Panorama Africano

Como cada lunes Notas – Periodismo Popular publica su Panorama Africano, con información de la realidad de los distintos países del continente negro.

Las heridas por el ataque terrorista en Kenia siguen abiertas

El jueves 2 de abril la organización yihadista somalí, Al Shabab, atacó la Universidad de Garissa, en Kenia. El saldo final de esa acción fueron 152 estudiantes asesinados. Los agresores justificaron la matanza como una represalia a ese país por aportar soldados a la misión internacional de la ONU en Somalía.

Tras el ataque cinco personas fueron detenidas y permanecerán en ese estado por un mes más mientras dure la investigación.

A su vez, durante la semana pasada una manifestación estudiantil arribó al palacio de gobierno en la capital, Nairobi, y entregó un pliego de demandas al presidente Uhuru Kenyatta. Entre las exigencias está el pago de una indemnización a los familiares de las víctimas y la edificación de un monumento a todos los muertos en el ataque contra la universidad pública de Garissa.

Por su parte, desde el Ejecutivo nacional admitieron errores en el manejo de las circunstancias. «¿Hicimos algo mal en Garissa? Sí, por supuesto», declaró el vocero gubernamental, Manoah Esipisu. El funcionario reconoció que «las tropas especiales se desplegaron en la universidad casi 12 horas después de que comenzara el ataque».

Hay que recordar que tras el atentado se supo de informes de inteligencia que advertían sobre un posible atentado de Al Shabab en el norte del país.

Entre las medidas tomadas por el gobierno de Kenia está el pedido a la ONU de reubicar en 90 días los campos de refugiados ubicados en la región de Dadaab. Allí está el mayor campamento de su tipo en el mundo donde residen 600 mil personas. El mismo fue creado en 1991 nueve meses después de la caída del mandatario somalí Siad Barre.

«La medida se debe a que allí se organizan y coordinan acciones armadas de la organización somalí Al Shabab, que recientemente causó aquí la matanza de la Universidad de Garissa, donde murieron 152 estudiantes», apuntó un comunicado del vicepresidente keniata William Ruto.

Xenofobia y ataques a monumentos del apartheid en Sudáfrica

Las provincias sudafricanas de Gauteng y KwaZulu-Natal fueron escenario de violentas acciones xenófobas por parte de la población local contra ciudadanos de otros países africanos.

Varias tiendas propiedad de extranjeros fueron agredidas al sur de la ciudad de Durban. Allí las víctimas sufrieron hasta quemaduras de tercer grado cuando un grupo de personas lanzó bombas de petróleo sobre los negocios, mientras se escuchaban gritos xenófobos. Solo en esa ciudad de la provincia de KwaZulu-Natal, 1200 extranjeros se quedaron sin hogar en la última semana producto de estos ataques.

En paralelo a esto se llevaron a cabo profanaciones de estatuas del colonialista británico Cecil John Rhodes en distintos puntos del país. Una de ellas fue retirada de la Universidad de Cape Town tras un mes de protestas estudiantiles, mientras que en Port Elizabeth y Pretoria, la figura de Rhodes sufrió roturas de distinto tipo.

El presidente Jacob Zuma respondió públicamente ante estas dos situaciones. Sobre el asunto de las estatuas mancilladas apuntó que «los repulsivos regímenes coloniales y de apartheid deben ser aceptados como parte de la historia de Sudáfrica». Por eso argumentó «si usted lee un libro de historia, no saca las páginas que son dolorosas. La historia debe ser contada. Es doloroso a veces y devastador. Lo que debemos discutir, por lo tanto, es la ubicación de esos símbolos coloniales y del apartheid».

Respecto a los ataques xenófobos designó a varios ministros de su gabinete para que trabajen directamente con los gobiernos provinciales. El mandatario subrayó que «el gobierno está abordando las preocupaciones de los ciudadanos sobre los inmigrantes ilegales e indocumentados». Pero subrayó que «muchos extranjeros tienen estatus legal y contribuyen de manera significativa a la economía y el desarrollo de nuestro país».

Finalmente dijo que no existe «ninguna justificación para atacar a los extranjeros. Los que esén ilegalmente deben ser reportados a la policía y ellos serán devueltos a sus países de origen de manera legal».

El Consejo de Seguridad de la ONU insta a los grupos rebeldes de Malí a firmar acuerdo

El organismo de Naciones Unidas abordó la semana pasada el conflicto interno de este país de la región del Sahel que, desde 2012 afronta una guerra civil entre el gobierno central de Bamako y grupos tuareg e islamistas del norte del país que reclaman la independencia de esa región.

En la reunión del Consejo se presentó un informe del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que abordó desde el tema de la inseguridad hasta los derechos humanos y las dificultades humanitarias en el Estado africano.

Según el documento, entre el 17 de diciembre del año pasado y el 19 de marzo de 2015 aumentaron los choques con la participación de diversos grupos, pese a la realización en febrero de la quinta ronda del diálogo en Argelia (país que hace de mediador) y los contactos bilaterales con los principales actores del conflicto, el Gobierno y los dos bloques de organizaciones insurgentes identificados como la Coordinación y la Plataforma. «Todas las partes violan el cese del fuego», sostuvo Ban.

Por su parte el canciller de Mali, Abdoulaye Diop, negó esta afirmación. «Jamás nuestras Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad han incumplido lo acordado, ni han sido señalados por los mecanismos de verificación en tal sentido, entre ellos la Misión de Naciones Unidas (Minusma)», afirmó.

La más reciente ronda de negociaciones ratificó las posturas encontradas entre las partes, por que el Ejecutivo del presidente Boubacar Keita rechaza cualquier variante de federalismo y el uso del término Azawad para definir el territorio que comprende a las regiones de Gao, Kidal y Timbuctu. No obstante el Consejo de Seguridad llamó a los grupos de la Coordinación (entre los que se encuentra el tuareg Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad) a incorporarse al acuerdo de paz, que establece un alto el fuego, para avanzar en las pláticas.

Fue vetada la ley que aumentaba los sueldos de políticos en Cabo Verde

El presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, vetó el nuevo «Estatuto de los titulares de cargos políticos» que desató una ola de manifestaciones en el país ya que proponía un aumento del 64% del sueldo de los distintos funcionarios.

La aprobación de ese proyecto de ley fue resultado de un acuerdo previo entre las distintas fuerzas políticas del Parlamento.

En un mensaje dirigido a los diputados para justificar su veto, Fonseca destacó que «ante la presente coyuntura y las preocupaciones manifestadas resulta pertinente revisar el Estatuto de los titulares de cargos políticos». Y añadió: «Nunca tuve dudas de que un cargo político, para ser ejercido con competencia y responsabilidad, requiere un estatuto adecuado a la naturaleza particular de la función que se ejerce».

Tras el veto presidencial, la ley regresa al Parlamento, donde deberá ser revisada. La misma podrá ser reformada y vuelta a aprobar tal como está. Si el Estatuto resulta aprobado, incluso sin ningún cambio por la mayoría de los diputados, el presidente, de acuerdo a la Constitución de Cabo Verde, está obligado a promulgar este proyecto de ley.