Desahucios en Madrid: Un buitre sobrevuela mi casa

Cuando en España las vacas vuelvan a engordar muchas imágenes de la crisis quedarán en la memoria colectiva. Seguramente una de esas imágenes sea la de los desahucios. Pero esta imagen arrastrará otra: la inacción de la clase política. Ahora parece que sumará una tercera, la de quienes actúan en favor de una mayor especulación.

Los fondos buitres Goldman Sachs y Blackstone compraron a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid alrededor de tres mil viviendas de protección social. Ahora, como nuevos propietarios, imponen condiciones que dejan en la calle a personas que habían conseguido esa vivienda por riesgo de exclusión social.

En agosto del 2013 el gobierno madrileño del Partido Popular presumía de vender 32 promociones de vivienda social, por 201 millones de euros, a la empresa Encasa Cibeles que pertenece a Goldman Sachs. En aquel momento el consejero de Vivienda, Pablo Cavero, explicó que la operación era para “hacer rotar” el stock del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). «La oferta de vivienda pública no es exclusiva de la Administración pública», agregó.

También el Ayuntamiento de Madrid vendió, al fondo de capital de riesgo Magic Real State Blackstone a través de la empresa Fidere, 18 promociones de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid.

“Nos enteramos por los medios”, dijo Enrique Villalobos, portavoz de la Asociación de Afectados por la Vivienda del IVIMA (AVVI). La Comunidad de Madrid no consideró oportuno informar previamente a los inquilinos pero sí brindar su información privada a todas las empresas que entraron en concurso. “La idea es que sepan previamente con qué situación se iban a enfrentar”, agregó.

El Defensor del Pueblo advirtió que “el traspaso de la propiedad de las viviendas implica una privatización total de la relación entre el beneficiario y el servicio público, en perjuicio del primero”. Además consideró que la promoción de vivienda pública no se reduce a la relación arrendaticia, sino que “implica una esfera de derechos (posibilidades de reducción de rentas, mecanismos de pago de las deudas de los inquilinos, posibilidad de cambio o permuta de la vivienda, etc.). Esta esfera de garantía se ve drásticamente reducida al limitarse estrictamente al contrato de arrendamiento civil sin obligaciones de servicio público”.

Hasta ahora quienes tuvieran dificultades económicas podían, por ejemplo, solicitar una ayuda para reducir entre un 10% y un 90% la renta por dos años y luego volver a revisarla. Ahora, una vez que acaben, deberán renegociar con los nuevos propietarios a precio de mercado.

“Están desahuciando por deudas de tres mil euros. Estas empresas se aprovechan de la Ley de Desahucio Express que permite desahuciar en diez días sin juicio. Aunque esta ley es para pequeños propietarios que viven de rentas”, denunció Villalobos.

No hay un número exacto de los desahucios producidos pero AVVI ya logró impedir más de 50. El de Cecilia y Wilson no se pudo evitar. Con un hijo de mes y medio en brazos no lograron resistir al quinto intento de desalojo. El matrimonio, que tiene otros dos hijos menores, llevaba cinco años viviendo en el departamento. “Lo han logrado. Lo han logrado. Nosotros queremos pagar un alquiler social”, decía Wilson a la prensa luego de la ejecución.

Para el portavoz de AVVI también son victimas de desahucios las personas que ya dejaron sus viviendas al no confiar en las nuevas exigencias de los propietarios: “No quieren deberle a un fondo buitre y antes de pasar por la vergüenza del desahucio se van”.

En su momento la Comunidad de Madrid presentó la operación como exitosa. La administración ahorraría al desprenderse de las viviendas, pero también conseguía recuperar un 20% más de costos de construcción.

Lo que no explica es cómo estas empresas pagaron algo más de 60 mil euros por casa y ahora ellos mismos exigen entre 120 y 160 mil euros a quienes tenían derecho a compra. “Esas personas no tuvieron la oportunidad de comprar la casa que habitan en las mismas condiciones que los fondos buitres”, denunció Villalobos.

La asociación presentó un recurso por la vía de lo contencioso-administrativo. Aunque saben que el proceso es largo esperan conseguir medidas cautelares que paralicen o reviertan el proceso. El PSOE de Madrid interpuso una querella criminal contra IVIMA por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos.

Los desahucios se han convertido en un realidad cotidiana en España. Se calcula que en estos años se sucedieron alrededor de medio millón. Sólo en el cuarto trimestre del año pasado se registraron 8.819 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid dice que un 46% de las personas desahuciadas a las que ayudaron eran menores de 18 años y un 18%, menores de tres.

Aún así, a siete años de que la burbuja estalle, el Gobierno español no tiene voluntad de reforma la legislación española que establece que en caso de que una persona no pueda afrontar el pago, la entidad financiera puede embargar la vivienda y seguir exigiendo el pago de la deuda hasta que se salde la misma, con lo que la dación en pago no está contemplada en la ley.

Luciano Coccio, desde Barcelona – @LuchismoD