Irregularidades en la Administración Penitenciaria de Cataluña

El pasado 18 de Marzo, una alarma en el Centro Penitenciario Brians II (Cataluña) denegó la entrada de Iñaki Rivera Beiras, director del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universidad de Barcelona. Semanas atrás, el veto de la Dirección General de Servicios Penitenciarios recaía sobre Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y la Denuncia en España.

A ambos se les prohibía el contacto y la comunicación que José Antúnez Becerra había expresamente solicitado. Se trata de un preso que lleva 40 años en prisión -13 de manera ininterrumpida- y que ya ha superado los 60 días de huelga de hambre, con un lapso de cinco días de huelga de sed. La pérdida de casi 30 kilos y un notable deterioro de su salud, se sostienen por un reclamo que apareció en cada una de sus acciones de lucha dentro de la cárcel: repudio hacia un régimen carcelario colmado de violencia institucional, denuncia de la aplicación de una pena perpetua de facto y exigencia de un Programa Individualizado de Tratamiento (PIT) que le otorgue el derecho a permisos penitenciarios.

La indiferencia de la administración penitenciaria, la irregularidad con la que actúa y la inexistencia de medidas que hagan efectivo el mandato constitucional español sobre la finalidad de re-inserción de las penas, dispuesta por el artículo 25.2 de su máximo cuerpo normativo, parece acotar las posibilidades y conducir al sometimiento y sufrimiento personal. En la última comunicación pública que se mantuvo con Antúnez, al día 43 de la huelga de hambre, afirmaba: “Sepais que si yo muero o enfermo, eso para mí será una victoria porque a lo mejor se abre el caso y esta gente mala, paga lo malo que ha hecho” .

El veto arbitrario de la Administración Penitenciara Catalana, en absoluta disonancia con la legislación vigente (art 51 de la Ley Orgánica Penitenciaria; 41, 43 y 44 del Reglamento Penitenciario) y con la jurisprudencia (Sentencias del Tribunal Constitucional 128/1997, 14 de julio; STC 170/1996, 29 de Octubre; STC 200/1997, 14 de julio; STC 170/1996, 29 de Octubre; STC 175/1997, 27 de octubre) motivó la intervención y el apoyo inmediato de diversos organismos nacionales e internacionales. Así, se pronunció el Observatorio Europeo de Prisiones, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, la Red Euro Latinoamericana de Prevención de la Tortura y la Violencia Institucional, entre otros.

La petición general se coteja en las palabras de Iñaki Rivera: “Vamos a exigir que las organizaciones de derechos humanos puedan visitar las cárceles como debería ser en un Estado democrático y de derecho en donde la actuación de la administración en general, pero muy en particular en el ámbito de la privación de libertad, debería estar presidida por un principio de transparencia y no de opacidad y prohibición constante, silencio y cerrazón”.

La lucha de José Antúnez Becerra

Esta historia, con varias figuras repetidas propias de la dinámica del sistema penal y algunas singularidades, no puede dejar de estar situada. Preso político, preso social y preso histórico son algunas de las denominaciones que atraviesan el caso y sin las cuales su análisis perdería significación.

José Antúnez Becerra participó de la Coordinadora de los Presos Españoles en Lucha (COPEL) que actuó durante la transición contra los últimos coletazos del régimen franquista luchando por la amnistía y por condiciones dignas de encarcelamiento en el cercano Estado democrático. Participó también de la campaña “Cárcel = Tortura” e intervino en el motín del Centro Penitenciario Quatre Camins en el año 2004.

Ese alzamiento es reconocido por los mismos involucrados como un acto de respuesta defensiva a la violencia institucional, a la denuncia de las torturas y malos tratos que ellos y sus familiares recibían constantemente por parte de los funcionarios penitenciarios que justificaban su accionar en la preocupación del ingreso de drogas a la cárcel.

Años después, tras el juicio en diciembre del 2008 las condenas por participar e instigar al motín, recayeron sobre la mayoría de los presos acusados. Antúnez, por su parte, recibió una condena de 19 años como autor responsable del delito de homicidio en grado de tentativa al subdirector Manuel Tallón Pérez. Paradójicamente, o no tanto, Becerra se encuentra hoy internado en el Hospital Penitenciario de Terrassa, establecimiento donde el mismo Tallón Pérez ocupa el cargo de director.

Luego de asegurar la insuficiencia del servicio de enfermería de Brians II en resolver casos de tal gravedad y la necesidad del traslado a una unidad especializada, las medidas tomadas desestimaron el pedido de familiares y defensores respecto a la derivación al Hospital Clinic y a ser evaluado por médicos externos.

En este marco, la fluctuación de respuestas entre contundentes silencios y adopción de medidas que conducen al inevitable desgaste, las reiteradas negativas de comunicación con el director general de las prisiones catalanas, Pere Soler, y la total desprotección demuestran que sólo queda la solidaridad desde el extramuros para forzar a la administración penitenciaria a actuar con la legalidad que le compete.

Así, mientras se debate la reforma del Código Penal y su introducción de la figura de “pena permanente revisable”, la pena permanente de facto de la que Antúnez es sujeto desde sus 17 años de edad y la situación de total vulnerabilidad constituyen la cara no visible del real desenvolvimiento de la ejecución de las penas y la forma en que el poder puede actuar -efectivamente- a su arbitrio.

María Celeste Tortosa