Acto en solidaridad con activistas colombianos detenidos

Este martes diversas organizaciones sociales y políticas realizaron una protesta frente a la Embajada de Colombia en Argentina exigiendo la libertad de los 13 jóvenes activistas colombianos detenidos el miércoles 8 de julio en la ciudad de Bogotá en un operativo policial.

La actividad, organizada por el Movimiento social Congreso de los Pueblos, contó con el apoyo y la participación de mas de 20 organizaciones argentinas y se enmarca en una campaña mundial de denuncia por los presos políticos en Colombia, en lo que se conoce como “falsos positivos judiciales”.

Los detenidos son acusados de tener relación con los atentados ocurridos en la primer semana de julio en la ciudad de Bogotá, pero para las organizaciones adherentes a la protesta, el debido proceso se vio afectado ya que hubo pronunciamientos de parte del presidente, Juan Manuel Santos, la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la Fiscalía General de este país, “dirigidas a señalar su responsabilidad sin garantizar la presunción de inocencia”.

La mayor parte de las personas detenidas y judicializadas son reconocidos dirigentes estudiantiles, campesinos, periodistas, funcionarios de la Alcaldía Distrital y defensores y defensoras de derechos humanos que han venido públicamente liderando luchas en defensa de la educación pública, los derechos de los campesinos y la construcción del proceso de Paz. Once de las personas detenidas pertenecen a su vez a organizaciones integrantes del movimiento social Congreso de los Pueblos.

Entre los detenidos se encuentran Heiler Lamprea, representante del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y Lorena Romo Muñoz, líder estudiantil del proceso de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE-, quien había recibido amenazas de muerte por su labor social en los últimos meses.

También se encuentran en esta situación Paola Salgado, joven abogada de la Universidad Nacional de Colombia y militante feminista; Sergio Segura, quien es comunicador social de la Universidad Cooperativa de Colombia y periodista en la Agencia de Comunicaciones de los Pueblos Colombia Informa. Cabe destacar que la mayoría de los detenidos tienen entre 20 y 25 años.

Para Javier Castellanos, representante de Congreso de los Pueblos en Argentina, los militantes “están siendo arbitrariamente imputados por cargos de terrorismo, rebelión, sin prueba alguna. Las que han presentado hasta ahora han sido irrisibles; han incautado en sus casas algunos libros de economía política, de Camilo Torres, del Che Guevara; referentes populares que en Colombia son estigmatizados”.

Otro de los activistas colombianos que reside en Argentina, durante su intervención en la radio abierta contextualizó: “Los falsos positivos judiciales y las constantes detenciones ilegales son sólo algunos de los ejemplos de la reiterada persecución política y criminalización que sufren las organizaciones populares en Colombia, país que cuenta con 9500 presos políticos”.

Falso positivo se le llamó a los casos conocidos durante todo el periodo desde el año 2000, en los cuales campesinos o jóvenes de barrios populares fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate, lo que en el “argot” del Ejercito Nacional de Colombia se conoce como un “positivo”. ‘Falso positivo judicial’ se emplea actualmente para denominar los casos en los que manifestantes, líderes sociales o de oposición política al gobierno son presentados como participantes de actos denominados como terroristas.

“Con el arresto de los compañeros casi que hay un prejuzgamiento mediático y político desde el momento en que fueron capturados irregularmente”, aludió Castellanos al tratamiento que vienen haciendo los medios masivos de comunicación colombianos a los hechos en cuestión.

Gonzalo Armúa