Tribunal Constitucional español rechaza la consulta soberanista catalana

Esta semana el Tribunal Constitucional (TC) de España rechazó la consulta independentista realizada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014. De esta forma se reavivó el debate soberanista.

Con todos sus magistrados presentes el TC, reunido este miércoles en sesión extraordinaria, declaró inconstitucionales dos preceptos de la Ley de Consultas Populares no Referendarias aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado mes de septiembre. A su vez consideró inconstitucional y nulo de pleno derecho el acuerdo de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre.

En concreto, fueron rechazados los artículos 3.3 y los puntos del 4 a 9 del artículo 16 de la Ley de Consultas de la región de Cataluña. Los citados artículos regulan la convocatoria por la Generalitat a consultas de carácter general. Pero los jueces entienden que, bajo esa denominación, lo que realmente se regula son los referendos, cuya competencia corresponde en exclusiva al Estado español.

Cabe recordar que, ante la negativa del gobierno central de Madrid a aceptar la realización de un referéndum o una consulta no vinculante, el gobierno catalán convocó a un «proceso participativo» (así lo denominaron) el pasado 9 de noviembre.

Debido a la prohibición judicial de que la Generalitat se involucre en la organización de cualquier votación de estas características, organizaciones civiles y más de 40 mil voluntarios en toda Cataluña garantizaron que más de dos millones de personas (sobre los 7,5 millones que habitan el territorio) pudieran expresarse para apoyar o no la independencia. La mayoría soberanista fue abrumadora, imponiéndose con casi el 90% de los votos.

De todas formas, por no tener un carácter resolutivo, el proceso participativo solo demostró la voluntad de la población catalana de independizarse. Las próximas elecciones regionales del 27 de septiembre serán claves en ese sentido, para evaluar si los partidos independentistas crecen electoralmente propiciando una agudización de la tensión con Madrid.

En este sentido el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Artur Mas, dijo: «Si el TC nos dice parcialmente no a la ley de consultas y no al decreto, quiere decir que solo nos dejan un camino al pueblo de Cataluña: las elecciones».

“Según el Estado no se trata de encontrar vía intermedia, sino de que claudiquemos”, añadió Mas y señaló que «la sentencia no tiene ni tendrá consecuencias políticas ni jurídicas».

Por su parte la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, opinó que «lo que no podrá hacer el Constitucional es que el 9 de noviembre desaparezca del calendario». «La votación no se puede anular ni se puede hacer como si no hubiese ocurrido», insistió.

En ese sentido, la presidenta del Parlament de Cataluña, Núria de Gispert, indicó que el fallo «es una decisión más en contra de la voluntad de los catalanes» y un «portazo» al derecho a decidir. «Este dictamen hace una lectura restrictiva de la Constitución, rechaza la posibilidad de que los ciudadanos puedan ser escuchados», añadió.

Finalmente Gispert coincidió con sus colegas en que «el dictamen del Constitucional refuerza el carácter plebiscitario de las elecciones del 27 de septiembre».