Nacionales

9 septiembre, 2015

Paolo Menghini: «El poder político nos quiso cooptar»

Luego de que el día lunes expusieran la querella 1 y 2, este martes lo hizo la que representa -entre otros- a los familiares de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la Tragedia de Once. Los abogados pidieron 15 años de prisión para los ex funcionarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y 18 para Sergio Cirigliano.

Luego de que el día lunes expusieran la querella 1 y 2, este martes lo hizo la que representa -entre otros- a los familiares de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la Tragedia de Once. Los abogados pidieron 15 años de prisión para los ex funcionarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y 18 para Sergio Cirigliano.

A diferencia de los abogados Jesús García y Javier Moral que expusieron el lunes y pidieron solo condenar al maquinista Marcos Córdoba, la querella número 3 apuntó contra los funcionarios y los hermanos Cirigliano quiénes tenían a cargo la concesión del Tren Sarmiento al momento de la tragedia.

Paolo Menghini, padre de Lucas, dialogó con Radio Sur y expuso su mirada del juicio, las responsabilidades y el peligro de que no se analice la tragedia a partir del entramado de corrupción que no empezó el 22 de febrero de 2012.

– ¿Cuál es el planteo que hicieron ustedes de cara a los alegatos de este juicio?

– Vinimos a plantear nuestra verdad que es lo que consideramos probado a lo largo de estas audiencias: la responsabilidad de los funcionarios y de los empresarios.

– ¿Y el maquinista Marcos Córdoba?

– Córdoba es el último eslabón de una gran cadena. Si fue responsable que la justicia lo condene. Ahora quedarnos solamente con Córdoba o empezar por Córdoba es analizar de atrás para adelante y la verdad es que la Tragedia de Once se entiende por un contexto que empezó muchos años antes.

Consta en las denuncias de los trabajadores, de los usuarios. Además de los motivos que llevaron a este gobierno a sacarle la concesión. Entonces, como está absolutamente probado el abandono del sistema, esto termina el 22 de febrero pero no empieza ese día.

Por eso empezar por donde termina es un error. Nosotros analizamos desde el momento histórico en que los Cirigliano y Jaime empiezan el desguace del tren Sarmiento. Con el hecho de hacer humo 2800 millones de pesos en subsidios.

– ¿Por qué no hubo acuerdo entre todas las querellas para presentar esta visión que ustedes plantean y otros abogados apuntaron solo al maquinista?

– Las querellas que hablaron el lunes no representan a ninguno de los familiares de este grupo. Cada uno sabrá por qué elige determinada línea procesal y por qué la querella 1 empezó pidiendo que se procese a la presidenta Cristina Fernández y termina responsabilizando solo a Marcos Córdoba.

La verdad yo no tengo respuestas para eso porque no hemos tenido ningún tipo de coincidencia ni con sus métodos, ni con sus formas, ni sus maneras de encarar la causa.

Pero si se que lo único que espero es que esas querellas hayan sido respetuosas del deseo de sus clientes. Después, ellos son abogados, mañana cambian de causa y se olvidaron de todo. Pero los familiares no. Por eso, por los familiares que ellos representan, espero que hayan sido respetuosos.

En mi caso es mi hermano mi abogado así que yo se el nivel de compromiso que hay. Pero el resto de los abogados que no son familiares también han ido en consonancia con lo que hemos dicho públicamente y hemos demostrado en este juicio oral: la responsabilidad empezó mucho antes.

La responsabilidad del funcionario y el empresario es cuidar la vida de la gente, del laburante, del que se sube al transporte público. El que abandona al usuario, el que deja que se derrumbe un servicio esencial como el tren y termina con la muerte de 52 inocentes no puede quedar impune.

Este país está harto de impunidad. La única manera de tener un país en serio y sano es que eso no suceda. Demostrar que no es lo mismo ser honesto que no serlo. Que no es lo mismo ser funcionario público honesto que no serlo.

Después eso no tiene nada que ver con como se piensa el país. La honestidad no tiene que ver con una cuestión de como se piensa el futuro. Tiene que ver con que el funcionario público sea consecuente con el servicio al prójimo que es inherente a su función.

Cuando uno ve en eso la posibilidad de enriquecimiento y encima genera muertes tiene que ser condenado. No queda otra.

– Vos sostenés lo que venías diciendo desde un principio que es que hay que juzgar a todos ¿en algún momento alguien trató de convencerte de cambiar tu postura como hicieron otras querellas?

– El poder político nos quiso cooptar. El ministro Florencio Randazzo me llamó cinco veces para que nos juntásemos con él para explicarnos su proyecto de cambio ferroviario. Y yo un día le dije «mire ministro, usted representa a un gobierno que tiene cinco procesados en una causa en la que se investiga la responsabilidad sobre la muerte de mi hijo. Yo no tengo nada que hacer con ustedes, no me llamen más, no me interesa».

Esa fue la última vez que el poder quiso que nos sentáramos en el mismo escritorio con ellos.

Obviamente no negociamos, no nos vendemos. La vida de mi hijo y de los otros 51 no tiene precio. No hay poder que pueda seducir a este grupo. La vida nuestra está guiada por esta lucha. Nosotros llegamos en colectivo y caminando, ellos llegan con sus autos con choferes y entran por el estacionamiento.

Hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. No hay forma de que eso se licue. Estamos en la calle junto a la gente que nos apoya desde el primer día y por eso seguiremos.

– ¿Cuál es la operativa que ustedes denunciaron respecto a este entramado de corrupción para solicitar las penas contra los empresarios y funcionarios?

– Básicamente por un lado el gobierno giró 2800 millones de pesos en concepto de subsidios a los Cirigliano. Ellos dicen que se los gastaron en sueldos. Lo que está demostrado es que ese dinero fue licuado en distintas empresas del grupo que estaban a nombre de sus gerentes.

Es decir, el Estado giraba la plata, había facturas de empresas fantasmas que eran de los propios Cirigliano y esos 2800 milllones de pesos se hicieron humo. Pagando entre otras cosas tarjetas de crédito corporativas donde hay gastos absurdos como compras de muebles en el exterior o vinos o la obra social de la hermana de los Cirigliano, entre otras cosas.

Además cajonearon todas las multas que hubieran permitido sacarle la concesión. Eso está absolutamente demostrado también. Como contrapartida Jaime recibió cantidades de dádivas por las cuales está multiprocesado ya que no puede justificar nada de lo que tiene.

Por otra parte el Estado le pagaba a su empresa -de los Cirigliano- Emfer para arreglar los trenes.

Entonces les giraban plata para el mantenimiento, ellos la licuaban, la mandaban a otro lado, en su empresa Emfer se suponía que arreglaban los trenes y el Estado encima les pagaba por ese arreglo que no hacían con la plata de los subsidios.

Una cosa que aunque parezca absurda, pasó a la vista de los funcionarios de gobierno que evitaron controlarlo. Ese entramado generó día por día la podredumbre de los vagones, el abandono de las vías, de los usuarios y así se termina generando la tragedia.

Entonces volvemos al principio: si Marcos Córdoba no frenó, que lo condenen. Ahora como se puede olvidar semejante entramado de corrupción que se generó durante años.

Foto: Nicolás Stulberg

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