El congreso de Guatemala retiró la inmunidad al presidente

Este martes el parlamento guatemalteco votó a favor de quitarle la inmunidad al jefe de Estado, Otto Pérez Molina, acusado de ser parte de la estructura de corrupción conocida como «La Línea». Esta resolución se da a pocos días de las elecciones generales del próximo 6 de septiembre.

Con 132 votos -eran necesarios al menos 105- los legisladores decidieron finalmente ceder a la presión popular que desde hace meses se manifiesta en las calles pidiendo la renuncia del mandatario.

La fiscal general Thelma Aldana explicó que tras retirarle la inmunidad a Pérez Molina solicitó el arraigo (es decir la imposibilidad de que salga del país) lo que fue concedido por un juez. «Guatemala está dando muestras de que nadie es superior de la ley y en consecuencia es un mensaje para todos los funcionarios públicos actuales y futuros de que nuestra actuación debe sujetarse a la Constitución», aseguró.

De esta forma el ex militar se convirtió en el primer presidente de la historia del país en perder los fueros. Ahora la justicia podrá iniciar un proceso judicial en su contra a partir de las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un organismo dependiente de Naciones Unidas.

Hay que tener en cuenta que ya se encuentra procesada y bajo arresto la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, así como diversos funcionarios de su gestión.

Historia de una crisis institucional

Cuando el 16 de abril de este año se destapó la olla, pocos imaginaban lo que se venía. En esa fecha la Fiscalía guatemalteca y la comisión de la ONU anunciaron la desarticulación de una banda de contrabando y defraudación aduanera presuntamente dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Tan solo unos días después, y luego de varias movilizaciones en contra del gobierno, el diputado indígena del Movimiento Winaq de Guatemala, Amilcar Pop, denunció al presidente Otto Pérez Molina y a Baldetti por ocho delitos, entre ellos asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.

Así el 7 de mayo el la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala aprobó de forma unánime la apertura de un antejuicio en contra de la vicepresidenta, aunque descartó avanzar en investigaciones contra el jefe de Estado. Un día después Baldetti presentó su renuncia.

Esta situación abrió un proceso de investigación sobre otros funcionarios. El viernes 15 de mayo presentó su renuncia el ministro de Energía y Minas, Erick Archila. En su explicación alegó “persecución política y chantajes” por parte de integrantes del principal partido opositor Libertad Democrática Renovada (Líder), aunque también integrantes de esta agrupación están siendo investigado por supuestos actos de corrupción.

Siguiendo ese camino, el 20 de mayo la justicia guatemalteca arrestó a los directores del Banco Central de Guatemala (Banguat) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) tras ser acusados de un fraude por unos 14,5 millones de dólares a favor de la Empresa Farmacéutica Pisa de Guatemala.

El militar Juan de Dios Rodríguez presidía el IGSS desde abril de 2013 por ordenes del presidente Molina que lo había designado justamente para combatir la corrupción en esa institución. Por su parte el presidente del Banguat, Julio Suárez, fue privado de su libertad por los casos de corrupción comprobados durante su gestión.

“La farmacéutica Pisa de Guatemala obtuvo en diciembre pasado la concesión del servicio de diálisis peritoneal de pacientes de la institución de seguridad social, pero desde esa fecha han muerto 15 pacientes y otros cien se han infectado de peritonitis”, detalla el texto difundido por la fiscalía.

Poco tiempo después la Fiscalía también solicitó a la justicia local retirar la inmunidad al candidato a la vicepresidencia por el partido Líder, Édgar Barquín, por estar también vinculado a varios casos de corrupción.

A fines del mes de agosto la investigación sobre Baldetti llevó a la justicia a ordenar su detención en un contexto de fuertes movilizaciones que piden la renuncia de Pérez Molina así como la suspensión de las elecciones hasta que no se modifique la ley electoral.