Nacionales

9 septiembre, 2015

Detrás del debate sobre las acciones societarias del Estado

El proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo pretende resguardar los fondos de ANSES y evitar la dilapidación del patrimonio estatal. A raíz de ello, el debate que emerge incluye la conformación de mayorías agravadas y la protección constitucional de la propiedad.

Quizás en su último acto de iniciativa política, y como quien es conciente de la incertidumbre que se aproxima, el gobierno de Cristina Fernández puso en discusión la disponibilidad del patrimonio del Estado que administrará hasta el 10 de diciembre.

Con el objeto de prohibir la transferencia de las participaciones accionarias donde el Estado sea socio minoritario, el proyecto remitido al Senado dispone que ello sólo será posible con el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros del Congreso. Es decir, 48 senadores y 172 diputados; lo mismo que para posibilitar la reforma de la Constitución.

Sin embargo, al margen de las posturas ideológicas en torno al rol del Estado en la economía, lo cierto es que allí reside la centralidad del debate: cómo impedir que el patrimonio adquirido en un determinado momento histórico sea luego vendido por la administración siguiente.

Lo que ya pasó

Cuando en 1973 se sancionó la creación de la «Corporación de Empresas Nacionales», el objetivo del presidente Juan Domingo Perón fue unificar la conducción de todas las compañías controladas por el Estado bajo la órbita del Ministerio de Economía. Esto, que parecía constituir un fin meramente administrativo, buscaba además dotar al Poder Ejecutivo de una herramienta económica capaz de salvaguardar el interés público de su patrimonio.

Pese a ello, la fuerza imperativa de la referida norma no impidió que cinco años después, mediante un decreto-ley firmado por el dictador Jorge Videla, se disolviera la Corporación “a fin de lograr su privatización o su liquidación”.

Y el efecto privatizador fue consumado, ya en democracia, por el ex presidente Carlos Menem, al que también le bastó sólo una ley para poner en jaque a la totalidad de los bienes de dominio público. En rigor, la Ley Nº 23.696 de «Reforma del Estado» declaró en estado de emergencia a absolutamente todo: la prestación de servicios públicos, los contratos a cargo del sector público, la administración centralizada y descentralizada, las empresas estatales, las participaciones societarias minoritarias, las entidades autárquicas, etcétera.

Ese 17 de agosto de 1989, la sanción de la ley que llevó la firma de Alberto Pierri y Eduardo Duhalde inició el debate que, paradójicamente, el gobierno de Cristina Fernández retoma ahora, dos décadas después.

La sustentabilidad del Estado

En un altercado del que dio cuenta el periodista Ezequiel Rudman para Ámbito Financiero, el jefe de gabinete Aníbal Fernández sostuvo que el proyecto enviado por la presidenta requería para su sanción el voto afirmativo de las dos terceras partes del Congreso, algo que fue rebatido por el senador Miguel Ángel Pichetto.

La postura de Fernández se basa en que resulta ilógico que se requiera una mayoría agravada para vender acciones del Estado si la norma que lo exige no fue sancionada con una mayoría igual. En efecto, bajo la interpretación de Pichetto, si un nuevo gobierno pretendiese vender las participaciones societarias, sería absurdo esforzarse en alcanzar los dos tercios de los votos; para ello le convendría directamente derogar la norma con la tradicional mayoría: la mitad más uno de los legisladores presentes.

El razonamiento del jefe de la bancada oficialista, por el contrario, se basa en la historia reciente: la Ley Nº 26.741, que recuperó para el Estado el control de YPF, fue aprobada sólo con mayoría absoluta de los presentes, pero exigió para una venta futura el aval de los dos tercios del Congreso.

Lo que pareciera una minucia formal, obliga sin embargo a repasar lo sucedido en los últimos años. En 2006, Néstor Kirchner firmó un decreto –luego avalado por el Congreso– en el que dispuso que las acciones del Estado en la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) serían intransferibles. En igual sentido, el artículo 9º de la ley que declaró el rescate de Aerolíneas Argentinas dispuso que el Estado jamás cedería la mayoría accionaria ni la administración de la empresa.

Y finalmente, el denominado «Fondo de garantía de sustentabilidad», reserva del sistema provisional constituido, entre otros, por los activos invertidos en empresas privadas, fue creado en 2007 mediante un simple decreto. Por lo que, incluso si un eventual nuevo gobierno no pudiera derogar por ley el proyecto que por estos días debate el Senado, le bastaría con firmar un decreto para alterar la composición o el destino de dicho «Fondo de garantía».

Las posibilidades a futuro

El artículo 17º de la Constitución Nacional protege de manera enfática la propiedad privada y exige una ley especial –con su correspondiente pago de una indemnización– para cada expropiación que se pretenda. Pero no resguarda así a los bienes de dominio público.

Al igual que el proyecto del oficialismo, exige el texto fundamental el aval de las dos terceras partes del Congreso para declarar la necesidad de su reforma y también para modificar la jerarquía constitucional de un tratado internacional de derechos humanos, pero lo cierto es que el mecanismo es excepcional.

Sin embargo, el debate sobre las acciones del Estado en las empresas con participación minoritaria, sancionándose incluso con mayoría agravada, quizás sea la mejor puerta para analizar la necesidad de defender el patrimonio público con el mismo énfasis con el que la Constitución resguarda la propiedad privada.

En cualquier caso, la historia dio muestras, en 1978 y en 1989, de que gran parte del patrimonio estatal, adquirido en base a leyes y decretos, puede quedar a un paso de su venta con poco esfuerzo de por medio.

Federico Dalponte – @fdalponte

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