El macrismo y un retorno a los orígenes: Vuelven las Taser

El Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires (TSJ) habilitó al gobierno porteño la compra de pistolas Taser, -que descargan 50 mil voltios- revocando una resolución dictada por la Cámara de Apelaciones hace casi dos años y dio así vía libre al gobierno del PRO para equipar a la Policía Metropolitana.

El uso de esas armas viola tratados internacionales, pero eso no parece preocupar al republicanismo porteño. Los órganos de aplicación de la Convención Contra la Tortura aprobada por la ONU y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura recomiendan a los Estados parte que no utilicen las pistolas Taser, dado que han sido calificadas como un elemento de tortura que potencialmente puede llevar a la muerte.

Asimismo, es importante destacar que el uso de estas armas será llevado a cabo por una fuerza que tiene antecedentes que dan pocas garantías. Su primer jefe, Jorge “Fino” Palacios, fue procesado por escuchas ilegales a familiares de víctimas de la AMIA, teniendo que renunciar.

En sus cinco años de existencia, la Metropolitana cambió de jefe cuatro veces. Además tuvo participación en hechos represivos como el del Parque Indoamericano, la Sala Alberdi, el Hospital Borda y el barrio Papa Francisco, por recordar sólo algunos. Hoy cuenta con cinco mil policías que, de todas formas, no abarcan ni la mitad del territorio porteño.

Vuelven las Taser

Tampoco los jueces parecen tener demasiados problemas en eludir los tratados internacionales. Luis Lozano, Inés Weinberg, Ana María Conde y José Osvaldo Casás opinaron diametralmente lo contrario que los fallos de primera y segunda instancia. En su fallo, coincidieron en que “el demandante carecía de un derecho para cuestionar la licitación destinada a la compra de las mencionadas armas”.

Sin embargo, según la Constitución de la Ciudad, cualquier ciudadano que vea afectado un derecho humano en forma inminente, aunque sea en manera de amenaza, está facultado para pedir a la Justicia un amparo que evite esa cuestión.

De ahí que, desde distintos sectores políticos se haya cuestionado la medida adoptada por el tribunal porteño. El jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, señaló que “desde 2001 a la fecha en Estados Unidos y Canadá hay más de 70 muertos por las descargas» eléctricas de las pistolas y recordó asimismo que durante la toma del Parque Indoamericano, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, «como si fuera John Wayne, nos pedía que le diéramos la Policía Federal para sacar a los manifestantes en un ratito».

También en términos críticos se expresó el precandidato a legislador de la Ciudad por Camino Popular, Itai Hagman, quien advirtió sobre los peligros de poner estas armas en manos de las fuerzas de seguridad. “Lamentamos esta decisión de los jueces de la Corte Suprema porque habilita a la Policía Metropolitana a usar estas pistolas que disparan fuertes cargas eléctricas y pueden ser utilizadas para la tortura”, apuntó Hagman y recordó que este fue el motivo por el cual se presentó un amparo en primera instancia.

El dirigente de Patria Grande que encabezará la lista de legisladores que lleva a Claudio Lozano como jefe de Gobierno recordó también que “la Policía Metropolitana tiene pésimos antecedentes como la represión en el Parque Indoamericano, la Sala Alberdi o el Hospital Borda”. En ese sentido “que la Corte suponga, como dice el fallo, que se van a adaptar a las recomendaciones del Comité contra la Tortura, supone ignorar el accionar real y concreto que ha tenido esta fuerza a lo largo de los años”.

Por su parte, el sociólogo y asesor en seguridad en la Legislatura Porteña, Andrés Pérez Esquivel, aseguró que “la insistencia del gobierno con las Taser parece tener que ver poco con una cuestión técnica sino con una profunda vocación antidemocrática”.

En la misma línea, Carlos Pisoni, actual subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, y quien presentó el recurso judicial para que se impida la compra de tales armas, dijo que el fallo lo sorprendió y que no es más que “una burla a la democracia”. “Creemos que autorizar la compra de la Taser es, de alguna manera, legalizar la tortura en la Ciudad de Buenos Aires”, al tiempo que significa un “un retroceso muy grande a una semana de un nuevo aniversario del golpe genocida”.

Pisoni explicó que el próximo paso será apelar la decisión judicial ante la Corte Suprema de Justicia. “El que tiene que seguir la causa soy yo con el patrocinio del Observatorio, pero no lo hago desde el Estado Nacional, sino como particular que es como inicié la causa”, explicó y agregó que se buscará el apoyo de las organizaciones que puedan acompañar esta causa. “Todas aquellas organizaciones que luchen contra la tortura en Argentina tienen que ser parte de esta causa. Por lo que peleamos y luchamos es para que no haya más tortura en Argentina y creemos que autorizar la compra de la taser es de alguna manera legalizar la tortura en la ciudad de Buenos Aires”, concluyó.