Este conflicto remite a una larga historia, que antecede a la llegada de Hugo Chávez a la presidencia.

El gobierno venezolano continúa resaltando que la medida busca el reordenamiento de la frontera sin paramilitarismo, violencia y contrabando, con la consigna intransigente de construir una frontera de paz.

Por su parte la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) anunciaron este jueves que las cancillerías de Venezuela y Colombia han aceptado la invitación a un diálogo el próximo 12 de septiembre a fin de tratar la situación de la frontera entre ambos países.

A partir de la determinación de la responsabilidad de grupos paramilitares en un ataque contra funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el 21 de agosto, el Ejecutivo decretó el estado de excepción por 60 días en cinco municipios del fronterizo estado Táchira. Después del cierre de la frontera, se desplegó la Operación Liberación del Pueblo (OLP); el 29 de agosto el presidente Nicolás Maduro decretó el estado de excepción en cuatro municipios más y el 8 de septiembre Venezuela cerró también el paso fronterizo de Alta Guajira.

A partir del cierre de frontera, Venezuela ha incautado miles de toneladas de alimentos, también medicinas, repuestos de vehículos, gasolina y diesel escondidos en casas, almacenes y bajo tierra; ha detenido a más de 30 paramilitares; y ha ejecutado la repatriación de más de mil indocumentados.
Asimismo, las autoridades venezolanas que han recorrido la frontera, denuncian que han desarticulado casas de prostitución y secuestro y han encontrado municiones de guerra y artefactos explosivos.

De larga data

El contrabando comienza en años anteriores a la llegada de Hugo Chávez a la presidencia. Una de las razones primordiales surge de la relación asimétrica entre el valor del bolívar y el peso colombiano y el precio de la gasolina venezolana dentro de su territorio. Esto se vio acrecentado en los últimos años por las políticas del Estado venezolano de regulación de precios, donde las mafias contrabandistas han aprovechado la diferencia existente entre los precios subsidiados y los precios que representa adquirir los mismos productos en Colombia. La comercialización ilegal de los productos de la canasta básica, deja ganancias de hasta el 600% y la gasolina del 27000%.

Venezuela enfrenta una guerra económica que se caracteriza por el contrabando, el acaparamiento, la especulación y lo que llaman “el bachaqueo”. Ésta es una práctica de contrabando que consiste en adquirir productos regulados para venderlos con sobreprecio. Se estima que gran parte de los alimentos de primera necesidad se pierden en el comercio ilegal.

El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que el “bachaqueo” lo instalaron en la frontera, “de las mafias colombianas, de Maicao, Cúcuta, y luego la derecha lo nacionalizó″. A su vez, señaló al ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, como responsable del paramilitarismo y reveló un video de José Pérez Venta que relaciona asesinatos en Venezuela con paramilitares de la frontera.

Bajo la lupa internacional

El 21 de agosto se realizó el primer encuentro entre las cancillerías de Colombia y Venezuela en Costa Rica para hablar del tema fronterizo. Un día después, el presidente venezolano llamó a los cancilleres de ambas naciones a pautar una próxima, que finalmente se desarrolló el 26 de agosto en Cartagena de Indias, donde Venezuela pidió al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, contribuir con la paz en la frontera.

El 28 de agosto, los pueblos de Venezuela y Colombia marcharon en la ciudad de Caracas, en defensa del estado de excepción contra el paramilitarismo.

Mientras Venezuela proponía solucionar los problemas entra ambos países a través de la diplomacia, el embajador colombiano, Andrés González Díaz, solicitaba ante la Organización de Estados Americanos (OEA), convocar una reunión con los cancilleres que la conforman, con el objetivo de debatir sobre una posible solución a la situación limítrofe.

Sin embargo, la delegación colombiana no alcanzó los puntos necesarios para convocar esta reunión, ya que fue rechazada por Ecuador, Haití, Nicaragua, Bolivia y Venezuela; contó con 11 abstenciones de Granada, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Belice, Brasil y Argentina; y fue respaldada por Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Bahamas, Uruguay, Barbados, Canadá, Chile y Colombia.

Previamente, el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton Matos, reiteró que Venezuela brinda refugio a los colombianos y sostuvo que las políticas del gobierno venezolano aseguran garantías sociales a más de cinco millones de colombianos que viven actualmente en su país.

Posteriormente, los cancilleres de Brasil y Argentina se reunieron con Colombia para abordar el tema, culminando en el anuncio del día jueves por parte del ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, quien confirmó que el próximo sábado 12 de septiembre se pautó una reunión entre las cancilleres, Delcy Rodríguez de Venezuela y la colombiana María Ángela Holguín.

Patiño señaló que “los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y el de Colombia, Juan Manuel Santos, han aceptado la invitación de la Presidencia de la Unasur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para iniciar un diálogo entre sus cancilleres a fin de tratar los temas fronterizos”.

Leticia Labaké, desde Caracas – @letilabake