Perúgate: Los servicios de inteligencia en debate

Sin marchas bajo la lluvia, el 1 de marzo el gobierno de Ollanta Humala oficializó -mediante un decreto supremo- el cierre por 180 días de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), tras las denuncias por espionaje a políticos y empresarios difundidas por los medios locales.

En ese plazo, además de la investigación que actualmente llevan a cabo la fiscalía y el Congreso, se conformará la Comisión Reorganizadora de Alto Nivel de la DINI, una “junta de notables”, que emitirán recomendaciones para la creación de una nueva estructura estatal de inteligencia.

A mediados de enero, la revista Correo Semanal difundió informes de la DINI -que debían ser enviados al Consejo de Ministros y a la Presidencia- en los que se registran seguimientos a opositores como Jorge del Castillo, Miguel Hidalgo, Cecilia Tait, Natalie Condori y Alan García. No obstante, el largavista de los servicios de inteligencia interna alcanzó incluso a la vice presidenta Marisol Espinoza y al empresario Jaime Mur Campoverde.

Américo Zambrano, el periodista de Correo Semanal que divulgó los reportes, explicó: “Esta información me fue proporcionada por personajes del propio gobierno, no para que denuncie las prácticas ilegales de la DINI, sino con el objetivo de atacar a las víctimas de estos seguimientos. En el diario evaluamos toda la información y se decidió sacarle la vuelta a los intereses de las fuentes y abordar el tema de fondo”.

Las reformas de la madriguera

La noticia, además de convertirse en el epicentro del juego político entre oficialismo y oposición, actualizó un debate histórico en Perú: la simbiosis entre política y servicios de inteligencia. Al igual que en el resto de América Latina, en los años 60 se creó el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) bajo la égida de la doctrina de la seguridad nacional.

Con la extinción de mundo bipolar se inició un proceso de institucionalización que se vio interrumpido con el autogolpe del presidente Alberto Fujimori en 1992. Bajo el mando de facto de Vladimiro Montecinos, asesor del presidente Fujimori (1990-2000) el SIN se convirtió en una “policía política”. Secuestros, malversación de fondos, venta ilegal de armas y violación de derechos humanos son solo algunos de los cargos contra los miembros de la SIN fujimorista.

A partir del proceso de democratización iniciado con la huída de Fujimori, las tensiones acerca de los servicios de inteligencia quedaron, como todo proceso social, inscriptas en la estructura estatal. Del desmantelamiento de la SIN durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua a la creación de la DINI, órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional, las reformas apuntaron a una institucionalización en el marco del Estado de Derecho.

En perspectiva, la reciente decisión presidencial de clausurar temporalmente la DINI se trata más bien de un momento en un proceso de reformas sucesivas. “Es una decisión del más alto nivel político que supone intentar dar la mayor legitimidad y confianza a la ciudadanía en el sentido que los servicios de inteligencia ajustan su accionar al Estado de Derecho. Si bien hay contramarchas, esperemos que en próximos meses se produzcan los resultados deseados”, sostuvo Andrés Gómez de la Torre, ex director de la Escuela Nacional de Inteligencia.

Por su parte, el ex vice ministro de Defensa, Jaime Castro Contreras, no comparte la misma lectura sobre la decisión de Humala. “La desactivación temporal es una medida contraproducente porque deja un vacío. Se trata más bien una admisión de que todo lo que se decía era mera verdad”, analizó en la revista Vivir Bien.

La tiranía del secreto

La casualidad -ese hilo que une acontecimientos- hizo que mientras en Perú se anunciaba el cierre temporal de la DINI, en Argentina el Congreso aprobó la ley 25.520 que crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), una de las consecuencias imprevistas que suscitó la muerte del fiscal Alberto Nisman, así como el descabezamiento de la Secretaría de Inteligencia en diciembre.

Por motivos diversos en ambos países las madrigueras del Estado emergieron a la luz del debate público. ¿Cómo se articulan los servicios de inteligencia en regímenes que se fundan en la garantía de los derechos civiles?

“En América Latina y en Estados pobremente institucionalizados, la inteligencia ha sido una verdadera piedra en el zapato para la democracia. Existe una tensión que es clara y compartida en el ámbito académico: mientras la inteligencia requiere de un estricto secreto para realizar sus actividades, la democracia requiere de una rendición de cuentas precisa”, explica Nicolás Álvarez, licenciado en Ciencia Política y especialista en Inteligencia y Defensa.

La Asociación por los Derechos Civiles señala en un informe, citado por Claudio Mardones en Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur nº188, que “la actividad de inteligencia goza de inaceptables grados de autonomía que implican un riesgo para los derechos de los ciudadanos y las instituciones democráticas”.

Esta tensión entre el secreto amparado por la “razón de Estado” y la accountability que requiere una democracia intenta ser armonizada mediante una serie de controles externos-fiscalizaciones de los poderes Legislativo y Judicial que limitan la autonomía de los servicios de inteligencia. Entre reformas y debates, se actualiza la paradoja del secreto burocrático: núcleo del Estado Moderno, calabozo de la democracia.

Magdalena Garmendia – @MacuGarmendia