Reformar o refundar: El debate por la Constitución en Chile

A un año del inicio del segundo mandato de Michelle Bachelet, la demanda por una nueva Carta Magna se batalla en las calles pero también en el seno de la coalición gobernante.

Domingo 22 de marzo. Una compañía inmobiliaria reduce a escombros la residencia donde el dictador Augusto Pinochet pasó sus últimos días. A menos de 20 kilómetros, organizaciones sociales marchan en Plaza Italia por la demolición de otro edificio pinochetista aún más sólido: la Constitución de 1980.

“La Marcha de todas las Marchas”, como se dio a conocer la manifestación, aglutinó a una veintena de colectivos que van desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) hasta el grupo Patagonia sin represas entorno a la demanda de una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente.

“Tuvimos un gran respaldo actores sociales y políticos que luchan por cambiar la constitución actual y poco a poco vamos aumentando el apoyo ciudadano”, sostuvieron desde la Iniciativa Marca Tu Voto, una de las promotoras de la movilización. La percepción de la organización es avalada por las cifras. Según un sondeo de la consultora de opinión pública Cadem, un 60% de los ciudadanos está de acuerdo con una nueva Constitución.

El reclamo, tan histórico como el texto mismo, cobró un renovado impulso con la ebullición política de 2011 cuando el intento de transformación del sistema educativo se topó con las férreas estructuras de la Constitución promulgada por la Junta Militar (1973-1990) y que aún continúa vigente con reiteradas modificaciones.

Los cimientos de la casa de hierro

Al margen de la cuestión de la ilegitimidad de origen, “la persistencia de engranajes que impiden el verdadero ejercicio del poder político por la comunidad da cuenta que el déficit de legitimidad no se ha corregido”, afirma Christian Viera, doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Valparaíso.
Entre los engranajes persistentes pueden identificarse el sistema binominal, recientemente modificado, el requisito de quórums superiores a la mayoría para la aprobación de las leyes y el rol del Tribunal Constitucional con capacidad de veto.

Reglas resguardadas por la pica fundacional de la Carta: los quórums de mayoría especial de 4/7, necesarios para la reforma constitucional, lo que requiere necesariamente la negociación entre coaliciones para poder llevar a cabo la modificación.

Como lo expresó el arquitecto jurídico de la Constitución de 1980, Jaime Gúzman, el objetivo de estas reglas era que “si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque –valga la metáfora– el margen de alternativas posibles que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”.

Reformar o refundar

El “ruido” de la nueva Carta fue canalizado por la presidenta Michelle Bachelet que propuso la Reforma como uno de los pilares de su campaña electoral. A un año de su asunción, el debate constitucional oscila entre la vía reformista o la Constituyente.

La disyuntiva se presenta incluso en el seno mismo de la coalición de gobierno. Por un lado, algunos dirigentes y diputados consideran que en este momento político, cuando las denuncias de corrupción afectan a la imagen presidencial, pedir una Asamblea Constituyente “no contribuye a dar respaldo al Gobierno”.

En este sentido, Camilo Escalona, ex senador y candidato a presidir el Partido Socialista propone “crear una comisión bicameral para iniciar el debate de un nuevo texto constitucional”.

Sin embargo, esta vía no salda la deuda de la legitimidad, piedra de toque de la Constitución. “Tratar de curar los males de esta constitución a través de los procesos de esta misma es la posibilidad de que los remedios vengan ya enfermos. En otras palabras, que el producto que salga de la operación de esos procesos puede adolecer de la misma ilegitimidad. Creo que la salida a este problema es plebiscitar el inicio de un proceso constituyente que tenga la posibilidad histórica de hacer una constitución democrática en Chile”, afirma Alberto Couddel, académico en la Universidad Diego Portales.

En este sentido, esta semana los presidentes de las comisiones de Constitución del Senado y la Cámara Alfonso de Urresti (PS) y Leonardo Soto (PS) enviaron una carta a la mandataria para que convoque a una Asamblea Constituyente. En la misiva, los parlamentarios se ponen a disposición “para estudiar, tramitar y generar los actos legislativos que sean necesarios a efectos de que la presidenta de Chile cuente con las herramientas constitucionales que resulten necesarias para convocar al pueblo a asumir, tras 80 años, constituido en asamblea, su rol constituyente”.

Mientras las máquinas demuelen la residencia donde reposaba Pinochet, miles de chilenos presionan, se organizan y marchan en las calles para derrumbar los rígidos cimientos de la casa legal que la dictadura les legó.

Magdalena Garmendia – @MacuGarmendia