Tandil: Se aprobó la adhesión a la Ley provincial de Acceso Justo al Hábitat

El 27 de agosto en la ciudad de Tandil el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la adhesión plena a la ley Provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. Durante la jornada las instalaciones municipales se vieron colmadas por miembros de distintas organizaciones que se hicieron presentes con bombos y banderas como forma de festejo, los mismos bombos con los que se logró que se suspendan las dos sesiones anteriores ante la negativa a aprobar la adhesión.

Fueron parte de la concentración la Agrupación 1° de Octubre, la CTA de los trabajadores, la comisión Procrear, los vecinos de Villa Cordobita, la Unidad Socialista por la Victoria y el Movimiento Popular Patria Grande.

Griselda Altamirano, referenta de la Agrupación 1° de Octubre, sostuvo ante los medios que “a partir de la adhesión esto recién comienza, no es que termina acá, sino que con este marco legal todas las organizaciones vamos a llenar este Concejo Deliberante de proyectos para atender las cosas que ellos no atienden por decisión política, como son los barrios de la periferia, la generación de suelo urbano, el freno a la especulación inmobiliaria y poder llevar los servicios que nos están negando”. Y añadió: “Esta es la primera de tantas otras batallas que vamos a tener que librar todas las organizaciones unidas”.

Por su parte Ariel Copes de la Comisión Procrear de Tandil subaryó que “no solamente se votó para decir bueno nos sacamos un peso de encima y los bombos de adentro de la municipalidad» y coincidió con Altamirano que «esto recién comienza, hay que implementarla, porque hay que empezar a darle ejecución a todos esos artículos”.

¿En que consiste la Ley n° 14.449 de Acceso Justo al Hábitat?

Esta legislación se propone dar respuesta a los distintos aspectos vinculados a la problemática de la tierra y la vivienda a fin de resolver el déficit urbano habitacional. Se plantea como principios rectores: el derecho a la ciudad y a la vivienda; la función social de la propiedad; la gestión democrática de la ciudad y el reparto equitativo de cargas y beneficios (art. 10 de la ley).

En sus fundamentos menciona que “en los últimos años, y más allá del esfuerzo estatal, ha aumentado el déficit de suelo urbano y viviendas para sectores sociales medios y bajos. Asimismo se ha acrecentado y densificado la población que habita en villas y asentamientos. Por otra parte se ha producido una fuerte concentración de la renta urbana que se materializa a través de la realización de prácticas especulativas por parte de los desarrolladores y propietarios, lo cual da como resultado una gran cantidad de inmuebles deshabitados y terrenos baldíos aptos para ser edificados pero que se encuentran retenidos a la espera del aumento del valor del suelo”.

No se ha podido lograr la realización plena del derecho a la tierra y la vivienda digna, ya que la oferta de dichos bienes fundamentales opera casi exclusivamente con la lógica del mercado.

A partir de ese diagnóstico, se plantea que corresponde al Municipio y a otras autoridades competentes, según el artículo 8 de la ley, garantizar acciones direccionadas a: “Proveer suelo urbanizable en centros urbanos y zonas rurales; desarrollar nuevas áreas residenciales en centros urbanos o en asentamientos rurales, mediante la construcción de conjuntos de viviendas o urbanísticos completos o de desarrollo progresivo que cuenten con la infraestructura y los servicios, las reservas de equipamiento comunitario y espacios verdes; ejecutar proyectos de integración socio urbanística de villas y asentamientos precarios; impulsar programas de construcción, autoconstrucción, reparación, remodelación o ampliación de viviendas tanto urbanas como rurales; promover la recuperación, rehabilitación o re funcionalización de edificios y sectores urbanos residenciales en proceso de degradación, preservando el valor del patrimonio histórico y social; ejecutar la construcción, ampliación y/o mejoramiento de servicios de infraestructura básicos, de equipamientos comunitarios y/o de espacios públicos recreativos; asegurar, en coordinación con la Escribanía General de Gobierno, la regularización dominial y la gestión escrituraria de los inmuebles construidos con el fin de permitir el acceso al título de propiedad y su constitución como bien de familia y atender la refuncionalización, rehabilitación y adecuación normativa de inmuebles fiscales aptos para finalidades de uso social y colectivo, en particular la provisión de suelo fiscal a los fines de su incorporación al Programa Pro.Cre.Ar.».

Al respecto Juan Arrizabalaga, del Movimiento Popular Patria Grande y candidato a intendente en las próximas elecciones de octubre, explicó que a partir de la aprobación de esta ley “en Tandil ya no se puede decir que el problema de la planificación urbana, del suelo y de la vivienda es un problema de mercado y de demanda, sino que es un problema de la política del Estado. Las organizaciones sociales tienen que jugar un rol protagónico y de ahora en adelante hay que trabajar fuerte. En Tandil falta suelo, está contado, no hay vuelta”.

La “producción de suelo urbano”

La ley 14.449 apunta a brindar al Estado herramientas legales para intervenir en lo que se llama la “producción del suelo”, esto es, generar lugares nuevos o que estén ociosos que sirvan para disminuir el número de personas con problemas habitacionales.

“En Tandil hay que crear suelo urbano y adjudicar tierras, hay mucha necesidad y el Estado tiene que jugar una política clara hacia dónde va a seguir creciendo la ciudad, que ya no puede ser hacia la sierra, ni en los edificios, ni densificando la ciudad, ni puede ser en función del negocio inmobiliario, sino que tiene que ser en función del acceso justo al hábitat como dice la ley”, reiteró Arrizabalaga.

Otro punto importante de esta legislación provincial es el rol que se le da a la sociedad civil en la problemática, planteando entre sus lineamientos generales el “fomento de la participación permanente de la población y de las asociaciones representativas de los diferentes sectores de la comunidad tanto en las etapas de formulación y de ejecución, como en las de evaluación y seguimiento”. Esto permitiría que las organizaciones que vienen desarrollando trabajo en relación a la temática y que se movilizaron al municipio, tengan una herramienta legal que permita su participación de manera más directa.

Altamirano anunció a los medios que se realizarán plenarios de todas las organizaciones para impulsar proyectos inspirados en la normativa provincial. Estimó que el Ejecutivo “no va a avanzar si no es con presión. Dos sesiones suspendidas y una tercera con bombos y organizaciones son solo el inicio de la lucha por la tierra”.

Natacha Milazzo, desde Tandil – @chachi_milazzo