La izquierda y el 18F

Mientras el apoyo a la marcha del próximo miércoles 18 de febrero sigue cosechando adhesiones por parte de diversas figuras políticas a lo largo y a lo ancho del país, también personalidades y organizaciones sociales, sindicales o políticas de izquierda han planteado en los últimos días que no participarán ni convocarán a la movilización opositora.

Adolfo Pérez Esquivel, ganador del premio Nobel de la paz y codirector del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), afirmó que “detrás de esta marcha se suman un montón de oportunistas políticos que jamás defendieron los derechos humanos” y denunció que “ahora se suben al mismo caballo para sacar réditos políticos. No voy a participar, no tengo ningún interés. Esta marcha en campaña electoral, con una oposición tremenda que ataca pero que no propone, es peligrosa”.

Distintas organizaciones sociales y políticas tales como la CTA Capital, la Corriente Clasista y Combativa, APEMIA, Movimiento Teresa Vive, Camino de los Libres y  los legisladores Claudio Lozano y Alejandro Bodart (MST), hicieron público un documento común confirmando que no participarán del 18F por “no compartir las consignas y propuestas de la misma”. En el texto, además de exigir democratización del Poder Judicial y de las Fuerzas de Seguridad, la nulidad de la Ley Antiterrorista y el cese del espionaje sobre las organizaciones populares, plantean la necesidad de crear una “Comisión Investigadora Independiente de todos los poderes del Estado”.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) también rechazó movilizarse el 18F. Una de las principales fuerzas del frente trotskista, el Partido Obrero, divulgó la declaración “18F: Convocan encubridores”, en la que, luego de caracterizar la muerte del fiscal Nisman como un “crimen de Estado”, también explica que ninguno de los jueces y fiscales convocantes “denunció nunca, en el transcurso de décadas, el maridaje de los gobiernos de turno y el poder judicial al que servían con los servicios de espionaje” ni, mucho menos convocó “a una marcha de silencio cuando fue puesta en evidencia la existencia de un plan de infiltración de las organizaciones populares, denominado Proyecto X”.

Luego de cuestionar a figuras políticas convocantes como Sergio Massa (“ha sido funcionario del gobierno actual y por lo tanto responsable del ocultamiento de la verdad”) o Mauricio Macri (quien “enfrenta un proceso judicial por espionaje, aliado a Fino Palacios, también procesado por encubierto en el atentado a la Amia”), la declaración plantea la necesidad de abrir todos los archivos de inteligencia vinculados al caso AMIA y exige la renuncia de Milani.

Cristian Castillo, diputado provincial por el PTS y referente del FIT, sostuvo: “No vamos a participar debido a que la convocatoria es realizada por fiscales, algunos de los cuales están acusados de entorpecer la causa AMIA. Además, tiene un claro sentido de crear una suerte de transversalidad de derecha”. Castillo agregó que “para llegar a la verdad se deben abrir los archivos de la Secretaría de Inteligencia y conformarse una comisión investigadora independiente porque esta casta judicial ha sido parte de todo el aparato de encubrimiento en todos estos años”.

Por su lado, el Movimiento de Izquierda Popular Patria Grande difundió la declaración “7 razones para no marchar el 18F”, en la que sostiene que el fiscal Nisman era “un agente al servicio de un potencia extranjera” por lo que debería ser considerado como “un traidor a la Patria” y afirma que los fiscales y la Justicia Federal “son una de las expresiones paradigmáticas de la corrupción y la ineficacia, la servil obsecuencia al poder político, la connivencia con el poder económico y la subordinación al aparato de inteligencia”.

La declaración luego convoca a repudiar la “descarada” injerencia de la Embajada de los EEUU en asuntos internos argentinos y el rol del “circo mediático” convocante, así como denuncia que muchos de los precandidatos convocantes tienen “probados vínculos con Stiusso y el aparato de inteligencia” (como Macri y Carrió). También se plantea que esto no “exculpa” de responsabilidades al Gobierno Nacional por “haber sostenido estas estructuras mafiosas en la inteligencia del Estado y a represores como Milani o Sergio Berni”.

Finalmente, Patria Grande exige “la disolución de todas las estructuras de inteligencia dedicadas al espionaje interno y la apertura de archivos que permitan descubrir la verdad y el rol de los servicios de inteligencia en casos como los de Julio Lopez, Luciano Arruga y otros compañeros desaparecidos”. La declaración concluye planteando: “El 18F los sectores populares y las organizaciones que militamos todos los días por un futuro digno para nuestro pueblo, no debemos plegarnos a las estrategias reaccionarias de los sectores dominantes. No somos Nisman. Somos Luciano Arruga, Julio Lopez, Carlos Fuentealba, Mariano Ferreyra, Dario Santillán y Maximiliano Kosteki, y todos los y las que dieron y dan la vida para terminar con la opresión y la explotación”.