5 febrero, 2015
Al final le cayó a Rafecas
El presidente de la Cámara Federal Martin Irurzun dispuso ayer por la tarde que el juez Daniel Rafecas investigue la denuncia del fiscal Alberto Nisman. La decisión fue adoptada luego de que Sebastián Ramos -que reemplaza a Rafecas durante su licencia hasta el 20 de febrero- y Ariel Lijo se declararan incompetentes para tramitar la denuncia que, pocos días antes de morir, presentó Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner y otros, por presunto “encubrimiento agravado” en la causa AMIA.
Nadie quiere agarrar semejante objeto plagado de inconsistencias. Esa es la única certeza de estos últimos días. Desde el inicio mismo del proceso, la denuncia portaba dudas de todo tipo. Su eje principal –que el canciller Héctor Timerman había hecho gestiones para levantar las capturas con alertas rojas de los sospechosos iraníes– fue desmentido en forma contundente por el ex secretario general de Interpol Ronald Noble.
El presunto canje que se buscaba de petróleo por granos, según la denuncia del fiscal, se desmoronó ante el hecho de que en la Argentina no hay refinerías para un petróleo seis veces más alto en azufre como el iraní y, por lo tanto, nunca se compró tal petróleo. La pista de “los fachos locales” a la que hizo referencia Nisman nunca se presentó en la causa. No hay ningún vínculo probado con la Presidenta ni con el canciller ni con el diputado Andrés Larroque. La Secretaría de Inteligencia negó que los dos supuestos agentes mencionados por Nisman revistaran en la SI y el fiscal no aportó ninguna evidencia extra para sostener su afirmación.
Más lejos aún fueron Eugenio Zaffaroni, León Arslanián y Julio Maier –reconocidos penalistas-, quienes señalaron que aún si fuera cierto todo lo que dice Nisman no habría delito que imputar, por la sencilla razón de que la tentativa de instigación en el derecho argentino no es punible. De allí que lo hay en el fondo –señalaron los penalistas- es un intento de judicialización de la política. Ya que el tratado internacional –como el que firmaron Argentina e Irán– se puede calificar de “conveniente o inconveniente”, pero “nunca puede constituir un delito”, puesto que las relaciones exteriores son competencia del Poder Ejecutivo.
En manos de Rafecas
La denuncia, sobre la cual el juez Rodolfo Canicoba Corral había dicho que tiene “escaso o nulo valor probatorio”, ya pasó por una cantidad increíble de magistrados: Servini de Cubría rechazó investigarla aduciendo que no aportaba pruebas; Lijo –en quien Nisman delegó la denuncia- tampoco habilitó la feria y afirmó que Servini tuvo razón al no tratarla.
Tras el fin de la feria judicial, Lijo consideró que no había conexión entre la denuncia nueva y la causa que él ya había tramitado y la envió a sorteo. Allí salió sorteado el juzgado Nª 3, a cargo de Daniel Rafecas, que ese día comenzaba sus vacaciones, por lo que estaba a cargo Ramos, subrogante de aquel.
No obstante, Ramos, subrogante de Rafecas, también rechazó la resolución, declarándose incompetente. Ramos consideró que como Lijo investiga el «expediente principal» sobre irregularidades en la investigación, debía ser él quien tramita la denuncia de Nisman. En tal sentido señaló: “Concuerdo con el titular del Juzgado n° 4 del fuero en torno a que, dado el embrionario estado de este expediente, no podría vincularse en principio directamente un expediente con el otro, por el hecho de que los imputados en una causa y en la otra serían, a priori, personas diferentes, en distintos momentos históricos en cuanto al trámite de la investigación principal –causa A.M.I.A.-«. Sin embargo, agregó: «más allá de la comprobación o no mediante la prueba que se acumule, de esta nueva denuncia, se trataría de hechos delictivos tendientes a desviar la investigación de una de las causas de mayor trascendencia en el fuero”.
En otras palabras: Ramos coincide con Lijo en cuanto a que se trata de hechos nuevos y distintos a los que ya tramitan en su juzgado pero –señala- son hechos tendientes a desviar la investigación (al igual que la causa que tiene Lijo) por lo que deberían tramitar ambas causas juntas.
De vuelta a manos de Lijo, la denuncia fue a la Cámara Federal que hoy tomó la decisión de que el expediente vuelva a manos de Rafecas por considerar que los argumentos dados por Ramos no “satisfacen las exigencias mínimas requeridas para afirmar la conveniencia de que ambas pesquisas tramiten bajo la esfera de actuación de un mismo magistrado, máxime cuando a la fecha no se cuenta con el requerimiento fiscal de instrucción que delimite el objeto procesal y permita conocer la dirección de esta investigación”.
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