22 julio, 2015
Exigen reforma electoral en Guatemala por los casos de corrupción
Desde hace tres meses que Guatemala vive una seria crisis política que incluyó renuncias, detenciones de funcionarios por corrupción y movilizaciones masivas pidiendo la renuncia del presidente Otto Perez Molina. Ahora las manifestaciones se enfocan en la necesidad de una reforma electoral.

Desde hace tres meses que Guatemala vive una seria crisis política que incluyó renuncias, detenciones de funcionarios por corrupción y movilizaciones masivas pidiendo la renuncia del presidente Otto Perez Molina. Ahora las manifestaciones se enfocan en la necesidad de una reforma electoral.
El proyecto se encuentra trabado en la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso por los partidos mayoritarios que se oponen a la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Así lo han manifestado la mayoría de los diputados que rechazan las reformas para que tenga validez el voto nulo y la transparencia del financiamiento de los candidatos.
Según informó Telesur, la representante de la Asamblea Social y Popular, María Josefa Max, no cree que haya un gobierno que pueda resolver la situación que vive el país debido a la corrupción que ya existe.
«Por lo tanto nosotros como parte de la Asamblea Social y Popular hemos estado demandando que se hagan las reformas correspondientes a la Ley Electoral y de Partidos políticos, para que pueda haber un mecanismo para el futuro donde puedan entrar gobernantes que realmente atiendan la necesidad de los pueblos» afirmó.
Cuando el 16 de abril de este año se destapó la olla, pocos imaginaban lo que se venía. En esa fecha la Fiscalía guatemalteca y la comisión de la ONU contra la impunidad anunciaron la desarticulación de una banda de contrabando y defraudación aduanera presuntamente dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti.
Tan solo unos días después, y luego de varias movilizaciones en contra del gobierno, el diputado indígena del Movimiento Winaq de Guatemala, Amilcar Pop, denunció al presidente Molina y a Baldetti por ocho delitos, entre ellos asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.
Así el 7 de mayo el la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala aprobó de forma unánime la apertura de un antejuicio en contra de la vicepresidenta, aunque descartó avanzar en investigaciones contra el jefe de Estado. Un día después Baldetti presentó su renuncia.
Pérez Molina aseguró entonces que la renuncia “según los motivos manifestados por la vicepresidenta se circunscribe a una decisión personal, con el único interés de separarse del cargo y someterse y colaborar con las investigaciones que sean necesarias”.
Esta situación abrió un proceso de investigación sobre otros funcionarios. El viernes 15 de mayo presentó su renuncia el ministro de Energía y Minas, Erick Archila. En su explicación alegó “persecución política y chantajes” por parte de integrantes del principal partido opositor Libertad Democrática Renovada (Líder), aunque también está siendo investigado por supuestos actos de corrupción.
Siguiendo ese camino, el 20 de mayo la justicia guatemalteca arrestó a los directores del Banco Central de Guatemala (Banguat) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) tras ser acusados de un fraude por unos 14,5 millones de dólares.
El militar Juan de Dios Rodríguez presidía el IGSS desde abril de 2013 por ordenes del presidente Otto Pérez Molina que lo había designado justamente para combatir la corrupción en esa institución. Por su parte el presidente del Banguat, Julio Suárez, fue privado de su libertad por los casos de corrupción comprobados durante su gestión.
Desde el Ministerio Público se informó que los detenidos están involucrados en la adjudicación irregular de un contrato del IGSS por 14,5 millones de dólares a favor de la Empresa Farmacéutica Pisa de Guatemala.
“La farmacéutica Pisa de Guatemala obtuvo en diciembre pasado la concesión del servicio de diálisis peritoneal de pacientes de la institución de seguridad social, pero desde esa fecha han muerto 15 pacientes y otros cien se han infectado de peritonitis”, detalla el texto difundido por la fiscalía.
Recientemente, la Fiscalía y la comisión especial de la ONU contra la impunidad solicitaron a la justicia local retirar la inmunidad al candidato a la vicepresidencia por el partido Líder, Édgar Barquín, por estar también vinculado a varios casos de corrupción.
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