Congresistas piden cerrar centros de detención de inmigrantes en EEUU

Tras realizar una inspección junto a otros representantes del Congreso de los Estados Unidos, los diputados demócratas Luis Gutiérrez y Steny Hoyer, demandaron al gobierno que revea la política de encarcelamiento de familias inmigrantes que arriban a través de la frontera con México.

Gutiérrez y Hoyer participaron de una inspección a dos instalaciones que albergan a indocumentados en el Estado de Texas (al sur del país y limítrofe con México). Según relataron las condiciones que allí existen «son similares a una cárcel» y conllevan «riesgos psicológicos y otros problemas de salud para los detenidos».

En ese sentido plantearon la necesidad de cerrar esos centros de detención y trasladar a las familias a lugares en mejores condiciones hasta que se resuelva su situación judicial. El pedido fue formalmente elevado al secretario del Departamento de Seguridad Interior, Jeh Johnson.

Los dos congresistas formaron parte de una delegación de la Cámara de Representantes que viajó al Centro Residencial del Condado de Karnes, con capacidad para 532 personas, y otro similar en Dilley, con posibilidades de albergar a 2400 detenidos.

«Quiero ser claro en esto: nuestro objetivo es que se cierren, porque los niños que están allí sufren daños irreversibles con los que tendrán que vivir por el resto de sus vidas», señaló Gutiérrez.

Estos centros estuvieron en el centro de un escándalo el año pasado, cuando miles de familias, incluyendo niños sin acompañantes, cruzaron la frontera sur desde México hacia Estados Unidos, lo que marcó un incremento sustancial en relación con períodos anteriores. Por aquel entonces el presidente Barack Obama calificó ese hecho como una “crisis humanitaria” ya que el aumento de la inmigración infantil ha sido notable en los últimos años. En 2011 la cifra fue de entre de seis mil a ocho mil, en el 2012, fue de 13.625 y se incrementó a 24.668 en el 2013. Según las estadísticas oficiales, la mayoría de los menores provienen principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador.

El último 24 de junio, la Casa Blanca anunció cambios en la política de detención de familias indocumentadas, ante las numerosas críticas por los malos tratos que reciben estas personas mientras están recluídas, pero las medidas fueron calificadas de insuficientes por los congresistas.

Las nuevas directrices, aún pendientes de implementación, permitirían la liberación bajo fianza de las familias que logren comprobar un temor razonable de que corren peligro en sus países de origen.

En Estados Unidos habitan actualmente 11 millones de personas indocumentadas, a la espera de una ley de reforma migratoria integral que permita su legalización, la cual permanece trabada por las disputas entre los dos partidos mayoritarios (demócratas y republicanos).