Pidieron la imputación de la presidenta por la presentación judicial de Nisman

Este viernes el fiscal Gerardo Pollicita consideró que hay elementos para abrir una causa que investigue si la mandataria Cristina Fernández y miembros de su Gobierno quisieron encubrir a los presuntos responsables de la voladura de la AMIA. Sin embargo no solicitó citar a indagatoria a los acusados.

Pollicita ordenó el secreto de sumario y la desgrabación de las 5.000 horas de escuchas telefónicas que hizo el fallecido titular de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, en su investigación. Será el juzgado el que determine quién realizará esa tarea.

Mediante el requerimiento presentado ante el Juzgado Federal 3, a cargo de Daniel Rafecas y subrogado en estos días por Sebastián Ramos, el fiscal también consideró solicitar la imputación del canciller de la Nación, Héctor Timerman, al diputado nacional por el Frente para la Victoria, Andrés «Cuervo» Larroque; al dirigente social, Luis D´Elía; al líder de Quebracho, Fernando Esteche; al ex juez, Héctor Yrimia y a Allan Bogado.

Antes de confirmarse la noticia, pero cuando existía el rumor de la posible acusación contra la presidenta, el secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, declaró que «la imputación no tiene ningún valor jurídico» y que es «una clara maniobra de desestabilización antidemocrática».

También el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, expresó en su habitual conferencia de prensa que estamos en presencia de presencia de “una estrategia activa de desestabilización” que “no persigue una finalidad judicial sino la finalidad política de generar impacto político”.

El jefe de ministros insistió con que la denuncia planteada en enero pasado por el fallecido fiscal Nisman “no tiene ninguna validez jurídica porque no existe prueba de eventual culpabilidad”, con lo cual “lo que se quiere generar es estrépito social”.

En este sentido, indicó también que la presentación que realizará hoy la Procuración del Tesoro de la Nación para refutar la acusación “fue publicada en idioma español e inglés para que tenga trascendencia pública en virtud de estrategias deliberadas tendientes a ocultar lo que verdaderamente ocurrió”.