Persecución a trabajadores municipales en Corrientes

Durante la última semana de agosto, en la localidad de San Luis del Palmar, situada a 30 kilometros de Corrientes capital, fueron despedidos varios trabajadores que desempeñaban tareas en la Oficina de Control Urbano.

Desde el año 2013, el departamento es gobernado por el Partido Justicialista, bajo la conducción de Ricardo Valenzuela. En la dirección de Tránsito y Transporte, que administra Eduardo Soto, referente de la agrupación Kolina, se encuentra la planta más numerosa del municipio, siguiendo a la de obras públicas. Los trabajadores de la misma cuentan con tres modalidades de contrato: planta permanente, contratado y en negro. El sueldo de los últimos es de 2355 pesos y, a pesar de ser un monto muy bajo, corresponde a uno de los más altos del municipio.

A los bajos salarios, las condiciones de trabajo precarias y la ausencia de seguro social se suman a la falta de estabilidad laboral y la utilización de los trabajadores por fuera de sus funciones como por ejemplo la obligatoriedad de participar en actividades partidarias de campaña. Y en municipios como San Luis, las oportunidades laborales son escasas: empleo municipal, comercios y servicios, producción agropecuaria a pequeña escala, pequeños talleres y una fábrica de zapatillas.

En época de campaña, previo a las PASO, las condiciones de precarización se profundizaron y comenzó la persecución a los trabajadores, obligándolos a cumplir sus funciones en horas extras, feriados y domingos a riesgo de quedarse sin sus fuentes de trabajo si no lo hacían. Incluso obligando a que los trabajadores hicieran campaña para el partido gobernante.

Ante esta situación, algunos empleados comenzaron a reunirse para garantizar sus derechos, mejorar las condiciones laborales y empezar a buscar la posibilidad de sindicalizarse.

Los días previos a las fiestas patronales de San Luis, la Oficina de Control Urbano despidió a un trabajador por salir en defensa de otro. Eso apresuró al resto a tomar medidas para resguardar sus fuentes laborales.

Mientras los trabajadores llevaban a cabo las primeras reuniones, desde la Dirección de Transito y Transporte efectuaron el despido de una empleada a la que obligaban a trabajar a pesar de que ella ya había presentado certificados médicos que le diagnosticaban neumonía. Esta decisión del director de la oficina, Eduardo Soto, provocó la reacción por parte de los compañeros, quienes se negaron a seguir aceptando las condiciones de trabajo desventajosas.

A los dos días prosiguieron con los despidos de aquellos trabajadores que habían reaccionado ante la situación.

Al encontrarse con la dificultad de acceder a otras oportunidades laborales en la zona, sobre todo por la persecución por parte del municipio, algunos de los despedidos tuvieron que mudarse a trabajar a otras ciudades. Pero otros continúan a la espera de una solución para la reincorporación del conjunto de los empleados y sufriendo la persecución por parte de los directivos y sus allegados.

Constanza Aceto y Lucas Basso