Nacionales

6 marzo, 2015

Violencia en Rosario: «El Estado es responsable»

Organizaciones sociales, políticas y gremiales junto a la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, se movilizaron por las calles rosarinas para exigir al Estado Provincial la implementación de políticas públicas que garanticen los derechos de la juventud.

Organizaciones sociales, políticas y gremiales junto a la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, se movilizaron por las calles rosarinas para exigir al Estado Provincial la implementación de políticas públicas que garanticen los derechos de la juventud. Se apuntó nuevamente contra las medidas represivas que insisten en la invasión territorial por parte de las fuerzas de seguridad.

Cientos de personas agrupadas en la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Rosario, junto a organizaciones políticas, sociales y gremiales, encabezaron una movilización popular denunciando la situación de violencia que se vive en la ciudad.

El narcotráfico y todas sus consecuencias en el territorio, la violencia institucional, las irregularidades judiciales y la ausencia del Estado respecto de políticas públicas fueron los principales ejes de la multitud que se trasladó desde Tribunales Provinciales a la sede de Gobernación. Participaron, además, familiares y amigos de emblemáticos casos de gatillo fácil y asesinatos vinculados al narcotráfico, exigiendo justicia y celeridad en cada una de las causas judiciales.

El 2014 se despidió con un agrio sabor en las calles rosarinas. El linchamiento de David Moreira, la desaparición y crimen de Franco Casco junto las más de 250 muertes violentas en todo el año, sumada a la negativa del Concejo Municipal a tratar la Declaración de Emergencia en Niñez y Juventud, dejaron en claro que los pibes y pibas de las barriadas populares no son prioridad. La criminalización de la pobreza pisó fuerte, para comenzar un 2015 con un promedio cercano a un asesinato por día, en donde resaltó el crimen de Jonatan Herrera a manos de oficiales de la provincial Policía de Acción Táctica.

Este escenario volvió urgente la necesidad de salir a la calle a enfatizar un reclamo que se sostiene en el tiempo. “Queremos pedir en esta marcha que como sociedad seamos todos, para enfrentar este problema grave que tiene al Estado como principal responsable”, señaló Facundo Peralta, militante de la organización Causa de Villa Banana y de la Asamblea de Niñez.

No sólo se señaló al Estado, en sus tres niveles, como responsable de las muertes violentas, sino también por la situación de vulnerabilidad social que viven los sectores periféricos del Gran Rosario. Así lo expresó el documento leído en el acto sobre las escalinatas de la sede local del gobierno provincial: “Ante esta situación de desigualdad y violencia social a la que quedan expuestos los niños, niñas y jóvenes de nuestra ciudad, sólo pueden contrarrestarla verdaderas políticas públicas para la vida que apunten a la inclusión, la educación, la cultura, la recreación, la salud, la vivienda digna, el trabajo; políticas integrales e interministeriales, con trabajadores dignificados salarialmente y con reales posibilidades de intervención. Políticas que tengan como eje y objetivo el irrestricto cumplimiento de los Derechos de la niñez y la juventud y que los ubiquen como protagonistas de sus propias vidas, y no como soldados de intereses económicos ajenos”.

En esta línea, Fernando Rey, referente de Patria Grande, movimiento que también forma parte de la Asamblea de niñez, expresó la importancia de una movilización masiva en las calles rosarinas para reflejar las demandas de los sectores populares.

“Es necesario que se visibilice esta situación y que se saque del lugar de las noticias policiales para ponerse en el centro de las problemáticas políticas de la ciudad y la provincia y denunciar como responsables al poder político y judicial”, señaló. A su vez, hizo hincapié en la necesidad de abandonar la estigmatización que recae sobre los pibes y las pibas de las barriadas: “Hay otra realidad en los barrios, los jóvenes tienen otra perspectiva de vida y hay que acompañarlos con políticas para la vida, deportivas, educativas y culturales que les de otra proyección”.

El reclamo de las diversas organizaciones que participaron de la movilización, también se centró en las precarias condiciones laborales en la que se encuentran las distintas áreas de trabajo con niños, niñas y jóvenes. “La situación de los trabajadores estatales de las áreas encargadas de garantizar los derechos básicos de la población, está caracterizada por la precarización, la inestabilidad laboral y la tercerización de servicios. Asimismo, quienes se organizan y logran articular y mejorar sus condiciones de trabajo son perseguidos y amenazados con traslados y despidos”, señaló el documento.

La relación entre esta situación laboral con la calidad de políticas públicas es definitivamente considerable. Tal como afirma el material leído en el acto, los barrios rosarinos tienen un denominador común: “La escasez de clubes, escuelas, espacios de capacitación y recreación para la juventud, así como para la atención de crisis y padecimientos subjetivos (como las adicciones, según la Ley de Salud Mental y Adicciones 26.657), ámbitos contemplados dentro del primer nivel de intervención según la Ley de Promoción y Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes”.

Esta situación tiene sus consecuencias también en el ámbito educacional. Así lo hizo saber Claudia Rivas, de la comisión directiva de Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafé) Rosario, al expresar que los alumnos de las escuelas de los sectores populares van a ejercer su derecho a la educación en un contexto de vulneración de otros derechos fundamentales. “La mayoría de nuestros alumnos son pibes carenciados y hay una deserción escolar muy fuerte. Día a día trabajamos pateando los barrios para saber cuál es el motivo, y en muchos casos es que los toman como soldaditos del narcotráfico”, señaló la docente.

La movilización encabezada por los familiares de las víctimas de las distintas violencias que se materializan en la ciudad de Rosario, dejó en claro hacia donde van dirigidas las demandas. La jornada concluyó con un pedido de audiencia con el ministro de Seguridad de la Provincia Raúl Lamberto y la ministra de Desarrollo Social Mónica Bifarello. “Ni un pibe menos”, “El Estado es responsable”, señalaban las decenas de carteles y pasacalles que circularon por las calles rosarinas. El grito se escuchó y una vez más la expresión popular se hizo sentir.

 

Martín Stoianovich, desde Rosario

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