Derechos Humanos

13 julio, 2015

Nuevo testigo en la causa por responsabilidades políticas de la Masacre de Avellaneda

Un nuevo testigo declarará este lunes a las 10 en los tribunales de Comodoro Py. El testimonio busca aportar pruebas en la causa que investiga las responsabilidades políticas de la Masacre de Avellaneda ocurrida el 26 de junio del 2002 que motivó una feroz represión policial y culminó con la vida de los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Un nuevo testigo declarará este lunes a las 10 en los tribunales de Comodoro Py. El testimonio busca aportar pruebas en la causa que investiga las responsabilidades políticas de la Masacre de Avellaneda ocurrida el 26 de junio del 2002 que motivó una feroz represión policial y culminó con la vida de los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Organizaciones sociales como el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) junto con la Liga Argentina de los Derechos del Hombre (LADH) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) así como también familiares de Darío, convocaron a una concentración fuera del tribunal para apoyar la realización de la nueva instancia judicial. La misma se produce en el marco del desarchivo de la causa producido a fines del año pasado por el Juez Lijo.

Entre los nombres de los funcionarios a los que se considera responsables políticos de aquel hecho por parte las organizaciones figuran: el ex presidente Eduardo Duhalde; Felipe Solá; Carlos Ruckauf; Juan José Álvarez; Jorge Vanossi; Alfredo Atanasoff; Luis Genoud; Jorge Matzkin; Oscar Rodríguez y Aníbal Fernández.

Gloria Cosentino, integrante del área de derechos humanos de FPDS, indicó que, luego de la reapertura de la causa tanto el juez Lijo como el fiscal Osorio, les solicitaron el acercamiento de pruebas. Por este motivo, “propusimos citar a cinco testigos, que incluían a ex funcionarios del municipio de Avellaneda que ejercieron funciones en 2002”, apuntó Cosentino y aclaró que “quien se desempeñaba como secretario de gobierno declaró el lunes pasado”.

En este sentido, las organizaciones que impulsan la causa manifestaron que, “la presentación de nuevos testigos cobra una importante relevancia, tanto por la presencia en el día del hecho como por los roles públicos y particulares que desempeñaban los mismos por aquella fecha”.

Por su parte, la integrante del FPDS expresó: “Lo que esperamos es que se cite a declarar a los otros tres testigos que presentamos” ya que por el momento prestaron declaración quienes ejercieron como secretario de gobierno y secretario de seguridad del municipio de Avellaneda durante la masacre.

“Entendemos que es necesario que la causa por las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda tome un giro, ha sido más simple para la Justicia encontrar una respuesta medianamente cerrada en lo que tiene que ver con la responsabilidad meramente material de la causa y no profundizar en las responsabilidades políticas”, sostuvo Cosentino.

A su vez, Alberto Santillán (padre de Darío), señaló que la causa fue archivada en el año 2010 y que el desarchivo de la misma no se produjo fácilmente sino que se logró a través de la lucha que llevaron a cabo las organizaciones.

Por otro lado, para Cosentino en este último tiempo se dio un avance inesperado en la causa ya que contó que luego de que se reabriera se cambió de fiscal dejando el lugar que tenia Osorio a Diego Iglesias, fiscal interino, que según señalo la militante “no hizo nada” para el avance de la investigación. Sin embargo, con la asunción de la fiscal Ochoa en el mes de mayo de este año sorpresivamente se solicitó la medida de nuevas declaraciones probatorias que ya tuvieron dos presentaciones y que este lunes acercará un nuevo testimonio.

La referente del FPDS dijo que tienen más pruebas para demostrar que “la masacre de Avellaneda fue planificada, pensada y montada por muchos de los que hoy están presentándose en la arena política”, como el caso de Aníbal Fernández, aunque también agregó que, “otros asumen cargos en la Corte Suprema de Justicia como el caso de Luis Genoud”, que si bien no es tan visible públicamente, sigue formando parte de la política argentina.

Por último, Cosentino retomó el pedido que hizo Alberto Santillán el pasado 26 de junio al cumplirse un nuevo aniversario de lo sucedido, y recalcó que es importante el acompañamiento no solo de los organizaciones de derechos humanos así como de los abogados que impulsan la causa sino que también “es necesario poder poner en la arena de lo público nuevamente la causa por las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda. Y que el pueblo organizado pueda ejercer presión para poder movilizarla”.

Noemí Romero – @Noi_Romero

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