Córdoba ya lleva tres años sin Facundo

Este jueves 19 de febrero se cumplen tres años de la desaparición de Facundo Rivera Alegre en la Provincia de Córdoba. La causa permanece paralizada, sin castigo para los responsables y sin que se haya hecho justicia.

Facundo, “el Rubio del Pasaje”, tenía 19 años y una hija de dos meses la noche que desapareció a la salida de un baile de cuarteto en 2012. Desde entonces, su familia, cuya referente pública es Viviana Alegre, madre de Facundo, junto a organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos, viene denunciando la responsabilidad de la Policía de la Provincia y del ex jefe de la fuerza, Rafael Sosa, en el hecho.

Según las investigaciones y los testimonios obtenidos, Facundo fue golpeado por efectivos policiales que se ocupaban de la custodia del cantante y empresario Damián Córdoba, que lo envió a comprar droga para la banda y luego fue subido a un móvil policial.

Pese al material aportado a la causa, la fiscalía sostiene otra hipótesis: el joven fue a comprar droga a un pequeño kiosco en barrio Maldonado y, en medio de una discusión por un billete falso, un menor de edad le disparó en la cabeza.

De acuerdo con esta versión, se consideraron responsables de la muerte de Facundo a ese menor y a su hermano, mayor de edad; ambos habrían sobornado a un empleado del Cementerio Municipal San Vicente para que cremara el cuerpo. En la causa se niega cualquier participación policial y se resalta el hecho de que los responsables del homicidio son hijos de “la Colela”, dueña del pequeño kiosco de distribución de droga.

Durante estos años Viviana Alegre y su nuera recibieron amenazas constantes por parte de la policía. A principios de 2014, la casa de Viviana fue allanada de manera ilegal.

A pesar de esto, junto a ella, diferentes organizaciones sociales y familiares de víctimas del gatillo fácil siguen reclamando saber dónde está Facundo. Así, este jueves 19, en el tercer aniversario de su desaparición, se realizará una concentración en el centro de la Ciudad de Córdoba, para exigir al gobierno provincial el definitivo esclarecimiento de la causa y el juicio a los responsables.

Facundo no es uno solo

El caso de Facundo Rivera Alegre no es un caso aislado en la provincia. El gobierno de José Manuel De la Sota ha desarrollado sistemáticamente políticas de seguridad de carácter represivo, cuya expresión paradigmática es el Código de Faltas.

En forma “coherente”, estas políticas se han visto reflejadas en los siete casos de gatillo fácil que tuvieron lugar durante los primeros siete meses de 2014, en los “operativos de saturación” en los barrios populares y en la represión durante las movilizaciones con un saldo de más 60 detenidos en un año.

La fuerza policial encargada de ejecutar estas medidas es la que estuvo involucrada en el llamado “narcoescándalo”, un caso de amplia repercusión mediática que dejó al descubierto las vinculaciones de la policía, De la Sota, el justicialismo y el radicalismo cordobés con el narcotráfico. Este caso significó la imputación y detención de ocho policías, entre ellos el ex jefe del Departamento de Lucha contra el Narcotráfico, comisario Gustavo Rafael Sosa, y derivó en el descabezamiento de la cúpula policial (que volvió a ser reemplazada un mes después, como consecuencia del acuartelamiento de diciembre de 2013).

Otra de las luchas emblemáticas, como la de Facundo, es la de Yamila Cuello. Su desaparición, ocurrida en 2009, se vincula con la trata de personas y la causa permanece paralizada pese a los datos concretos aportados por la familia. Una vez más surgen las conexiones entre la policía provincial y las redes de trata, así como la denunciada inacción del Estado en esta materia.

A principios del corriente año, la violencia policial volvió a la consideración pública por los testimonios en torno al asesinato de Ismael Sosa, joven que asistió a un recital de La Renga y apareció ahogado en Embalse de Río Tercero.

La situación de los derechos humanos en Córdoba, reiteradamente violados, preocupa a la población. Muy lejos de un “nunca más”, día a día se suman las denuncias y las fuerzas de seguridad mantienen intactos los mecanismos heredados de las épocas más oscuras de nuestra historia.

María Ordoñez, desde Córdoba