«Es fundamental la participación de la sociedad para que los juicios no se caigan»

Después de catorce meses de audiencias, el Tribunal Oral Federal º 1 de Rosario dictó la sentencia en la mega causa Saint Amant II, sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en San Nicolás y el norte de la provincia de Buenos Aires. Notas dialogó con la abogada Juliana Girolimo, abogada querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Cuatro de los imputados fueron condenados a prisión perpetua, ocho de ellos recibieron penas de tres a 20 años y se dispuso una absolución.

En el primer juicio sobre los crímenes de la última dictadura cívico-militar cometidos en San Nicolás, Pergamino, San Pedro y Baradero, el Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF 1) de Rosario integrado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vásquez y José María Escobar Cello, determinó la pena de prisión perpetua a los ex jefes del área 132 del ejército, Manuel Fernando Saint Amant y Norberto Ferrero, el entonces jefe de inteligencia del Batallón 101, Antonio Bossié, y el ex suboficial mayor Daniel Quintana.

Por su parte, el ex comisario de la policía bonaerense Edgardo Matrandrea fue condenado a 20 años de cárcel, mientras que el ex agente Carlos Rocca recibió una pena de 12 años, al ex oficial principal Roberto Guerrina se le dictaron seis años, el ex comisario Clementino Rojas obtuvo cuatro años y Juan Alberto González, tres años y medio. A su vez, los ex policías Julio Almada, Miguel Angel Lucero y Luis Antonio Sinigaglia, fueron condenados a tres años. El único absuelto fue el ex agente Guillermo Miguel Adrover.

– ¿Cuál es tu balance de la sentencia de la causa Saint Amant II?

– El balance es muy positivo, estamos recontra conformes con la sentencia. En primer lugar, todos los hechos que fueron llevados a juicio fueron reconocidos por el tribunal y atribuidos a los diferentes imputados. Ningún hecho quedó impune. En relación a las penas también, porque salvo en el caso de Adrover -que es el único imputado que absolvieron- en todos los demás casos se dieron las condenas que habíamos pedido las querellas.

Otro elemento para destacar en materia de prueba es que se logró incluir tres casos de lo que se conoce como “el caso de los estudiantes secundarios del colegio Don Bosco”. Gerardo Cámpora, Carlos Farayi y Carlos Grande pertenecían a la columna 17 de Montoneros y a la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Eran de San Nicolás y empezaron su militancia ahí pero fueron detenidos en otros lugares: Cámpora estaba haciendo la conscripción y fue detenido adentro de la base aérea de El Palomar, Farayi fue detenido en Capital Federal y ambos pasaron por Mansión Seré, y a Grande lo detuvieron en el Arroyo Pavón, en una reunión que estaban teniendo de la columna 17.

Ahí tuvimos que hacer un mayor esfuerzo probatorio, porque además de que están desaparecidos, no teníamos muchos testimonios que digan que habían pasado por centros clandestinos de San Nicolás, más allá de que estábamos convencidos de que sus caídas habían sido producto de la inteligencia del Área Militar 132.

Además, el tribunal ordenó que se señalice como sitio de memoria el Destacamento de Inteligencia 101 y la Unidad Regional 7 de San Nicolás.

– ¿Qué definió el tribunal en cuanto al cumplimiento de las condenas?

– Bossié, que era el jefe de de inteligencia del Batallón 101 de San Nicolás, es el único que fue directamente detenido después de la lectura de la sentencia. En cuanto a los otros imputados, varios de ellos no estuvieron presentes en la mayor parte del juicio por su estado de salud. Están el hospital militar u otras instituciones y otros con prisión domiciliaria.

Hay varios imputados como Quintana, Ferrero y Mastrandrea sobre los que el tribunal decidió que se revea ahora su situación de salud con una junta médica y que luego en relación al resultado de esa pericia el servicio penitenciario federal disponga qué establecimiento es el que cuenta con la atención de salud que ese imputado necesita. No es que van a quedar por siempre cumpliendo su pena en prisión domiciliaria.

Por su lado, hay varias imputados de causas en las que nosotros no fuimos querellantes que fueron condenados con penas bastante más bajas, y que es probable que no sean de cumplimiento efectivo. Son imputados que están condenados por un solo hecho y en algunos casos por falsificación de instrumento público, por lo que ya de por sí la escala penal del código era baja.

– Cada causa por crímenes de lesa humanidad deja una huella por algo, ¿Cuál es la importancia histórica de esta causa?

– Aunque nos resulte molesta, injusta y nos dé bronca, la absolución de Adrover demuestra que esto no es una caza de brujas. Es igual que cualquier juicio: si no hay pruebas y certeza para condenar, el imputado es absuelto. Se respetan los principios procesales.

Otra cuestión importante es que gracias a los organismos de derechos humanos de la zona, a los sobrevivientes y querellantes, fue un juicio itinerante. Es algo que nunca se había hecho. Se llevaron a cabo las audiencias en los concejos deliberantes. Eso le dio mucha visibilidad en las pequeñas ciudades. Además, algo que se logró desde esta causa es que participaron estudiantes de secundarios mayores de 16 años. Antes no se autorizaba a los menores de 18 a ingresar a las audiencias.

– ¿Qué balance hacés de estos años de juicios de crímenes de lesa humanidad?

– Me parece que avanzamos un montón desde el derecho penal, doctrinariamente, desde las estrategias y los desafíos teóricos que tenemos que asumir los querellantes para ir encuadrando los delitos en las figuras que corresponden. También creo que es fundamental la participación de la sociedad para que los juicios no se caigan.

Las condenas no van a reparar el terrorismo de Estado ni las muertes individuales. Pero sí sirven como memoria histórica, son una forma de seguir haciendo fuerza para que además de las estructuras militares y policiales sean juzgados los responsables civiles de la dictadura y quienes de algún modo se beneficiaron con la perpetuación del modelo que impuso la dictadura.

Esta sentencia se dictó un 25 de junio, el día previo a cumplirse 13 años de la Masacre de Avellaneda. Eso también fue un crimen de Estado. A Darío y Maxi también los mató el Estado. Salieron a luchar en un momento en el que había 60% de pobres en Argentina, un pueblo que se levantaba a luchar por su dignidad y recibieron la muerte.

– ¿Cuáles son las próximas causas que se vienen en Rosario y la región?

– Ahora comenzó la semana pasada la causa conocida como “Patti” donde se juzgan los asesinatos de Pereyra Rossi y Cambiasso, cometidos en el bar Magnum de Rosario a fines de la dictadura. Además, en San Nicolás se instruyó la causa por el asesinato del obispo Ponce de León y va a llegar a juicio, pero todavía no tiene fecha.

– Como parte activa de este tipo de procesos judiciales, ¿Cómo evaluás la renuncia de Milani?

– Todos los organismos de derechos humanos debemos ponernos contentos porque era inadmisible que una persona acusada de delitos de lesa humanidad estuviera al mando del ejército. Eso no lo debe eximir de la responsabilidad que le cabe y que la justicia determine que tiene en los casos de Ledo y los que se le atribuyen.

Mariano D’Arrigo, desde Rosario – @mdarrigo