El proyecto de despenalización del aborto terapéutico ya está en el Congreso chileno

Michelle Bachelet firmó este sábado el proyecto de ley sobre despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Y en una conferencia de prensa realizada en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda le pidió a los parlamentarios su apoyo en un trabajo legislativo basado en el respeto mutuo y la tolerancia.

«Sé que este es un tema sensible, somos un país diverso donde conviven distintas concepciones religiosas, filosóficas y culturales” dijo en su discurso. Añadió que «la forma en que debatamos esta ley es tan importante como su resultado; necesitamos fortalecer los derechos de las mujeres pero necesitamos también al mismo tiempo fortalecer la calidad de nuestro diálogo político».

Respecto de la interrupción de un embarazo destacó que «se trata de una situación difícil que debemos enfrentar como país maduro. Amamos la vida y nadie quisiera interrumpirla, menos una madre», y explicó las tres causales excepcionales en las que se busca despenalizar el aborto: si el embarazo es producto de una violación, si existe riesgo de vida para la mujer gestante o si las malformaciones fetales lo hacen inviable.

El proyecto contempla que las mujeres puedan interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación, que pueden extenderse hasta las 18 semanas en el caso de que se trate de una menor de 14 años. La propia presidenta precisó que en este caso el límite se amplía “pues debemos considerar que las niñas y adolescentes muchas veces desconocen su estado”. Las menores deberán actuar con autorización de su representante legal, pero no obstante se le deberá permitir “un espacio de decisión”. Si esta no concuerda con la del representante legal, podrá acceder al juez de familia.

El aborto terapéutico en Chile y las reacciones más diversas

En Latinoamérica hay cuatro países que penalizan la interrupción de un embarazo bajo cualquier circunstancia: El Salvador, Honduras, República Dominicana y Chile. En caso de aprobarse el proyecto, el país trasandino saldría de la lista.

Sin embargo, el aborto terapéutico no es una novedad en el país. Ya existía desde 1931, pero fue abolido en 1989, seis meses antes del fin de la dictadura de Augusto Pinochet. En 26 años ningún gobierno chileno se había atrevido a contradecir esta herencia de la dictadura, mucho menos a proponer el aborto legal. Si bien en varias oportunidades llegaron proyectos al parlamento, jamás se trataron.

Incluso antes de conocerse la letra de propuesta de ley, las repercusiones de los sectores más conservadores no se hicieron esperar. El ex presidente Sebastián Piñera afirmó que “Parece que hay más preocupación por el bienestar de las mascotas que por la vida de los niños», refiriéndose irónicamente a un plan de esterilización de perros y gatos anunciado por Bachelet. Mientras que el arzobispo de Concepción y profesor de Bioética, Fernando Chomalí, declaró que «Está claro que quieren promover el aborto en Chile. Y no sólo en los tres casos planteados, sino como método para controlar la natalidad. Es la misma estrategia que se usó en Europa en los años 70».

La iniciativa también generó polémica al interior de Nueva Mayoría, la coalición electoral de diversos partidos que llevaron a Bachelet a un nuevo gobierno. La Democracia Cristiana acercó una petición para que las tres causales de aborto terapéutico se voten por separado y puedan, además, ser votadas individualmente. Cuestión que fue considerada como patética por el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade: «Es parte del compromiso de campaña y todos los partidos de la Nueva Mayoría concursamos junto a la Presidenta, respaldando ese programa. Nadie entonces dijo ‘en esto tenemos reparos’ «.

Tampoco faltaron las voces de aquellos que directamente tildan a la iniciativa de maniobra, planteándola como una estrategia oficialista para desviar la atención de las grandes críticas a las reformas tributaria y educativa: «Se equivocan si creen que van a lograr distraer la atención de la ciudadanía con estas cortinas de humo o voladores de luces», criticó el diputado opositor de Renovación Nacional Cristián Monckeberg.

Y ni hablar del accionar de los grupos pro-vida, que lanzaron inmediatamente una campaña titulada #NadieSobra, llegando hasta el mismo Papa para denunciar el “avance del lobby del aborto en Chile”. Durante la audiencia general del pasado miércoles 28 de enero, la activista pro-vida Elizabeth Bunster, directora del Proyecto Esperanza, logró conversar con el pontífice. Según Bunster, en la breve charla el Papa dijo que lo que sucede en Chile “es muy grave. Esta preocupación la llevo en mi corazón… Sigan adelante, sigan trabajando».

Una cuestión de derechos humanos

Lejos de las ironías sobre las mascotas, del control de la natalidad, de la defensa del embrión y de las cortinas de humo, la imposibilidad de decidir libremente la interrupción de un embarazo en Chile constituye una grave violación a los derechos humanos de las mujeres. El aborto está penalizado en todas sus formas, a través de los artículos 342 A y 245 del Código Penal, bajo el título de “Crímenes y Delitos contra el Orden Familiar y la Moralidad Pública”. Se castiga todo aborto intencional, así como los causados por un acto violento contra una mujer embarazada. Incluso se castiga al que practica el aborto como a la mujer que consiente en ello. Y la pena puede ser de 3 a 5 años por obtener un aborto y de 541 días a 3 años por proveerlo.

Pero, como en todos los países donde el aborto está penalizado, las mujeres abortan igual, arriesgando su vida en el mercado del aborto clandestino. En Chile se practican anualmente entre 150.000 y 160.000 abortos clandestinos, 450 abortos por día, con un 10% de tasa de mortalidad. Y la mayoría de las mujeres que llegan a un hospital como consecuencia de prácticas inseguras son denunciadas por los médicos.

En “Encarceladas”, una investigación realizada por el Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, se denuncia que una importante cantidad de mujeres denunciadas por aborto no recibió defensa legal alguna: en promedio sólo un 38% del total recibió defensa legal y un 60% no tuvo en su proceso ningún tipo de intervención de un profesional, transgrediendo toda garantía constitucional de derecho a defensa judicial. La falta de defensa es una grave violación a los derechos civiles y políticos consagrados en los instrumentos internacionales de los Derechos Humanos.

Las palabras finales con las que Bachelet cerró su conferencia de prensa en medio de aplausos son inéditas. Fruto de una larga lucha de los movimientos de mujeres, ojalá abran el camino a debates políticos más profundos en Chile y también en países como la Argentina: el aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres, sin ningún tipo de restricción. Por primera vez, una presidenta latinoamericana termina un discurso diciendo que «Hay que tomar una decisión y no podemos evitarlo obligando a las mujeres a que carguen solas con las pesadas consecuencias de no poder decidir por causa de una ley. (…) Los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción del embarazo no han impedido ni impiden su práctica en condiciones de gran riesgo para la vida y salud de las mujeres. Ni el Estado ni nadie puede obligarlas a tomar una decisión en contra de su derecho y deseo a ser madres».

María Paula García