África

13 abril, 2015

Un juez español procesa a 11 altos cargos y militares marroquíes por genocidio en Sáhara Occidental

El juez español Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, procesó el jueves pasado a 11 altos cargos, policías y militares del Gobierno de Marruecos por delitos de genocidio contra refugiados del Sáhara Occidental entre 1975 y 1992.

El juez español Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, procesó el jueves pasado a 11 altos cargos, policías y militares del Gobierno de Marruecos por delitos de genocidio contra refugiados del Sáhara Occidental entre 1975 y 1992.

En la resolución judicial el magistrado considera que durante ese período “se produjo de una manera generalizada un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes”.

Bombardeos contra campamentos civiles, desplazamiento forzado, detenciones ilegales, torturas, asesinatos y desaparición forzada son los delitos que “habrían sido impulsados por los altos mandos de tales cuerpos militares con la finalidad de ocupar el Sáhara Occidental y tomar posesión del mismo”.

El juez argumenta su decisión basándose en la declaración de 19 víctimas directas que permiten corroborar la veracidad de los delitos pero también de «documentos de identidad de la época o fotografías de las lesiones sufridas como consecuencia de las torturas». Por otra parte destaca como “hecho fundamental el hallazgo de una fosa común en febrero de 2013 con ocho cadáveres que han sido identificados por el ADN, así como la documentación que tenían entre sus prendas”.

En total Ruz contabiliza 50 delitos de asesinatos, 76 delitos en grado de tentativas, 208 por detenciones ilegales, un delitos contra la libertad sexual y 23 delitos de lesiones o torturas. Entre estos últimos se incluyen descargas eléctricas, la quema de personas vivas y hasta amputaciones de miembros.

Los procesados son: Abdelhafid Ben Hachem, gobernador de la Administración Territorial del Ministerio del Interior hasta 1997; Abdelhak Lemdaour, coronel de las Fuerzas Armadas; Driss Sbai, teniente de la Gendarmería Real; Said Ouassou, gobernador de Smara entre 1976 y 1978; Hassan Uychen, subgobernador de la provincia; Brahim Ben Sami y Hariz El Arbi, inspectores de la Policía Judicial en El Aaíun a partir de enero de 1976. Contra ellos el juez ordena “su búsqueda, captura e ingreso a prisión”.

En el caso del coronel Lamarti, Muley Ahmed Albourkadi, Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri, el magistrado español solicita a las autoridades marroquíes “la aportación de cuantos datos facilitaren la correcta identificación y filiación de los procesados”.

Por el momento el ejecutivo español trató de enviar un mensaje de tranquilidad al gobierno marroquí. «El Gobierno de Marruecos conoce perfectamente cuál es nuestra postura sobre el Sáhara: una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable», dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Por otra parte, la vicepresidenta destacó: «Los que somos vecinos tenemos que luchar en los casos que son clave», en referencia a la lucha contra el yihadismo. “Las relaciones de los Estados son muy amplias. Trabajaremos para mantenerlas», subrayó.

La última colonia en África

Hasta mediados de la década del 70 el Sáhara Occidental estuvo bajo control colonial de España y desde principios de la década del 60 ya era considerado una provincia española en África, el Sáhara español.

No obstante, desde 1963 la ONU lo reconoce como “Territorio no autónomo”. La Comisión de Descolonización de la Naciones Unidas incluyó así al Sáhara Occidental entre la regiones donde se debía aplicar un proceso descolonización. Desde 1965 hasta 1973 distintas resoluciones del organismo reconocieron el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui e invitaron a España a tomar las medidas necesarias para realizar un referéndum por la independencia.

El Sáhara Occidental cuenta con los yacimientos de fosfato más grandes del mundo y de aguas oceánicas ricas en pesca y de potenciales depósitos de petroleo. Por lo que España dilató su salida y Marruecos reivindicó su soberanía sobre lo que llama “El gran Marruecos”.

Para octubre de 1975, una nueva resolución de ONU, a instancias de una decisión del Tribunal Internacional de Justicia de Haya, desconoció cualquier vinculo de soberanía territorial entre el Sahara Occidental y Marruecos o Mauritania que pudiera impedir el referéndum.

A pesar de ello, Marruecos organizó la “Marcha Verde” y ocupó, en noviembre de ese mismo año, con 300 mil marroquíes (entre militares y civiles) el territorio del Sáhara Occidental. España, que en principio había defendido la resolución del Tribunal de la Haya, finalmente firmó la “Declaración de Principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental”, que establecía el abandono de la provincia por parte de sus tropas antes de febrero de 1976.

Aún cuando la Asamblea General de la ONU desconoció el acuerdo y le recordó a España, como “Potencia administradora”, su responsabilidad en el proceso de descolonización, el Acuerdo Trilateral se impuso.

Comenzó así un conflicto armado entre Marruecos y el Frente POLISARIO (Frente de Liberación de Saguia El Hamra y Rio de Oro) que duró de 1976 hasta 1991. Después de 16 años de conflicto, en un proceso de paz, se acordó el alto el fuego, que se celebrara el referéndum en 1992 y el establecimiento de una Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO).

A pesar del alto el fuego, el referéndum todavía no se realizó y Marruecos sigue ocupando el 80% del territorio que defiende con un muro de 2720 kilómetros. La MINURSO, aún presente en el territorio, no tiene facultades como observador en la protección de los derechos humanos.

Mientras tanto, 150 mil saharauis viven bajo el régimen marroquí y otros 120 mil en los campos de refugiados de Tinduf, en el desierto de Argelia, a la espera de que la última colonia en África se independice.

Luciano Coccio, desde Barcelona – @LuchismoD

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