La reforma laboral y el legado de la dictadura en Chile

El gobierno de Chile envió al Congreso el proyecto de ley que “moderniza las relaciones laborales”. Sindicado como el cuarto pilar de reformas de la Nueva Mayoría (la educacional, tributaria y constitucional son las otras), la Reforma Laboral vendría a modificar el Plan Laboral elaborado en 1979 por la dictadura militar, que se mantuvo sin grandes modificaciones todos estos años. Pero lejos de un cambio sustancial, movimientos sindicales y académicos critican el actual proyecto, que no hace más que consolidar el legado dictatorial.

El Plan de 1979 fue elaborado por José Piñera, hermano del ex presidente, y tenía cuatro ejes principales: negociación colectiva a nivel de empresa, reemplazo de trabajadores en huelga (es decir, huelga que no paraliza), existencia de sindicatos y grupos negociadores paralelos dentro de una misma empresa y la despolitización sindical (función del sindicato restringida exclusivamente a lo concerniente a la empresa).

Desde el retorno a la democracia en 1990 que el Plan de Piñera no sufrió modificaciones sustanciales. Ni para los sucesivos gobiernos de la Concertación ni para el de Sebastián Piñera fue tema de discusión.

Por se había generado expectativa ante la promesa de la Nueva Mayoría (Concertación más el Partido Comunista) de modernizar las relaciones laborales. Sin embargo, la realidad hizo aterrizar la esperanza.

Desde el anuncio del proyecto los sectores empresariales y la derecha política han presionado para moderarlo. La crisis económica y el supuesto aumento de desempleo que traerían las modificaciones son sus principales argumentos.

Los niveles de desigualdad presentes hoy en Chile son datos omitidos en el debate. Actualmente, 3 de cada 4 trabajadores chilenos ganan menos de 400 mil pesos (ocho mil pesos argentinos); el 14,2% está sindicalizado y solo el 8,4% negocia colectivamente en una huelga con reemplazo; más de diez millones de personas están endeudadas y 3,4 millones se encuentran morosas; el 1% concentra el 31% de la riqueza del país y el 0,1% el 17%. En otras palabras, las 1780 personas más ricas de Chile tienen un ingreso de 460 millones de pesos chilenos (9.200.000 pesos argentinos) per cápita.

El gobierno pasa por una nueva etapa del ambiguo “realismo sin renuncia”, mediante el cual la propia presidenta Bachelet reconoció que la crisis económica no les permitirá hacer todas las reformas prometidas. Aunque las cifras económicas son menores que las esperadas -crecimiento en torno al 2,5% del PIB- son bastante mejores que en el resto de la región, donde el promedio de crecimiento es por debajo del 1%.

Esta nueva etapa del gobierno está marcada también por la entrada en el gabinete de los sectores “concertacionistas”, que desplazaron a la camada joven de la Nueva Mayoría. Así llegó, por ejemplo, Rodrigo Valdés al ministerio de Hacienda. Ex economista del FMI, Valdés tomó el control de la reforma laboral y se ha encargado de entregarle señales de tranquilidad al empresariado.

El proyecto, si bien termina con el reemplazo en huelga, determina que los propios sindicatos deben establecer servicios mínimos para garantizar el funcionamiento de la empresa. Además descarta por completo la posibilidad de una negociación por rama, manteniendo las relaciones laborales solo al interior de cada empresa.

Otro de los aspectos polémicos son los “pactos de adaptabilidad”, que en rigor permitiría a la patronal pactar jornadas excepcionales de trabajo en una negociación colectiva con un sindicato que represente al 30% de los trabajadores. También se amenaza con castigar a los dirigentes “que abusen de sus derechos sindicales”, no deroga la norma que establece la huelga como delito en la Ley de Seguridad del Estado y no reconoce el derecho a huelga de los trabajadores de las empresas “estratégicas”.

El proyecto deja afuera a más del 80% de los y las trabajadoras que no se encuentran al amparo de ningún sindicato.

Actualmente la reforma laboral se encuentra esperando la aprobación del Senado y las posibilidades de que se modere aún más son altas: lo mismo pasó cuando la reforma tributaria llegó al Parlamento. La presión del empresariado, la derecha y la Democracia Cristiana (partido de gobierno que se ha opuesto constantemente a las reformas) fue tan grande que el Ejecutivo decidió aligerar los cambios.

Cuando José Piñera formuló el Plan Laboral de 1979, señaló explícitamente que la negociación colectiva no era para distribuir el ingreso. Actualmente los países con mejor distribución de ingreso en el mundo tienen negociación colectiva por rama, sindicada como herramienta concreta para combatir la desigualdad. “Los trabajadores chilenos no están preparados”, fue la justificación del ministro Valdés a porqué no se debate su inclusión.

Cuando Chile volvió a la democracia, el presidente Patricio Aylwin dijo que habría justicia “en la medida de lo posible”. La frase marcó la transición neoliberal chilena, con la Concertación administrando el modelo heredado de la dictadura.

Y ahora parece repetirse: las reformas también son en la medida de lo posible.

Francisco Parra