Nacionales

17 marzo, 2015

El atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires y una causa que nunca avanzó

Este 17 de marzo se conmemora un nuevo aniversario del atentado a la sede diplomática israelí en Argentina que dejó 22 muertos y 242 heridos. Un repaso por una causa que ha tenido pocos avances en casi tres décadas.

A las 14.47 del martes 17 de marzo de 1992, el centro de Buenos Aires sufrió una explosión en Arroyo 916. Allí se encontraba en aquel entonces la Embajada de Israel.

Debido a que el atentado afecto directamente a una delegación extranjera, la competencia de la investigación quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia que, desde entonces, lleva adelante la causa. El hecho fue caratulado como “averiguación de los delitos de explosión, homicidio y lesiones calificadas y daños con motivo del atentado a la embajada de Israel”.

Cabe destacar el dato, al menos llamativo, de que la Corte rechazó el pedido de los querellantes de convocar a declarar inmediatamente a los custodios de la Policía Federal que se retiraron de la puerta de la Embajada minutos antes de la explosión. Estos fueron citados a declarar, junto al titular de la comisaría 15 de la Ciudad de Buenos Aires, recién en 1996, cuatro años después.

Por su parte, el entonces presidente Carlos Menem inmediatamente sostuvo que «los responsables son sectores del nazismo y sectores que fueron derrotados en el país», en alusión a los grupos militares carapintadas, cuyo último levantamiento había sido sofocado en diciembre de 1990. Sin embargo esto fue rápidamente descartado y se trabajó sobre otras dos pistas: la paquistaní y la libanesa, puntualmente el grupo insurgente Hezbolá.

Según reseñó el extinto portal Infojus Noticias, tres días después del ataque «cuatro ciudadanos paquistaníes fueron detenidos. Un taxista creyó reconocer en uno de ellos a un hombre que, manejando una moto, lo cruzó en la zona de la embajada, minutos antes del atentado». Sin embargo, pocos días después fueron liberados ya que informes pedidos a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a un “experto norteamericano” descartaron esa hipótesis. Los ciudadanos paquistaníes acusados permanecieron ligados a la causa durante siete años, hasta que fueron sobreseídos.

La otra línea de investigación apuntó a Hezbolá, el grupo libanés de fuerte ligazón con la República Islámica de Irán. Fue así que el 23 de diciembre de 1999, el máximo tribunal dictó una sentencia “interlocutoria” o “de mitad de tiempo”. En ese texto se consideró probado que una camioneta Ford F-100 que portaba explosivos se estrelló contra la sede diplomática. Allí también se modificó el número de fallecidos que se estableció en 22 y no 29 como se informó inicialmente.

En esa misma sentencia «basada en versiones difundidas en periódicos islámicos, cables de la embajada argentina en el Líbano e informes de Interpol y embajadas de otros países», de acuerdo a Infojus, la Corte señaló a la Jihad Islámica, brazo armado del Hezbolá, como responsable de la organización y ejecución del atentado.

Frente a esto se emitió una orden de captura internacional para el libanés Imad Mughniyah, jefe de seguridad exterior del grupo armado, y para el colombiano Samuel Salman, alias «El Reda».

La imputación contra Mughniyah y Salman llegó a través de la causa AMIA. Fue un testigo con identidad reservada, cuya declaración fue tomada por el juez federal Juan José Galeano (condenado por encubrimiento en la investigación del atentado a la mutual judía), quién aportó datos y denunció al jefe de seguridad exterior de Hezbolá.

Si bien Mughniyah murió en Damasco, Siria, a manos de un operativo israelí hace varios años, oficialmente su muerte no fue confirmada hasta hace poco en la causa y por lo tanto retirado de la misma.

Además hay otra persona que pedido de captura por estos hechos: Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman, que fue detenido hace años Jordania y permanece allí.

En 2006, por una presentación de los familiares de las víctimas, la Corte compuesta entonces por los jueces Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolsaco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay, declaró la causa como «imprescriptible».

Finalmente en 2015, en su apertura del año judicial, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que en lo que respecta al atentado a la Embajada de Israel, ya era «cosa juzgada», en respuesta a las palabras de la ex presidenta Cristina Fernández en la apertura de sesiones legislativas donde había cuestionado a la Justicia por haber abandonado esa causa.

A pesar de las palabras de Lorenzetti, el Máximo Tribunal debió emitir un comunicado aclarando que en el fallo de 1999 solo se habría demostrado “cómo ocurrió el atentado” y “la responsabilidad penal de sus autores”, para los que hay pedidos de captura internacional, pero ninguna detención.

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