América Latina

18 agosto, 2015

Continúan las protestas en Guatemala frente a los casos de corrupción

Desde el mes de abril que el país centroamericano se encuentra movilizado con protestas continúas en las calles que exigen la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y una reforma electoral previa a las elecciones generales del próximo 6 de septiembre.

Desde el mes de abril que el país centroamericano se encuentra movilizado con protestas continúas en las calles que exigen la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y una reforma electoral previa a las elecciones generales del próximo 6 de septiembre.

Este martes manifestantes realizarán un «plantón» frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia porque “es ahí donde se debe discutir la situación jurídica de varios candidatos que buscan la elección a diputados, alcaldes, del próximo 6 de septiembre, pero que están señalados de corrupción”, explicó el corresponsal de Telesur en el país, Mario Rosales.

Ante la inacción judicial frente a las diversas renuncias de corrupción, dos mujeres se encuentran en huelga de hambre. Gabriela Flores, una de ellas, llamó a los guatemaltecos “que no se han dado cuenta de la crisis social y política” en la que está sumido su país, que reaccionen “pidiendo la renuncia de Otto Pérez Molina, y la reforma de la Ley Electoral y partidos políticos”.

El proyecto de reforma electoral se encuentra trabado en la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso por los partidos mayoritarios que se oponen a las modificaciones planteadas. Así lo han manifestado la mayoría de los diputados que rechazan las reformas para que tenga validez el voto nulo y la transparencia del financiamiento de los candidatos.

Por otra parte está anunciado también un paro para el próximo 20 de agosto (#20A) donde se prevén cortes de rutas y movilizaciones, lideradas por indígenas y campesinos en todo el país.

En ese marco el abogado Alfonso Carrillo anunció que hará una presentación ante la Corte de Constitucionalidad para que se revoque la fecha del 6 de septiembre y se aplacen las elecciones.

Cuatro meses de crisis

Cuando el 16 de abril de este año se destapó la olla, pocos imaginaban lo que se venía. En esa fecha la Fiscalía guatemalteca y la comisión de la ONU contra la impunidad anunciaron la desarticulación de una banda de contrabando y defraudación aduanera presuntamente dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Tan solo unos días después, y luego de varias movilizaciones en contra del gobierno, el diputado indígena del Movimiento Winaq de Guatemala, Amilcar Pop, denunció al presidente Molina y a Baldetti por ocho delitos, entre ellos asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.

Así el 7 de mayo el la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala aprobó de forma unánime la apertura de un antejuicio en contra de la vicepresidenta, aunque descartó avanzar en investigaciones contra el jefe de Estado. Un día después Baldetti presentó su renuncia.

Pérez Molina aseguró entonces que la renuncia “según los motivos manifestados por la vicepresidenta se circunscribe a una decisión personal, con el único interés de separarse del cargo y someterse y colaborar con las investigaciones que sean necesarias”.

Esta situación abrió un proceso de investigación sobre otros funcionarios. El viernes 15 de mayo presentó su renuncia el ministro de Energía y Minas, Erick Archila. En su explicación alegó “persecución política y chantajes” por parte de integrantes del principal partido opositor Libertad Democrática Renovada (Líder), aunque también está siendo investigado por supuestos actos de corrupción.

Siguiendo ese camino, el 20 de mayo la justicia guatemalteca arrestó a los directores del Banco Central de Guatemala (Banguat) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) tras ser acusados de un fraude por unos 14,5 millones de dólares.

El militar Juan de Dios Rodríguez presidía el IGSS desde abril de 2013 por ordenes del presidente Otto Pérez Molina que lo había designado justamente para combatir la corrupción en esa institución. Por su parte el presidente del Banguat, Julio Suárez, fue privado de su libertad por los casos de corrupción comprobados durante su gestión.

Desde el Ministerio Público se informó que los detenidos están involucrados en la adjudicación irregular de un contrato del IGSS por 14,5 millones de dólares a favor de la Empresa Farmacéutica Pisa de Guatemala.

“La farmacéutica Pisa de Guatemala obtuvo en diciembre pasado la concesión del servicio de diálisis peritoneal de pacientes de la institución de seguridad social, pero desde esa fecha han muerto 15 pacientes y otros cien se han infectado de peritonitis”, detalla el texto difundido por la fiscalía.

Recientemente, la Fiscalía y la comisión especial de la ONU contra la impunidad también solicitaron a la justicia local retirar la inmunidad al candidato a la vicepresidencia por el partido Líder, Édgar Barquín, por estar también vinculado a varios casos de corrupción.

 

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