La ley de estatización de los ferrocarriles obtuvo media sanción

La Cámara de Diputados aprobó este jueves por la madrugada el proyecto de ley de estatización de los ferrocarriles con el voto de los bloques del Frente para la Victoria, la Unión Cívica Radical, el PRO, el Frente Renovador y la Coalición Cívica.

Con 223 votos a favor, cinco en contra y seis abstenciones, obtuvo media sanción la ley que establece que la empresa Ferrocarriles Argentinos se haga cargo de todas las redes ferroviarias del país.

Como se preveía, la nueva legislación fue aprobada sin dificultades ya que, además del apoyo del oficialismo, contaba de antemano con el aval de varios partidos opositores, incluido el PRO que añadió una modificación al proyecto original.

Por su parte Unidad Popular, Proyecto Sur y GEN se abstuvieron, mientras que Frente de Izquierda votó en contra. Todos estos bloques habían presentado proyectos alternativos.

Intervenciones a favor

La presidenta de la comisión de Transporte, María Eugenia Zamarreño (Frente para la Victoria), fue la responsable de abrir la sesión. Durante su discurso aseguró que el proyecto de estatización del sistema ferroviario «no es un eslogan marketinero» y subrayó que se trata de «una modificación del paradigma del Estado frente al uso de los trenes y la gestión del uso de los trenes».

La legisladora explicó también que a partir de la ley, «Ferrocarriles Argentinos será un holding de empresas compuesta por un operador de cargas, uno de pasajeros y un administrador» y subrayó que «la
sociedad va a estar dirigida por un directorio de siete miembros, con un representante de los usuarios, propuesto por la oposición».

Más tarde intervino el titular de la comisión de Obras Públicas, Edgardo Depetri, quién afirmó que este proyecto termina «con un modelo de las privatizaciones, el ajuste y la rebaja del salario» y dijo que «se puede estatizar los ferrocarriles gracias a la políticas instrumentadas desde el 2003» con la asunción de Néstor Kirchner.

Al momento de las intervenciones de la oposición el radical Julio Cobos anticipó el aval de esa bancada al proyecto impulsado por el gobierno nacional, aunque aclaró que la pretensión de su bloque era «que los ferrocarriles sean un servicio público y no un interés público meramente declarativo». El ex vicepresidente de la nación se lamentó a su vez de que «en la década del noventa se haya hecho campaña diciendo que perdían un millón de dólares por día para avanzar con las privatizaciones» y consideró «conveniente recuperar los trenes como parte de un sistema integral de transporte multimodal».

Desde el Frente Renovador Héctor Daer reconoció «la predisposición de la presidenta de la comisión de Transportes, de los diputados del FPV y del ministro Randazzo de aceptar la propuesta que le hizo llegar el bloque» que integra. Según Daer, se aceptó la modificación hecha por el massismo «para dejar claro que el Estado no podía ceder la administración de la circulación de los trenes por las vías de nuestro país», así como la posibilidad de «incorporar en el directorio de estas empresas que estamos creando a los usuarios, que son quienes transitan a diario en los trenes».

Por el PRO intervino Federico Sturzenegger que confirmó su apoyo al proyecto porque «contribuye a la diversificación de la matriz del transporte de manera balanceada, lo que va a permitir el crecimiento armónico de la producción nacional». «Este proyecto logra un balance con un Estado que invertirá en la infraestructura necesaria mientras que le permite al capital privado competir en la operación de manera sana», agregó.

El PRO aportó una modificación que fue incorporada al texto. El cambio implica que se establece la «modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte de cargas, de modo que cualquier operador ferroviario pueda transportar carga con origen y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quien detente la titularidad o tenencia de las instalaciones del punto de carga o destino».

El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, se hizo presente en el Congreso para presenciar la sesión y desde allí adelantó que cuando esta ley entre en vigencia el Estado «decidirá, invertirá y administrará la red de vías» y estos puntos «no serán objeto de negociación».

Criticas y cuestionamientos al proyecto

Los bloques que no acompañaron la nueva ley plantearon sus argumentos. El diputado de Unidad Popular, Claudio Lozano, criticó el proyecto al asegurar que «no estatiza nada ya que no rescinde los contratos y abre incluso la puerta a nuevos operadores privados”.

Autor de un dictamen de minoría, Lozano calificó el proyecto del Gobierno de «ambiguo» y destacó que «hay que terminar con los contratos de los actuales operadores privados y establecer las auditorias correspondientes» para encontrar los responsables del desguace ferroviario. También insistió en que al proceso el proyecto tendría que incluir al Belgrano Cargas.

Margarita Stolbizer, en nombre del GEN calificó el proyecto como «puro merchandising» y consideró que responde a «una necesidad electoral del Gobierno por encima de realizar un cambio de fondo». Al respecto argumentó que «es imposible dejar de lado la candidatura del ministro (Florencio) Randazzo de la presentación de este proyecto».

Stolbizer marcó que «estamos frente a las consecuencias del colapso del sistema ferroviario» de lo cual destacó que «la máxima expresión de esto fue la tragedia de Once».

Finalmente, por el único bloque que votó en contra, Néstor Pitrola del Frente de Izquierda opinó que esta medida se trata de una «reprivatización». El diputado bonaerense afirmó que «la Ley Randazzo es una ley privatista» porque «establece una renegociación de contratos y pasa una esponja a 20 años de robo de los concesionarios, como el grupo Cirigliano, responsable de la masacre de Once y el grupo Romero y el grupo Roggio, que formaron parte de la red mafiosa con la burocracia sindical y los funcionarios del gobierno kirchnerista, responsables políticos del crimen de Mariano Ferreyra».