3 marzo, 2015
Ex Combatientes apelarán ante la CIDH por las torturas en Malvinas
La causa por las torturas y delitos de lesa humanidad contra ex combatientes durante el conflicto bélico de 1982, tomó relevancia ante el discurso de la presidenta Cristina Fernández el domingo pasado. Ante la desestimación por parte de la Corte Suprema, las víctimas apelarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aunque pasó desapercibida para la mayoría de los medios de comunicación, la causa por las torturas y delitos de lesa humanidad contra ex combatientes durante el conflicto bélico de 1982, tomó relevancia ante el discurso de la presidenta Cristina Fernández el domingo pasado.
Frente al rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para investigar estos delitos, desde el Centro de Ex Combatientes (CECIM) de La Plata decidieron presentar una apelación, en el «menor tiempo posible», ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tal como planteó la mandataria en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
«Con sus dichos, la Presidenta reafirma su compromiso de siempre con la defensa de los derechos humanos y con la causa Malvinas», destacó Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales del CECIM de La Plata y titular de la Comisión Nacional de Ex Combatientes, en diálogo con la Agencia Télam.
En nombre de los veteranos, Alonso expresó también que sienten un «gran apoyo» de la mandataria, ya que es «el propio Poder Ejecutivo quien nos invita a que vayamos a litigar a una instancia internacional porque la justicia argentina no está a la altura del reclamo de lo que piden los ex combatientes».
Hay que destacar, sin embargo, que uno de los acusados es el actual inspector general del Ejército, Mario Dotto, ascendido varias veces durante los últimos años. Marcando la complejidad del tema para los distintos poderes del Estado.
¿De dónde viene esta causa?
El pasado 19 de febrero, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso presentado por ex combatientes de la Guerra de Malvinas para que se investiguen y juzguen delitos de lesa humanidad cometidos contra los conscriptos durante el conflicto bélico de 1982.
En 2007 se hizo la primera presentación de denuncias ante el juzgado federal de Río Grande en Tierra del Fuego. En 2009 la jueza federal a cargo de la causa, Lilian Herráez, consideró como delitos de lesa humanidad las vejaciones sufridas por los soldados de parte de sus superiores.
De los más de 80 militares imputados, uno de ellos acusado de tormentos a por lo menos cinco ex combatientes, Jorge Taranto, solicitó el cierre de la causa por considerar que los delitos de los que se lo acusa prescribieron. El juzgado federal de Río Grande y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazaron la presentación ya que los delitos de lesa humanidad no prescriben.
Sin embargo Taranto prosiguió con su planteo hasta llegar a la Cámara Federal de Casación Penal que dio curso al pedido consignando como “errónea” la calificación de delito de lesa humanidad de los estaqueos y otras vejaciones y devolvió el expediente a la Cámara Federal que dictó una nueva sentencia donde declaró prescripta la causa.
Así se llegó al Máximo Tribunal que recibió la causa en 2012 y tres años después decidió desestimarla. Ante esta situación desde el CECIM solicitaron un recurso de aclaratoria para que la Corte explique por qué desestimó investigar estos delitos, tres años después de ser presentado, y reconsidere lo decidido revocando su propia sentencia.
Si llegaste hasta acá es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios. NOTAS Periodismo Popular cuenta con vos para renovarse cada día. Defendé la otra mirada.
