Lorenzetti, Fayt y las polémicas sobre la Corte

El 21 de abril pasado, mediante la acordada 11/15, la Corte Suprema de la Nación designó nuevamente como presidente del cuerpo hasta el año 2016 a Ricardo Lorenzetti, cuando aún le restaban ocho meses ejerciendo dicha función. En el mismo documento difundido el día siguiente que se designó a Elena Highton de Nolasco como vicepresidenta del máximo órgano de justicia.

En días posteriores y al ser criticado por el oficialismo, Lorenzetti anunció que renunciaba a la corte aduciendo “cansancio moral”. Finalmente en un escueto comunicado se informaba que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación comunica que, ante versiones publicadas en el día de la fecha, ratifica total y absolutamente las autoridades designadas mediante acordada 11 del 21 de abril de 2015”.

La polémica se terminó de destapar cuando el periodista Horacio Verbitsky, en su columna periodística publicada por el diario Página/12 el domingo 3 de mayo, apuntó contra la relección de Lorenzetti, señalando que contrariamente a lo afirmado, la acordada no había sido firmada en la Sala de Acuerdos del Tribunal, dada la imposibilidad de uno de sus integrantes, Carlos Fayt, de asistir debido a su estado de salud.

Agregaba Verbitsky que la firma perteneciente al miembro de mayor edad de la Corte, fue hecha en su propio domicilio de Recoleta hasta donde se movilizó Cristian Sergio Abritta, titular de la Secretaría 5ª del órgano de justicia.

En este escenario desde la oposición se alzaron voces en defensa del Fayt, criticando fuertemente al kirchnerismo, dentro de lo que entienden forma parte de una ofensiva contra la justicia que el oficialismo estaría llevando adelante.

Así se pronunció Federico Pinedo, senador por el PRO: “Con el doctor Fayt, no quieren sacar a un juez malo, quieren sacar a un juez no kirchnerista. Estamos viendo cómo un grupo de políticos encabezado por Aníbal Fernández, trata de robarle un juez honesto a la sociedad. Lo atacan por ser viejo».

Su par del Frente Renovador, la diputada Graciela Camaño, sostuvo un argumento similar al indicar que “hay un desatino institucional que se quiere sintetizar en la reunión de mañana. Hay persecución a los fiscales y encubrimiento a determinados jueces. Fayt es una persona honorable. Es bochornoso lo que pasa”.

También se sumó a las críticas lanzadas hacia el Ejecutivo, el titular del gremio de judiciales, Julio Piumato, para quien lo que se busca es deslegitimar e invalidar cualquier decisión que tome la Corte Suprema.

La respuesta del oficialismo se plasmó a partir de poner en funcionamiento la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, a cargo de la legisladora Anabel Fernández Sagasti. Es este organismo el que deberá durante la jornada de este martes analizar el pedido de enjuiciamiento solicitado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, así como si se avanza en la apertura de una investigación que determine en actual estado físico y psicológico del ministro de la Corte.

Sobre estas cuestiones habó Eduardo Barcesat en diálogo con Quemar las naves, programa de Radio Sur FM 88.3. Según el constitucionalista, hoy existe en la Corte una situación de crisis, en tanto se firmó “un acta que no se corresponde con el contenido de los hechos. Lo cual implica una falsedad ideológica del instrumento público que es un hecho penalmente tipificado”.

En ese sentido Barcesat agregó que es necesaria una nueva acordada en presencia de todos los miembros del tribunal para la designación de las autoridades correspondientes, que permita superar este “episodio institucional bastante penoso, pobre, que le resta credibilidad a la Corte Suprema”.

Por otra parte el constitucionalista hizo foco en el rol jugado por Lorenzetti en este último tiempo, desde su aseveración sobre el rol del máximo organismo de la justicia en controlar al poder político, hasta sus declaraciones sobre el atentado a la Embajada de Israel, por los cuales luego tuvo que desdecirse.

Sobre la primera Barcesat indicó: “La función de la Corte Suprema es de ser el control último de validez de los actos jurídicos que correspondan a particulares, empresas y poderes y autoridades públicas, incluidos los propios jueces” y agregó que como resultado de estas decisiones lo que hay es “un cuadro de perdida de jerarquía y credibilidad que lamentablemente ensombrece el futuro de esta Corte que había tenido a lo largo de su desempeño una calidad institucional muy respetable”.

Por último se refirió al actual funcionamiento de la Corte, reducida tras las muertes de Carmen de Argibay y Enrique Petracchi y la renuncia al haber cumplido los 75 años de Eugenio Zaffaroni, así como el debate en torno a la resolución adoptada por la oposición de bloquear toda posibilidad de que un nuevo miembro pueda sumarse antes del recambio presidencial de diciembre.

Para el constitucionalista la composición de la Corte debería pasar por una división en salas especializadas en derecho civil, comercial, penal, tributario. “Eso sería una garantía de que el núcleo más selecto de expertos va a trabajar y conocer los casos cuando eventualmente lleguen al máximo tribunal”.

En relación a la decisión adoptada desde la oposición de bloquear la discusión sobre cualquier candidato propuesto del oficialismo, existe para Barcesat “una actitud absolutamente inconstitucional”, que conlleva una situación de riesgo y sobre la cual quienes son sus promotores deberán hacerse responsables.