Docentes de Córdoba se movilizaron por demanda salarial

Este jueves se desarrolló en la ciudad de Córdoba, por cuarto jueves consecutivo, una movilización compuesta por docentes independientes y otros agrupados en organizaciones opositoras a la conducción de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC). Si bien los agentes educativos no han retomado sus tareas pues aún no inicia el calendario escolar, se han ido organizando para dar visibilidad a sus demandas e impedir lo que en los últimos años viene sucediendo: que la conducción gremial acuerde con el gobernador José Manuel De la Sota marcos prácticamente inamovibles para el aumento salarial anual.

La convocatoria, denominada “Docentes por la Educación”, ha ido creciendo. Este jueves los manifestantes fueron alrededor de 500 y la expresión asamblearia también se replicó en otros puntos del Interior provincial. En esta oportunidad, se marchó, en primer término, a la sede sindical donde hicieron entrega del documento que incluye las reivindicaciones así como la exigencia a la conducción para que promueva el “no inicio de clases” y convoque a asambleas en las escuelas (el miércoles 18 se retoma la actividad laboral en los centros educativos de la provincia).

Al documento fueron adjuntadas las firmas de los participantes de la movilización, así como el listado de más 2.000 educadores que firmaron con el sistema online de adhesión a través de Internet.

Por otra parte y tal como ocurrió siete días atrás, la marcha culminó en la Casa de Gobierno, la cual permanecía rodeada de vallas y cordón policial, lo que impidió el ingreso de las maestras y maestros al Centro Cívico cordobés.

El pliego de demandas de “Docentes por la Educación” incluye un incremento del 50% del sueldo (porcentaje no desglosado en cuotas), el respeto al escalafón vigente y 9.000 pesos para el docente que recién se inicia; con un horizonte, según expresan, de que más adelante ningún sueldo quede por debajo de la Canasta Familiar, que se estima entre los 12.000 y 13.000 pesos.

También solicitan la eliminación del impuesto a las ganancias, la derogación de la ley jubilatoria que difiere en seis meses las recomposiciones salariales para los jubilados estatales (Ley 10.078) y la regularización de las condiciones laborales y de todas las deudas que el Estado Provincial tiene con los educadores.

En la entrevista sostenida con el secretario general de UEPC, Juan Monserrat, recibieron el compromiso de que durante la semana próxima habrá asambleas en los lugares de trabajo y que entre el lunes 23 y martes 24 las asambleas de delegados y la Asamblea Departamental (máximo órgano del sindicato) estarán en condiciones de resolver una posición al respecto.

Asimismo, la comisión de “Docentes por la Educación” presente en dicha mesa recibió con preocupación el mensaje de que la conducción gremial avalaría un acuerdo con la patronal en el que los porcentajes de incremento sean distintos de acuerdo al cargo que revista el docente, por ejemplo, una maestra percibiría un incremento distinto al de una profesora de Escuela Media. Por este motivo y en función de la repercusión generada por el conflicto en los medios, los manifestantes decidieron repetir la convocatoria para la semana que viene.

La confrontación que el conflicto salarial generó entre sectores movilizados y el oficialismo del gremio, en esta oportunidad goza de un condimento especial: aunque aún sin fecha definida, a mediados de año se desarrollará la elección de representantes sindicales en UEPC.

A su vez, el aglutinamiento que se ha generado desde la oposición posibilita la generación de una fuerza unificada capaz de quitarle a los sectores que responden al secretario General de la CTA, Hugo Yasky, espacios claves en el gremio docente.

Lo que sí es seguro, es que, distinto de cómo se desarrolló durante los últimos años, la movilización ha irrumpido en medio de las que hasta ahora solían ser apacibles negociaciones entre el Gobierno y una conducción gremial acusada de usar al sindicato como “trampolín político” y de garantizar una paz social que desestima las necesidades reales de los trabajadores de la Educación.

Pablo Perón y Gabriela Rhó, desde Córdoba