Mundo Gremial

20 julio, 2015

El impensado apoyo del gobierno a la libertad sindical

La última Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo concluyó con la aprobación de una novedosa norma contra la informalidad laboral. El texto final, que aboga por la libre sindicalización, fue apoyado por la delegación argentina pese a que el gobierno siempre la rechazó.

Se llama Organización Internacional del Trabajo (OIT) a esa enorme mesa en la que se sientan a debatir los representantes de los trabajadores, los de las empresas y los delegados gubernamentales. Esa enorme mesa, como es previsible, genera consensos y discusiones que periódicamente toman la forma de normas internacionales. De ellas, la Recomendación 204 es la más reciente.

Nacida en junio pasado, durante la 104º Conferencia de la OIT, la “Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal” –según la denominación final– tiene sobre sus espaldas la presión adicional de ser la primera de su tipo. Es decir, la primera en toda la historia que aborda la temática de la informalidad laboral, situación que afecta, según la propia organización, a más de la mitad de los trabajadores del mundo.

En aquella sesión, la delegación del gobierno argentino juiciosamente votó a favor y se sumó a la mayoría casi unánime que respaldó la iniciativa. Así, la protección social, los incentivos, el control sobre la aplicación de políticas y la creación de nuevos empleos se convirtieron en algunos de los desafíos plasmados en el texto definitivo.

Sin embargo, reconocido por el propio director general de la OIT, el británico Guy Ryder, al ser en gran medida meras declaraciones de buena voluntad, el éxito de la norma adoptada dependerá, en última instancia, de su aplicación efectiva por parte de los Estados.

El caso argentino

Carlos Tomada, titular del Ministerio de Trabajo, tendrá en diciembre próximo el mérito de ser uno de los pocos funcionarios en sobrevivir a los últimos tres períodos presidenciales. De perfil más alto que el de Lino Barañao, pero bastante más bajo que el de Aníbal Fernández, Tomada fue capaz de apropiarse de algunos logros de la época: entre ellos, la reducción del trabajo “en negro”, que rondaba el 50% hacia mediados de 2003.

Pareciera entonces cierto que, incluso sin mediar recomendaciones de la OIT, el gobierno argentino supo cómo atacar la informalidad laboral… ¿el gobierno supo cómo atacar la informalidad laboral?. Sobran dudas. En principio porque el ritmo de reducción de la tasa de informalidad durante los últimos años representó apenas un cuarto del observado entre 2003 y 2008, cuando descendió al 37%. Y después porque se repitieron en estos doce años las mismas estrategias de gestión que en la década anterior.

La concordancia entre las políticas elegidas en uno y otro caso naturalmente no sugiere la semejanza de ambos procesos políticos, pero sí merece un llamado de atención. En sendos casos se adoptaron las dos estrategias clásicas para combatir la informalidad: la fiscalización a través de inspectores enviados por el Ministerio de Trabajo y la sanción económica a las empresas infractoras.

En ese sentido, se sancionaron leyes durante los años 1991 (24.013), 2000 (25.323), 2004 (25.877), 2008 (26.476) y 2014 (26.940 y 26.941). Y pese a ello, según estadísticas del propio Ministerio, la tasa de informalidad laboral es hoy cuatro puntos mayor que en 1990 y apenas seis menor que al final del menemismo.

El ocaso argentino

El Punto VII de la recomendación de la OIT es decisivo para la Argentina. Los puntos anteriores, en mayor o menor medida, responden a las estrategias clásicas de promoción de la formalidad laboral, por lo que poco impactan sobre un país como el nuestro, con sobrada experiencia en fórmulas clásicas. Pero el Punto VII no.

Allí se enfatizó la importancia de la libertad sindical como mecanismo para combatir la informalidad laboral, reconociéndoles a los trabajadores “el derecho de constituir las organizaciones, federaciones y confederaciones que estimen convenientes”. Dicho de otro modo: para disminuir la tasa de informalidad es prioritario que los trabajadores se sindicalicen, sumándose a las organizaciones existentes o creando otras, pero que se sindicalicen.

Ello, que pareciera un dato menor, no fue observado ni cuestionado por la delegada gubernamental argentina, según recoge el acta oficial de la comisión de la OIT, pese a que la propia legislación nacional –Ley 23.551– impide enfáticamente la libre sindicalización.

Es decir, por error o por omisión, el gobierno argentino votó a favor de una norma internacional que contradice lo que pregonó durante los últimos 12 años: que sólo exista una sola organización gremial por actividad para conservar así el poder de los históricos dirigentes del sindicalismo tradicional.

Esa libertad sindical, cuyo respeto es reclamado a nuestro país año tras año por la propia OIT y sobre la cual se expidió en igual sentido la Corte Suprema en 2008 y 2009, hoy abre un nuevo interrogante: ¿Garantizar que los trabajadores constituyan tantas organizaciones como deseen puede ayudar a combatir la informalidad?

La respuesta es difícil. Pero lo cierto es que aquel hombre o mujer que emprenda la búsqueda de trabajo en el sector privado debe saber que, de conseguirlo, tiene un 86% de posibilidades de hacerlo en un establecimiento que no cuenta con delegado gremial.

La obstrucción a la libre sindicalización explica en parte la escasa presencia de delegados gremiales en los lugares de trabajo. Si fuese al revés, si se multiplicara la actividad sindical, si los trabajadores pudiesen agremiarse libremente como sugiere la OIT, si ello repercutiera en una proliferación de delegados de base, es posible que se sumara así una herramienta novedosa y apreciable para combatir la informalidad.

Federico Dalponte

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