Derechos Humanos

6 abril, 2015

Procesan a miembros del servicio penitenciario por dificultar la investigación sobre Julio López

Miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de Marcos Paz, imputados en una causa conexa a la que investiga la desaparición de Julio López, fueron procesados por irregularidades cometidas en sus funciones en perjuicio de la investigación y el esclarecimiento de la segunda desaparición de López en septiembre del 2006.

Miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de Marcos Paz, imputados en una causa conexa a la que investiga la desaparición de Julio López, fueron procesados por irregularidades cometidas en sus funciones en perjuicio de la investigación y el esclarecimiento de la segunda desaparición de López en septiembre del 2006.

El procesamiento fue dictado por el subrogante titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata, Laureano Durán, hacia los entonces jefes de la Sección Visitas y Correspondencia del penal de Marcos Paz, Diego Antonio González y Rubén Atilio Medina; al jefe de la División de Seguridad Interna de la cárcel, Aníbal Anselmo Cuenca; al director de Seguridad, Héctor Horacio Altamirano, y los directores del establecimiento Diego Daniel Díaz y Carlos Alberto Grassini.

La investigación por la desaparición de Julio López iniciada en un primer momento arrojó una serie de irregularidades cometidas por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad. Este hecho, originó que se abriera en 2007 una causa conexa donde se investiga el accionar de miembros del servicio penitenciario de Marcos Paz.

“Al hacer el pedido de probatorio sobre los represores que están en Marcos Paz, se descubrió que los mismos tenían una especie particular de régimen de detención, donde las condiciones eran muy distintas del resto, eso implicó que pudieran frustrarse algunas medidas de investigación”, indicó Aníbal Hnatiuk, abogado en la causa de Julio López.

En los pabellones conocidos como “de Lesa” de la cárcel de Marcos Paz se pudo comprobar la existencia de un “régimen distinto de entradas, las visitas se registraban de otra manera o no se registraban, no había el mismo énfasis de registración para un preso común que para los familiares o amigos de estos represores”. Lo mismo sucedía con el régimen de requisa, que en muchos casos era inexistente.

De esta forma, entre las irregularidades descubiertas llevadas a cabo para “alterar la investigación de López”, se descubrió que los represores detenidos tenían «entre sus pertenencias tarjetas telefónicas que no se podían utilizar con el sistema telefónico que tenia el resto del penal. Había una especie de cableado especial para ese pabellón». Entonces, “se comprobó que el servicio penitenciario federal tenia un sistema de comunicación especial para ellos, eso determinó que no se pueda establecer escuchas telefónicas con líneas reales”, apuntó Hnatiuk.

En un primer momento, la causa hacia los miembros del SPF por las irregularidades cometidas, fue contra 20 de sus miembros, con diferentes responsabilidades cada uno, según explicó el abogado. Pero subrayó que “esa causa lamentablemente nunca avanzo”.

De hecho, explicó Hnatiuk, “en la primera resolución judicial que hubo en 2008, el juez Corazza dictó la falta de merito, porque los acusados se habían defendido y presentaron escritos en los que decían que ellos no tenían responsabilidad sobre las irregularidades que había”.

Sin embargo, “la causa ahora a tenido un avance, que ya no es contra 20, sino contra seis de los siete acusados, en aquellos donde hay una mayor carga probatoria. La imputación ahora es mas cierta sobre algunos de ellos”, sostuvo.

Causa por la segunda desaparición de Julio López

“Actualmente la causa esta en un estado de semiparalisis, hay algunas pruebas que se están solicitando de nuestra parte. En general lo que ha habido fueron testigos inverosímiles que se acercaron”, indicó Hnatiuk.

Algunos de los reclamos que solicitan van en dirección a la parálisis que existe en relación al cruce de llamadas telefónicas que vienen reclamando. En este sentido, el letrado expresó: “Ninguna fuerza de seguridad se ha hecho responsable en su totalidad de poder establecer un sistema único de cruce de llamadas que nosotros podamos analizar. Eso es lo que estamos pidiendo a la fiscalía que dirige Marcelo Molina».

Además, el abogado de la causa remarcó que “si no tenemos forma de analizar las comunicaciones difícilmente podamos investigar un hecho que ocurrió hace más de ocho años”. Al mismo tiempo, agregó: “Hay pruebas que ya no se pueden hacer por el paso del tiempo, en cambio otras si, como las llamadas, pero al no poder hacer eso se llega a un estancamiento”.

López fue un testigo clave para la sentencia que envió a cárcel perpetua al ex jefe de la Policía Bonaerense durante la última dictadura, Miguel Etchecolatz. Lo último que se supo de él fue que se dirigía a presenciar la audiencia del juicio contra el represor y ex director de Investigaciones de la policía pero nunca llegó al lugar. Ya pasaron más de ocho años de su segunda desaparición y todavía nadie puede responder ¿dónde esta Julio López?

Noemí Romero – @Noi_Romero

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