Derechos Humanos

24 marzo, 2015

Las responsabilidades civiles de jueces y empresarios a 39 años del golpe cívico-militar

Un nuevo aniversario del golpe cívico-militar ocurrido en argentina en 1976 se conmemora este 24 de marzo. Pasaron 39 años de aquella etapa oscura que marco a nuestro país, donde se produjeron lo que Rodolfo Walsh denunciaba en su carta abierta a las juntas militares como “errores, crímenes y calamidades” de la mano de un poder militar que se encargo de desmantelar al Estado democrático vigente en ese momento. ¿Cuál fue el rol de empresarios y jueces?

Un nuevo aniversario del golpe cívico-militar ocurrido en argentina en 1976 se conmemora este 24 de marzo. Pasaron 39 años de aquella etapa oscura que marco a nuestro país, donde se produjeron lo que Rodolfo Walsh denunciaba en su carta abierta a las juntas militares como “errores, crímenes y calamidades” de la mano de un poder militar que se encargo de desmantelar al Estado democrático vigente en ese momento. ¿Cuál fue el rol de empresarios y jueces?

En este contexto y de cara a cumplirse 39 años de aquel momento de la historia Argentina, la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad presentó un panorama de la situación en materia de juicios de lesa humanidad. Algunas de las cifras contundentes del informe mencionan que “hay un total de 456 expedientes en trámite en todo el país. Entre éstos, hay 16 juicios en curso y 120 causas próximas a debate”.

El informe que releva los casos producidos desde el año 2006 hasta el 2015, establece un total de 613 personas sentenciadas durante esos 9 años. De las mismas, 563 resultaron condenadas y 50 fueron absueltas. Más de la mitad de los imputados está detenido en cárceles, mientras que un 40 por ciento goza de prisión domiciliaria. A su vez, el número de prófugos es de 45.

Por otro lado, según registros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hasta el 31 de diciembre de 2014, de acuerdo a datos de prensa y resoluciones judiciales, se establecen la cantidad de responsables civiles durante la dictadura. Allí se informa que son 17 los empresarios imputados por delitos de lesa humanidad mientras que 70 corresponden a funcionarios judiciales.

La Procuraduría de Lesa Humanidad en enero del año pasado, daba cuenta que a partir del año 2012 desde el organismo se le dio una especial atención a “las investigaciones sobre la responsabilidad de actores civiles involucrados en el terrorismo de Estado», donde se encontraban, funcionarios de gobierno y judiciales, y los empresario y grupos económicos, por otro. Uno de los casos que resaltaba, fue la primera condena hacia un funcionario judicial, el ex juez santafesino Víctor Hermes Brusa, condenado a siete años de prisión por integrar una asociación ilícita, en junio del año pasado.

Allí también se hablaba de “avances de las investigaciones sobre la complicidad del sector empresarial con los actos de terrorismo de Estado». Se destacaban algunos casos como, el procesamiento de ex directivos de la Empresa Minera “El Aguilar” (Jujuy), el requerimiento de elevación a juicio por las actuaciones en las que se investiga la responsabilidad de los ex directores de la automotriz “Ford”, en General Pacheco (Buenos Aires), entre otras.

En relación a las complicidades civiles -tanto de empresarios como de jueces, entre otros-, durante este mes se dieron a conocer una serie de medidas judiciales que lejos de confirmar las complicidades existentes sostenidas según las pruebas de las investigaciones respectivas, tendieron a favorecer y mantener la impunidad de cierto sector empresarial en conjunto con una parte del sector judicial.

Algunas de estas medidas regresivas en torno a la búsqueda de la verdad y justicia se refieren por ejemplo a la dictada por el abogado subrogante Claudio Pontet, quien declaró la falta de mérito del empresario periodístico, Vicente Massot, el pasado 8 de marzo, acusado como «coautor» de los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Loyola y además de encubrir y favorecer la represión genocida en Bahía Blanca desde su medio, La Nueva Provincia.

Por otro lado, casi una semana después de la resolución en beneficio de Massot, nuevamente se repitió el miso hecho pero en este caso la falta de mérito fue para el dueño de la empresa Ledesma de Jujuy, Carlos Pedro Blaquier y Alberto Enrique Lemos- ex administrador de la empresa. Blaquier estaba procesado por delitos de lesa humanidad vinculados a secuestros de trabajadores y pobladores de Libertador General San Martín y otras localidades cercanas a la empresa.

