22 abril, 2015
El juicio del “Nunca Más”
Aquel 22 de abril de 1985 quedó marcado en nuestra democracia por ser un hito para América Latina. Ese día se iniciaba el Juicio a las Juntas Militares, cuyos integrantes resultaron finalmente condenados por aplicar un plan sistemático de desaparición y tortura.

Un día como hoy comenzaba el Juicio a las Juntas de la última dictadura. Durante las diecisiete semanas que duro aquel proceso emblemático estuvieron sentados en el banquillo de los acusados los integrantes de las tres primeras juntas militares: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti que conformaron la primera (1976 – 1980); Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Omar Domingo Rubens Graffigna, que formaron parte de la segunda (1980-1981); y Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo que integraron la tercera (1981-1982).
Los jueces de aquel tribunal fueron: Carlos Arslanián, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Andrés D’Alessio, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma. Mientras que la Fiscalía estaba integrada por Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo.
Para la realización de este histórico juicio fue decisivo el material aportado por la Comisión Nacional Sobre Desaparición de Personas (CONADEP) creada por el Poder Ejecutivo el 15 de diciembre de 1983. Su misión fue “recibir denuncias y pruebas, remitirlas a los jueces, averiguar el destino de las personas desaparecidas y emitir un informe final detallando los hechos investigados del período 1976 hasta 1983”, según indicó la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.
El informe elaborado que más tarde paso a ser reconocido bajo el título Nunca Más contó con la participación de personalidades reconocidas por su defensa de los derechos humanos como Ernesto Sábato -quien redactó el prólogo-, entre otras. El mismo fue entregado el 30 de septiembre de 1984 al entonces presidente de la Nación, Raúl Alfonsín.
Durante el tiempo que trabajo la comisión en la elaboración del informe, pudieron constatar la existencia de 380 centros clandestinos de detención y además recibieron miles de denuncias sobre desaparición forzada de personas. Con toda la evidencia que representaba aquella exhaustiva recopilación y sistematización de información en torno a crímenes de lesa humanidad fue posible la elaboración de la acusación por parte de los fiscales hacia quienes fueron participes centrales y que comandaron la más cruenta etapa dictatorial en Argentina.
Según el colectivo Memoria Abierta, “se hizo un recorte de los casos tomados de la CONADEP y se seleccionaron aquellos que presentaban de manera más clara la responsabilidad de los acusados. Por este motivo, se tomaron e indagaron cerca de 800 casos ‘similares’ con el fin de demostrar una metodología organizada desde el propio Estado”.
Las 530 horas del juicio, difundidas sin sonido en su momento por el canal público ATC, se encuentran ahora abiertas a la consulta pública. Memoria Abierta realizó un corto documental sobre aquel material fílmico.
El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal integrada por los seis jueces finalmente fijo su sentencia tras la “presentación de 709 casos». Allí se determinaron las condenas a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a prisión perpetua; a Roberto Viola a 17 años de prisión; a Armando Lambruschini a ocho años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses de prisión en el marco de la Causa N° 13.
De este modo, se puso en evidencia la implementación de un plan sistemático de exterminio ejecutado por los acusados. El mismo fue demostrado por el testimonio de los testigos junto con las pruebas aportadas, deslindando de esta manera la versión que quisieron instalar en su defensa los imputados de que su accionar respondía a la situación de “guerra” producida en el país.
Sin embargo, las condenas fueron menores que las pedidas por el fiscal en su alegato y además se establecieron de manera individual diferenciando cada caso.
«La ferocidad y la mentira son las dos notas del sistema de represión que los acusados implantaron durante años en la Argentina. Por eso hoy se hace necesario averiguar la verdad y juzgar a todos los que hayan violado la ley; en particular a los poderosos, a los máximos responsables, esta es la única forma de restablecer la vigencia de la ley en la conciencia de la sociedad”, sostuvo el fiscal Julio César Strassera en su alegato final.
Strassera, pronunció allí aquella frase que quedo grabada en la memoria histórica de Argentina y que décadas después sigue vigente y cobra fuerza cada 24 de marzo: “Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca más’”.
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