Géneros

14 abril, 2015

Continúa la investigación por explotación sexual de niñas en Rio Negro

La provincia de Río Negro continúa conmocionada por el caso de prostitución infantil que salió a la luz el pasado 18 de marzo en la capital provincial. En la causa caratulada como “corrupción de menores y facilitación de la prostitución” hay al menos cinco personas imputadas, uno de ellos se quitó la vida dos días después de que la causa se hiciera pública.

La provincia de Río Negro continúa conmocionada por el caso de prostitución infantil que salió a la luz el pasado 18 de marzo en la capital provincial. En la causa caratulada como “corrupción de menores y facilitación de la prostitución” hay al menos cinco personas imputadas, uno de ellos se quitó la vida dos días después de que la causa se hiciera pública.

El escándalo por explotación sexual de menores de edad en Viedma tomó notoriedad hace algunas semanas, pero las denuncias se habían radicado el año pasado, tanto en la justicia provincial como en la federal. Así lo confirmó el ministro de Desarrollo Social de Río Negro, Ricardo Arroyo, quién además agregó que las menores estaban bajo resguardo del Estado provincial durante su explotación, alojadas en un Centro de Atención Integral de Niños y Adolescentes (CAINA). Sobre las niñas denunciantes agregó que son tres, de 13, 14 y 15 años respectivamente.

Ante el hecho de que las menores estaban alojadas en un CAINA, desde distintos sectores gremiales y políticos han pedido la interpelación del ministro. El pasado jueves la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió ocupar la sede del ministerio en Viedma, como también lo hizo en todas las delegaciones provinciales dependientes del organismo.

Desde ATE apuntaron al ministro por ser el máximo responsable del área a cargo de los CAINA y señalaron, «la autoridad necesaria para ejercer el alto cargo público que ejerce Arroyo, resulta minada desde que el funcionario mintió de cara a todos los rionegrinos, cuando sostuvo que él era quien había impulsado la denuncia en la Justicia. Finalmente el fiscal que entiende en la causa, días después lo desmintió, asegurando que la denuncia fue realizada por una de las madres de las menores».

Efectivamente el fiscal a cargo, Juan Pedro Punel, confirmó que las investigaciones comenzaron luego de recibir la denuncia de una de las madres el pasado septiembre y que esto se reforzó con otra denuncia radicada en febrero. Estas declaraciones del funcionario del Ministerio Público se contraponen con las expuestas desde el gobierno provincial. Tanto por el ministro Arroyo como el gobernador Alberto Weretilneck, afirmaron que la denuncia la radicó personal del ministerio.

El fiscal además explicó que decidieron llevar a los testigos a Cipolletti y adelantar las declaraciones para que éstas no se contaminen con lo que se expone en los medios. Esto en clara referencia a los dichos del abogado Manuel Maza, defensor del imputado juez de Cámara, Juan Bernardi.

Las declaraciones públicas que molestaron al fiscal fueron aquellas en las que Maza sostuvo que la declaración de una de las menores “desvinculó completamente” a Bernardi. Según el abogado, en su testimonio la niña habría dicho que el juez la paso a buscar en su camioneta a ella, que estaba junto a Julio Antueque -cuidador de la chacra de Bernardi- y tres adultos más. Luego habrían compartido un asado en la chacra del magistrado, hasta que finalmente Bernardi los llevó de vuelta a la ciudad.

El abogado se encargó de aclarar que según el testimonio “no hubo sexo”. Aunque también aclaró que la menor habría estado en otra oportunidad en la chacra, pero sin estar presente el juez. No obstante Maza agregó que en el mismo testimonio se mencionaron otros lugares y personas con las que sí “habrían intercambiado” sexo por drogas.

Pocas horas después de hacerse pública la causa, se dio otro giro inesperado, Fabián Peralta apareció muerto en su casa. Horas más tarde el fiscal confirmó que se trataba de un suicidio. Peralta era trabajador de Salud Pública, pero anteriormente se había desempeñado en Desarrollo Social y era otro de los imputados en el caso. El suicidio de Peralta arrojó un manto de sospecha sobre un caso que ya era un escándalo provincial.

En este marco los antecedentes sobre casos similares comienzan a salir a la luz. El 17 de julio de 2014 la Justicia Federal había recibido una denuncia sobre una furgoneta proveniente de la localidad de Conesa que buscaba niñas con fines de explotarlas sexualmente. Allí se ordenó a la Prefectura Naval iniciar una investigación centrada en una empresa de taxis, los CAINA y un albergue transitorio de Carmen de Patagones. Ante la falta de pruebas contundentes aportadas por Prefectura, la jueza federal Filipuzzi decidió cerrar el caso y enviar el material resultante de la investigación a la justicia rionegrina.

Por su parte, en el año 2012, una trabajadora de un CAINA denunció públicamente que en los mismos se utilizaba a menores para el menudeo de drogas, la denuncia nunca tuvo curso y la denunciante fue apartada de su cargo.

Finalmente, ante la conmoción generada en la sociedad por el caso, el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a un amparo presentado en el año 2012 por la defensora de menores Alicia Terraza, quién denunció el incumplimiento de los deberes del Ministerio respecto al cumplimiento de leyes y tratados internacionales, nacionales y provinciales, violándose de manera reiterada y continuada los derechos de los niños.

El vocal del tribunal, Sergio Barotto, expresó en el fallo «el desinterés puesto de manifiesto por el Ministerio de Desarrollo Social, evidenciado en las demoras y omisiones para contestar los requerimientos que en la causa se le han efectuado, así como también en los informes genéricos y carentes de precisión que ha presentado».

Durante los últimos años los gremios ATE y UPCN han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de atención que sufren los menores que residen en los CAINA.

Ante la presión pública por la responsabilidad política, el gobernador Weretilneck decidió darle una salida elegante al ministro Ricardo Arroyo, separándolo del cargo, pero no su por la falta de respuestas o la inacción ante ésta situación sino aludiendo motivos electorales ya que Arroyo es candidato a legislador provincial por el partido del gobernador. La única implicación del, aún, ministro es por “desobediencia judicial”.

Rubén Lagras, desde General Roca (Fiske Menuco) – @RubenLagras

Si llegaste hasta acá es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios. NOTAS Periodismo Popular cuenta con vos para renovarse cada día. Defendé la otra mirada.

Aportá a Notas