En ese sentido, Luz Palmás Zaldua, coordinadora del área de litigios y defensa legal del CELS, manifestó que “es una decisión absolutamente desacertada, más allá de que entendemos que las pruebas que existen en la causa dan por acreditada el aporte que hizo Blaquier para la comisión de los secuestros de los trabajadores». Consideró también que la causa debería haber llegado a una instancia de debate oral.

En relación a estas medidas, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo del fiscal Jorge Auat, realizó una reunión de fiscales que intervienen en procesos por delitos del terrorismo de Estado para exponer la preocupación tras las resoluciones, allí acordaron articular respuestas con los organismos de derechos humanos y otras agencias estatales en una reunión el próximo 8 de abril. Además, plantearon la realización de jornadas abiertas a la comunidad para discutir esas resoluciones, entre otras medidas.

Ernesto Moreau, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sostuvo al respecto de estas disposiciones que “el poder judicial es uno de los más conservadores del Estado».

Otra de estas medidas que preocupaba a la procuraduría se refería a la falta de mérito dictada hacia el jefe de redacción de la Editorial Atlántida, Agustín Botinelli, denunciado por publicar un reportaje falso de Thelma Jara de Cabezas, secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada, con la intención de favorecer la imagen pública de la última dictadura cívico-militar. Y por otro lado, la negativa del juez Julián Ercolini de llamar a indagatoria a los responsables del desapoderamiento de la empresa Papel Prensa.

“Papel prensa y Blaquier están vinculados con la dictadura civil, que es la pata ancha de la dictadura”, manifestó el copresidente de la APDH. Mientras que de la resolución a Massot expresó: “Esta vinculado con la impunidad de un juez, que son los profesionales al servicio de un proyecto de país vinculado con el terrorismo de Estado”.

“Hay una cantidad enorme de jueces que no participaron directamente de la dictadura, pero que si son cómplices de la impunidad. A muchos de esos los vimos marchar o encabezar las columnas de la marcha del 18 de febrero”, apuntó Ernesto Moreau.

Algunos de los jueces imputados por delitos de lesa humanidad según la procuración de lesa humanidad, son: los ex jueces Rolando Evaristo Carrizo Elst, Luis Francisco Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y Otilio Ireneo Roque Romano Ruiz, de la Provincia de Mendoza; el ex juez de menores Luis María Vera Candioti de la Provincia de Santa Fe; el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi en la ciudad de Mar del Plata; el ex fiscal Roberto Mazzoni y el ex juez Luis Ángel Córdoba en la Provincia de Chaco; el ex juez Roberto Catalán en la Provincia de La Rioja, y el ex titular del Juzgado Federal Nº2 de la Capital Federal, Rafael Sarmiento. Por otro lado, si bien el juez marplatense Pedro Federico Hooft, fue llevado a un jury por presuntos delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, el año pasado fue absuelto en abril y restablecido para ocupar su cargo nuevamente.

En cuanto a las responsabilidades empresariales que operaron durante la dictadura se encuentran -vinculadas con la megacausa de Campo de Mayo- las empresas Ford, Mercedes Benz y Techint. Por otro lado, según datos de la procuración de Lesa Humanidad, algunas de las investigaciones que se abrieron para desentrañar la participación de directivos en secuestros o desapariciones de trabajadores involucran a empresas como: Acindar, Molinos Rio de la Plata, y la filial cordobesa de Fiat.

Luz Palmas Zalduas integrante del CELS, y que forma parte de la querella en la investigación judicial a la empresa Molinos Rio de la Plata, expresó: “Entendemos que hay una participación de la empresa al analizar los conflictos anteriores que tuvieron los trabajadores ahí, esto es lo que se da en muchas causas donde se investiga la participación de los empresarios, donde los trabajadores que terminan siendo secuestrados son los que formaban parte de las comisiones internas, este es un denominador común».

«Entendemos que los empresarios hacen algún aporte en la comisión del delito como para deshacerse de los trabajadores que llevaban adelante determinadas reivindicaciones laborales y también como con un efecto de disciplinamiento social”, concluyó Zalduas.

Noemí Romero – @Noi_Romero

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