Derechos Humanos

13 julio, 2015

Escuela Naval: comienza juicio por delitos de lesa humanidad en La Plata

Este lunes se dará inicio al juicio contra cuatro ex jefes de la Armada y otros tres de Prefectura acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura contra trabajadores del Polo Industrial platense.

Este lunes se dará inicio al juicio contra cuatro ex jefes de la Armada y otros tres de Prefectura acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura contra trabajadores de la Ciudad de La Plata.

El proceso será llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata que preside el juez Carlos Rozanski, responsable de juzgar y condenar, entre otros, al represor Miguel Etchecolatz y al capellán de la policía Christian Von Wernich.

Se sentarán en el banquillo el ex comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek; el ex comandante de la Fuerza de Tareas 5 (FT5), Jorge Alberto Errecaborde; el ex director del Liceo Naval y también comandante de la FT5, Juan Carlos Herzberg y el ex comandante del Batallón de Infantería de Marina Nº3 (BIN3), José Casimiro Fernández Carró.

También están imputados los ex jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca y el oficial Eduardo Antonio Meza. Osvaldo Tomás Méndez iba a ser también juzgado pero falleció en marzo pasado cuando cumplía detención domiciliaria en su casa de Berisso.

Según la acusación del Ministerio Público estos ex integrantes de la Armada cometieron crímenes de lesa humanidad en perjuicio de trabajadores de YPF, Propulsora Siderúrgica y Astilleros Río Santiago, que fueron torturados en centros clandestinos que funcionaron en dependencias de la FT5.

En concreto se trata de los casos de tres personas desaparecidas, otras 36 secuestradas y torturadas que finalmente sobrevivieron, y los homicidios de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo, llevados a cabo el 19 de octubre de 1976 en las calles 7 y 58 de La Plata.

La investigación estuvo a cargo de los fiscales federales de La Plata Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández quienes sostuvieron que el accionar de la FT5 consistía “en la individualización, mediante tareas de inteligencia, de aquellos trabajadores que tenían algún tipo de participación en actividades gremiales o sindicales”.

Una vez identificados estos trabajadores eran trasladados “principalmente la sede Prefectura Naval de La Plata y al Liceo Naval Militar, y en algunos casos al B.I.M 3 y al Hospital Naval, donde eran interrogadas y torturadas, y finalmente su derivación al centro clandestino de detención que se hallaba en la calle 1 y 60 de la Ciudad de La Plata, a la Unidad Penitenciaria n° 9 de La Plata o a la Unidad Penitenciaria n° 8 de Olmos”.

La zona del puerto platense es uno de los enclaves fabriles clave de la Provincia de Buenos Aires. Forma parte del cordón industrial bonaerense –incluye a Berisso, Ensenada y el Río Santiago- y allí se concentran, además del tráfico de aduana, industrias como YPF, Astilleros Río Santiago, IPAKO, Propulsora Siderúrgica y Petroquímica Mosconi.

Durante los años 70 había allí aproximadamente entre 15 y 20 mil trabajadores. De allí el interés del gobierno dictatorial por «disciplinar» al movimiento obrero de la zona.

Según reseñó el portal Infojus Noticias los investigadores descubrieron que existió “un contexto de persecución contra los trabajadores previo a los militares”. La intervención de los marinos en el terrorismo de Estado estaba prevista en el denominado Plan de Capacidades C.O.N Nº 1 “S”/75, conocido como “Placintara”, dictado el 21 de noviembre de 1975. El mismo había sido planificado marco de las previsiones del entonces flamante Consejo de Defensa, organismo creado en los decretos de «aniquilamiento de la subversión» firmados durante el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón.

La Armada Argentina “debe operar ofensivamente contra la subversión en el ámbito de la propia jurisdicción y fuera de ella en apoyo de otras FFAA, detectando y aniquilando las organizaciones subversivas a fin de contribuir a preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del Estado”, sostenía el «Placintara».

Los fiscales de la causa señalaron que, en ese contexto, luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, comenzaron a funcionar en su jurisdicción cuatro dependencias como centros clandestinos de detención: la ex base naval, la sede de la Prefectura, el BIN3 y el Hospital Naval Río Santiago.

Este juicio será histórico porque por primera vez se analizará y dictará sentencia sobre el accionar de los jerarcas de la Marina.

 

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