Detenciones y denuncia de razzia policial en Córdoba

La policía de Córdoba quedó en el centro de la polémica tras llevar adelante 32 detenciones a jóvenes de entre 14 y 17 años en la madrugada del domingo 6 de septiembre a la salida del boliche-matiné Nikky. Defendido por las fuerzas de seguridad como un operativo cerrojo, organizaciones sociales denunciaron que se trató de una razzia contra chicos de Villa Libertador.

La situación generada durante el fin de semana provocó la movilización de los familiares de los jóvenes detenidos, exigiendo la liberación de los mismos. La decisión quedó en manos de la jueza Liliana Merlo, del Juzgado Penal Juvenil de 6ta Nominación. Entre los detenidos figuran tres mayores de edad, que quedaron apresados bajo la figura de robo reiterado y un menor, imputado como partícipe de estos actos.

“Son detenciones arbitrarias. La mayoría de los chicos esperaban los colectivos en la zona para regresar a sus casas”, indicó uno de los familiares de los detenidos y agregó que la forma de proceder de la policía fue totalmente irregular y violenta, recibiendo los jóvenes todo tipo de agresiones.

“De los 35 chicos, 30 no tienen ni antecedentes, que son los que liberaron anoche pero que ahora tienen una causa”, afirmó otro de los familiares, en relación a la causa por robo calificado que el juzgado les abrió a todos los detenidos.

Por otra parte los familiares indicaron que los jóvenes «estuvieron ilegalmente detenidos en la Central de Policía, sin comida, sin agua y sin contacto con sus padres”, a la vez que denunciaron que la comisaria no estaba habilitada como lugar para alojarlos.

Desde el Encuentro de Organizaciones de Córdoba sostuvieron en un comunicado: “Estamos cansados de esta inseguridad policial que mantiene a nuestros/as hijos/as rehenes de su arbitrariedad. Nuestros hijos no son objetos para la propaganda y el espectáculo policial ¡Basta de razzias!”.

Ante las críticas levantadas por el accionar policial, el fiscal que ordenó el operativo indicó que no se trató de ninguna razzia, mientras el comisario que participó de las detenciones, Fabián Chirichián, sostuvo que las mismas se debieron a robos denunciados en la zona, que fueron realizados por una “turba que iba sustrayendo distintos elementos”, según consignó en declaraciones a medios periodísticos.

El accionar de la policía cordobesa se desarrolló tras una semana en la cual las noticia sobre delitos e inseguridad ganaron trascendencia, y donde el accionar de la fuerzas de seguridad se ampara en el Código de Faltas y una legislación provincial que pena el merodeo y utiliza eufemismos como “resistencia a la autoridad” para detener a jóvenes de barrios populares.

La situación en la provincia mediterránea dista de ser novedosa. En mayo último un operativo policial similar, en el cual se emplearon cerca de 1500 efectivos y tuvo por objetivo una “saturación territorial”, según lo definió la propia policía, terminó con la detención de alrededor de cien jóvenes, todos ellos provenientes de barrios populares.

En aquella oportunidad, en días posteriores a las masivas detenciones, miles de personas se manifestaron por el centro de la ciudad de Córdoba contra este accionar de las fuerzas de seguridad, reclamando la salida del titular de la policía local, Julio Cesar Suarez y la derogación del Código de Faltas. Entre las consignas también se incluyó el pedido de justicia por los casos de gatillo fácil.

Estas detenciones fueron defendidas desde el gobierno de José Manuel De la Sota, quien indicó en aquel entonces que “siempre ocurren estos temas, si la Policía no procede obedeciendo órdenes de la Justicia, se quejan porque crece la inseguridad; y si la Policía obedeciendo órdenes de la Justicia detiene a personas que tienen captura recomendada por delitos que están siendo investigados o que han cometido y han logrado eludir la acción de la Justicia, siempre hay algún un grupo ligado a estas personas que protesta”.

El ex candidato a presidente por el espacio UNA había agregado que la policía de Córdoba es la más garantista, existiendo incluso una policía que depende del poder judicial.