La falta de políticas concretas para combatir los femicidios en Argentina

Por María Paula García. El de Daiana García, la joven de 19 años del barrio Villa General Mitre (CABA) fue uno de los últimos con gran repercusión: otro cuerpo femenino descartado en una bolsa de basura, como Paola Acosta en la alcantarilla, Melina Romero en un arroyo y Ángeles Rawson en un contenedor. Y otra joven engañada a partir de la necesidad de encontrar trabajo con una falsa entrevista, lo mismo que le sucedió a Araceli Ramos y a Sandra Ayala Gamboa. Si bien la mayor cantidad de femicidios se registran entre los 19 y 50 años, los asesinatos entre jóvenes mujeres de 12 a 21 años es una alarmante dinámica en aumento.

Familiares y amigos de Daiana llevaron adelante su pedido de justicia a través de una movilización al Obelisco que se organizó los días posteriores al hallazgo del cuerpo de la joven. Se hizo evidente también la indignación de su madre, quien además de soportar la pérdida de su hija tuvo que enfrentar a los medios, muchos de los cuales pusieron el foco en cómo iba vestida Daiana hacia su falsa entrevista laboral.

Una vez más, debemos criticar el tratamiento mediático de los femicidios: por el enfoque policial de la noticia, el hincapié en los elementos morbosos, por la sobreexposición que hacen de la víctima incluso cuando es menor de edad, por la teoría del caso aislado, del loco suelto o el enfermo.

Los medios cubren la noticia cada vez más, pero no ayudan a entender el fenómeno de la violencia de género. Lejos de colaborar con la comprensión de que vivimos en una sociedad machista y desigual, donde las mujeres continúan siendo un objeto para explotar, controlar, dominar, abusar, golpear, violar y descartar en la basura;  no hacen más que abonar el sensacionalismo, la confusión, la naturalización y el anestesiamiento de la sociedad.

Una herramienta legal que no se aplica

Pero la crítica de los medios no puede hacernos soslayar las responsabilidades políticas frente al crecimiento de la violencia de género. A seis años de la sanción de la ley 25.485, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género ­-más conocida como ley contra la violencia integral-, el balance es negativo. La ley representó un avance importante en materia legal pero no se tradujo en un cambio significativo en la prevención y erradicación de la violencia de género.

En primer lugar, hay artículos que no fueron reglamentados y, por lo tanto, no se aplican. Entre ellos el artículo 9, el cual responsabiliza al Consejo Nacional de las Mujeres en la garantía del logro de los objetivos de la ley, encomendándole acciones para nada menores, como:

• Elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;
• Articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la ley con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en la materia;
• Convocar y constituir un Consejo Consultivo ad honórem, integrado por representantes de las organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico especializadas, con la función de asesorar y recomendar sobre los cursos de acción y estrategias adecuadas para enfrentar el fenómeno de la violencia.

Este artículo tan necesario no está reglamentado pero, además, el presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres jamás llegó a representar un dígito del presupuesto total nacional. Un simple cálculo que tome el total del presupuesto nacional, calcule el porcentaje asignado al Consejo y divida el total por la cantidad de mujeres que arrojó el último censo nacional nos dará un dato más que revelador: la asignación presupuestaria para el Consejo representó en 2014 tan sólo el 0,0018% del presupuesto total nacional para ese año, destinando la ínfima cifra de 0,80 centavos por mujer para combatir la violencia de género.

¿Por qué siguen muriendo mujeres?

No es necesario consultar ningún oráculo: la falta de reglamentación y la falta de presupuesto es lo que explica por qué las políticas públicas dirigidas a atender la problemática y brindar asistencias a sus víctimas son casi inexistentes en nuestro país, tanto a nivel nacional como provincial. La violencia de género no es una prioridad.

Tal es el grado de inoperancia del organismo nacional que debería ocuparse de aplicar la ley que ni siquiera es capaz de brindar estadísticas oficiales sobre la magnitud de la violencia de género en el país. Recordemos que las cifras de los femicidios las sistematiza e informa desde el 2008 el Observatorio de Femicidios Adriana Maricel Zambrano, dependiente de la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

Y el problema no se reduce a la esfera nacional. Porque de todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sólo 18 adhirieron a la ley nacional sancionada en el año 2009. Hay seis provincias que se han dado el lujo de no hacerlo: Córdoba, Salta, San Juan, Misiones, Tierra del fuego y Neuquén. Y entre las que sí lo hicieron, el presupuesto asignado es igualmente ínfimo como para hacer frente a una problemática tan urgente.

La provincia de Buenos Aires, que encabeza la lista de la cantidad de femicidios durante el 2014, cuenta con un Consejo Provincial de las Mujeres dependiente de la Dirección de Participación, Liderazgo y Mujer de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno de la Provincia, al cual le han destinado un vergonzoso 0,005% del total del presupuesto provincial. Mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el distrito con mayor recaudación de impuestos del país, tiene una Dirección General de la Mujer dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que goza de un 0,07% del total del presupuesto.

La violencia de género en la agenda electoral

En un año electoral, uno de los temas centrales a debatir es la violencia de género. No como un bonito discurso de candidatos ni como algo políticamente correcto: hacen falta decisiones políticas claras y políticas públicas concretas. Mientras la violencia de género siga siendo para los gobiernos un gasto y no una inversión, mientras los “grandes problemas de la gente” invisibilicen las urgencias cotidianas de las mujeres, seguiremos teniendo los mismos resultados que se vienen denunciando.

@MariaPaula_71