Las muertes evitables en las villas porteñas

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) presentó un pedido de informe a los ministerios de Justicia y Seguridad, Desarrollo Social, Espacio Público, Salud y a la Secretaría de Hábitat e Inclusión, a raíz de la muerte de Gastón, un adolescente de 13 años el pasado 8 de marzo en la Villa Rodrigo Bueno.

Entre los reclamos principales que solicita el Observatorio a las autoridades, se destaca la normativa sobre el acceso al sistema de cloacas en el Barrio Rodrigo Bueno y el estado en el que se encuentran. Además de la información sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la vivienda digna; al espacio público seguro de las personas; y el acceso a los servicios públicos: agua, luz y cloacas, entre otros.

Por otro lado, dicha presentación pretende obtener datos concretos en torno a las medidas ejecutadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, particularmente, el Ministerio de Salud para garantizar la asistencia en emergencias para las personas que habitan los barrios vulnerables.

Gastón, murió al caer en un pozo ciego en la manzana 2 del barrio cercano a la Costanera Sur de la Ciudad. La ambulancia que debía socorrerlo llegó 40 minutos después de lo sucedido, según denunciaron vecinos del barrio.

Damián Konfino, integrante del ODH, expresó que el pedido de los puntos de cumplimiento de las obras de servicios básicos y urbanización en la villa Rodrigo Bueno en particular, tiene que ver con que “si se hubiera llevado a cabo, le hubiera salvado la vida a Gastón”.

Actualmente el proyecto de Ley de urbanización del lugar «está frenado», sostuvo Konfino. En 2010 y 2012, Rocío Sánchez Andía, ex diputada porteña, presentó una iniciativa junto con legisladores de Proyecto Sur, para la radicación y urbanización de la villa, así como la apertura de una mesa de diálogo. Al respecto, el integrante del Observatorio manifestó que, “al proyecto de ley no lo aprueban las mayorías que responden al gobierno de la ciudad”.

Lo que comenzó por el 2003 siendo un asentamiento precario en la Costanera Sur a la altura del dique 1 del barrio de Puerto Madero, fue creciendo y tan solo en 2004 ya había alrededor de 400 familias viviendo allí. Pero en 2005, el entonces vicejefe de Gobierno, Jorge Telerman, bajo órdenes del entonces jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, dispusieron un decreto de desalojo hacia los habitantes del lugar. Sin embargo, en 2009 se interpusieron medidas cautelares cuyo fin era frenar cualquier medida tendiente al desalojo.

La disputa por ese territorio se explica por el megaproyecto inmobiliario que la empresa Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA) quiere hacer allí y que tiene el visto bueno de parte del Gobierno de la ciudad.

La jueza Elena Liberatori, a cargo de la causa, dictó un fallo judicial a favor de la urbanización de la villa en marzo del 2011. Allí se ordenaba llevarla a cabo en un plazo de 120 días, lo que en su momento fue criticado por el Ejecutivo porteño.

Demián Konfino, contó que entonces “los abogados del gobierno de la cuidad apelaron la sentencia de la jueza Liberatori que ordenaba la urbanización, y ante esa apelación la cámara revoca el fallo de la jueza”. Frente a esto la Defensoría General junto con algunos vecinos volvieron a apelar ese pronunciamiento y ahora es el Tribunal Superior de Justicia quien debe resolver.

“Más allá de que haya una norma particular, el gobierno tiene la obligación de proveer vivienda digna todos los habitantes de la ciudad porque así lo marca la constitución, hay una ley general, el art 31 de la constitución dice que las villas se tienen que urbanizar”, enfatizó Konfino.

La muerte de Gastón de 13 años, el pasado 8 de marzo, se enmarca en una situación de vulnerabilidad y falta de protección sostenida por el incumplimiento de los derechos de los habitantes de las villas de la capital del país.

Este tipo de hechos “suceden todo el tiempo” en las villas, apuntó Konfino. Un ejemplo de ello es el caso de María de 5 años, que murió en un incendio en agosto de 2013 en cercanías al lugar donde vivía Gastón, debido a un problema eléctrico.

En 2012 el ODH daba cuenta de la muerte de un hombre de 44 años electrocutado en la villa 31. A su vez, Gustavo Maldonado, también de villa 31, en el mismo año sufrió una descarga eléctrica y, al igual que lo que sucedió con Gastón, las instituciones médicas no llegaron a asistirlo de inmediato por lo que estuvo una hora agonizando.

“Por las potencias que no están reguladas en las villas se generaban muertes evitables de este tipo», indicó Konfino e hizo hincapié en que, “no es que hay un caso aislado, la falta de urbanización genera muertes que serían evitables en cualquier otro barrio de la ciudad”.

Noemí Romero – @Noi_Romero