Las iniciativas del oficialismo que el gobierno vedó

“Si fuera por las encuestas, no hubiera hecho absolutamente nada”, dijo Cristina Kirchner y defendió, frente a eventuales críticas, su idea de trasladar la capital del país. “Los líderes naturales no toman decisiones en base a encuestas”, agregó esa tarde de 2014, pero nunca más volvió a mencionar el tema.

Allí duerme ese proyecto, en un despacho de la Casa Rosada, juntando polvo en un cajón, amontonado deliberadamente junto a otros que, corriendo la misma suerte, nunca tuvieron el privilegio de convertirse en ley pese a haber surgido desde las filas del oficialismo.

La década del aborto

Cuando en marzo de este año el flamante ministro Daniel Gollán propuso debatir la despenalización del aborto, no advirtió que el tema no formaba parte de la agenda del gobierno, según le explicó en público Aníbal Fernández, su jefe.

Por su parte, de quien no es jefe Aníbal Fernández es de Juliana Di Tullio, presidenta del bloque de diputados del Frente para la Victoria, quien también apoya la despenalización, al igual que una larga lista de legisladores oficialistas.

Tal es así que presentaron durante toda una década, en absolutamente todos los años –desde el 2005 hasta hoy–, decenas de proyectos referentes a la despenalización del aborto, obteniendo siempre el silencio del Poder Ejecutivo como respuesta.

Y por si faltaba más, a la ausencia de convicción ideológica se le sumó en 2013 la sorpresiva alianza del gobierno con Jorge Bergoglio, argentino, obispo de Roma, titular del Vaticano y férreo opositor al aborto.

Héctor Recalde, el insistente I

En 2006, en pleno auge del kirchnerismo, el diputado Héctor Recalde presentó en la más absoluta soledad un proyecto para ratificar el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo y prohibir así el despido sin justa causa.

Sin embargo, tal vez porque Néstor Kirchner no respaldó la iniciativa, el reconocido abogado laboralista esperó a que su esposa asumiera la presidencia y presentó, en 2008, nuevamente su proyecto. Pese a ello, y tras el silencio de la Casa Rosada, Recalde sumó a su solitaria firma el acompañamiento de los diputados oficialistas Dante González, Juan Salim, Omar Plaini y Octavio Argüello, e impulsó, ya en el año 2010, por tercera vez la propuesta de ley.

En 2012, el mismo trámite por cuarta vez, pero ahora acompañado por las firmas de los diputados Facundo Moyano y Roberto Robledo. Resultado: nuevo silencio. Y ya en marzo de 2014, por quinta vez, resignado, sin apoyo oficial y firmando en absoluta soledad, Recalde presentó nuevamente el proyecto que podría impactar decisivamente en la vida de los trabajadores si el gobierno así lo quisiera. Pero no.

El COFEPLAN

En 2008, por iniciativa de la presidenta, fue creado el «Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial», cuyo trabajo más notorio culminó, dos años después, con la presentación de un anteproyecto de ley.

En rigor, la iniciativa entendía el uso del suelo como un recurso “natural, económico y social” por lo que sometía su apropiación privada al interés colectivo, permitiendo al Estado iniciar procesos de expropiación, subdividir viviendas ociosas, imponer contribuciones a los propietarios beneficiados por obras públicas, etcétera.

Lógicamente, cuando en 2012 los principales medios tomaron conocimiento del proyecto, lo denunciaron como un ataque a la propiedad privada, lo que vaticinaba una firme respuesta por parte del gobierno. Lejos de eso, el mismo día en que los diarios publicaron la noticia, el ministro Julio De Vido se encargó de rechazar las imputaciones en público y enterró finalmente la propuesta.

Héctor Recalde, el insistente II

Una categórica transformación del sistema de relaciones laborales implicaría la sanción de otra propuesta de ley presentada por Recalde: el régimen de participación de los trabajadores en las ganancias empresarias, reconocido como derecho constitucional desde 1957.

El diputado oficialista presentó por primera vez la iniciativa en 2010, pero ya en aquel entonces la presidenta Cristina Kirchner le respondió públicamente que, pese a ser un derecho constitucional, aquello debía ser negociado por cada gremio frente a las cámaras empresariales. No contento, Recalde presentó el año pasado nuevamente su proyecto, aunque a diferencia del primer intento, en el que más de una decena de diputados acompañó su firma, en esta oportunidad lo hizo solo, también sin éxito.

Amadeo y la tenencia de drogas

En 1998, Eduardo Amadeo recorría indignado y por última vez los pasillos de la Secretaría de Desarrollo Social, lugar que había ocupado durante cuatro años y que ahora le obligaban a ceder a Ramón “Palito” Ortega. Al asumir, el cantautor tucumano designó como asesor a un joven militante de la UCeDé de nombre Sergio Massa sin sospechar que se convertiría, apenas diez años después, en Jefe de Gabinete de Ministros.

Sin embargo, Massa duraría menos de un año en su cargo, siendo reemplazado por Aníbal Fernández. El dirigente quilmeño, ya como senador nacional, impulsó en 2012 un proyecto para despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal, cuyo acto de presentación fue interrumpido a los gritos por un grupo encabezado, paradójicamente, por el indignado Eduardo Amadeo.

Sin embargo, para beneplácito de Amadeo, y pese al destacado rol que todavía hoy tiene Fernández en el gobierno, su proyecto fue archivado junto a otras tantas y pretéritas iniciativas similares.

No obstante, dos años después, el gobierno avanzó nuevamente hacia la despenalización mediante un proyecto elaborado por Juan Carlos Molina, titular del organismo nacional que coordina la lucha contra las adicciones, mismo puesto que, curiosamente, en 1998 ocupó el tozudo Eduardo Amadeo.
La indignación de Amadeo, esta vez, duró poco: en septiembre de 2014 se anunció el proyecto y apenas seis meses después Molina renunció a su cargo, sepultando consigo la iniciativa.

El código de Zaffaroni

En 2012, un decreto del Poder Ejecutivo –el 678– creó una comisión multipartidaria de especialistas encabezada por el juez Eugenio Zaffaroni para reformar y armonizar el Código Penal. Sin embargo, el promocionado nuevo texto chocó en 2014 contra la dura oposición de Sergio Massa, quien no sólo cuestionó el supuesto perfil “garantista” de la propuesta, sino que también increpó personalmente al ex ministro de la Corte Suprema.

Cristina Kirchner, por su parte, decidió no confrontar, cediendo así ante la presión del candidato opositor, quien logró enterrar a puro discurso electoralista el trabajo de dos años de la comisión redactora. El proyecto, que sería presentado este año en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, permanece archivado.

Federico Dalponte – @fdalponte