Finalizó el juicio por Facundo Rivera Alegre

La justicia de la provincia de Córdoba decidió condenar a 12 años de prisión a Pablo Rearte por el asesinato de Facundo Rivera Alegre. Pese a que la querella, representada por el abogado Claudio Orosz y por Viviana Alegre, madre del joven desaparecido, había pedido la absolución de los tres imputados en la causa.

Afianzado en la voluntad política de cerrar la investigación sobre la desaparición de Facundo, el juicio fue necesario para mantener la legitimidad del sistema policial de la provincia, pero culminó con una condena que lejos está de esclarecer los hechos.

Durante el juicio

Las hipótesis que sostuvo la fiscalía mostraron contradicciones y carecieron de pruebas contundentes. Por otro lado, las declaraciones que implicaban a personal de la policía de Córdoba y a funcionarios del gobierno provincial como participantes y responsables, ya sea por acción u omisión, en la desaparición del joven, no tuvieron curso legal.

Desde el Ministerio Público Fiscal se intentó probar que el crimen de Facundo se habría originado en un enfrentamiento por compra de drogas, cuyo desencadenante habría sido una pelea por un billete de cien pesos falso. Esta versión no logró dar ninguna respuesta a la desaparición del cuerpo del joven, ni resuelve ciertas lagunas y contradicciones evidentes en la investigación. Sobre todo, quedan interrogantes en torno al momento en que Facundo abandona el baile de cuarteto al que había ido esa noche, y su posterior llegada al lugar donde supuestamente fue cometido el crimen.

El lunes pasado, durante los alegatos, el abogado de la querella solicitó la absolución de todos los imputados por falta de pruebas, puntos débiles y contradicciones en la investigación. A su vez, subrayó la falta de voluntad por parte de la justicia de evaluar las responsabilidades policiales que rodean el caso. Con esto, Orosz hacía referencia sobre todo a Rafael Sosa, último comisario a cargo de la causa y actualmente imputado de asociación ilícita por comandar una estructura cívico-policial para el comercio ilegal de droga.

En esta misma línea, el abogado de Viviana Alegre remarcó también la falta de investigación sobre un supuesto móvil policial implicado en el crimen y sobre las responsabilidades de los oficiales que custodiaban las 24 horas el crematorio el cementerio San Vicente, donde presuntamente fue desaparecido el cuerpo de Facundo.

El día de la sentencia

La lectura de la sentencia se dio en una sala colmada de agentes policiales. El fallo, por unanimidad, resolvió que el menor imputado e identificado como «K» -resguardando su nombre en virtud de su edad-, “tuvo participación activa en el delito por homicidio agravado por el uso de armas de fuego”, pero por haber sido cometido el hecho cuando tenía 15 años no se le aplicó reclusión y quedó a disposición de un juez penal juvenil.

Por su parte, Pablo Rearte, otro de los acusados, fue condenado a 11 años de prisión por ser “coautor del homicidio doblemente agravado por el uso de armas de fuego y por la intervención de un menor de 18 años de edad”. También se unificó esta condena a una que ya está cumpliendo, por lo cual tendrá 12 años de prisión.

Aldo Monge, imputado que trabajaba en el cementerio San Vicente y señalado como cómplice para la desaparición del cuerpo de Facundo, fue absuelto por “la aplicación del principio de la duda” ya que se consideró que no existía pruebas suficientes para determinar su participación en la supuesta cremación del cadáver.

Finalizada la lectura de la sentencia, la disconformidad de los familiares de los condenados se hizo notar, y mientras la policía los desalojaba de la sala se escucharon gritos dirigidos a jueces y fiscales preguntándoles “¿Cuánto les pagó la policía?”.

Claudio Orosz declaró ante los medios presentes que “estas personas son una culminación de un proceso que sí o sí tenía que tener culpables, pero esto es una íntima convicción, a los fundamentos los veremos cuando el tribunal los ponga a disposición de los abogados”. Al preguntarle sobre su conformidad con respecto a la sentencia, respondió “que en plena democracia, en pleno gobierno de De la Sota, sigue habiendo un pibe desaparecido, con o sin condena, y eso no habla bien de nuestra provincia”.

Estado policial

En la provincia de Córdoba existe una suerte de microclima policial que genera cada vez más resistencias en el pueblo. El hecho de que todos los años se convoque a La Marcha de la Gorra, y que cada vez más organizaciones tengan como estandarte la derogación del Código de Faltas -que le otorga a la policía un margen de acción totalmente arbitrario y represor-, da cuenta de que las responsabilidades policiales y políticas en casos de abuso de autoridad son una problemática crónica.

No se trata, en este sentido, de sucesos aislados y ocasionales; las detenciones arbitrarias, las desapariciones y la represión (en sentido amplio), son hechos sociales que merecen la atención pública. Poco importa desde esta perspectiva si Facundo Rivera Alegre se teñía el pelo, si consumía o vendía droga. Poco importa si era trabajador o si andaba con poca guita todo el tiempo. Poco importa lo anecdótico de los tres casuales imputados.

Mientras los fiscales cierran el caso disimuladamente, el gobernador y la policía se secan la transpiración de la frente. En el fondo, en las calles, retumba una pregunta constante que hace tres años no consigue respuesta: ¿Dónde está Facundo?

Daniel Arrieta y Felipe Etkin, desde Córdoba