La impunidad que mata: a 14 años del asesinato de Sandra Cabrera

Este 27 de enero se cumplen 14 años del crimen de Sandra Cabrera, dirigente de la Asociación de Mujeres Meretrices en Rosario. Un asesinato que para la Justicia no fue esclarecido, y cuya causa judicial quedó abandonada en 2007 cuando el único imputado, oficial de la Policía Federal, fue sobreseído.

La militancia de Cabrera por el derecho de las trabajadores sexuales, las decenas de denuncias realizadas contra la policía por coimas y presión a sus compañeras y por complicidad con la explotación sexual de menores, son la prueba cabal de que con su asesinato intentaron callarla. A pesar del abandono del Poder Judicial, su recuerdo no deja de resonar en las calles rosarinas.

La impunidad en el caso Cabrera, atravesada por el sobreseimiento de Diego Parvluczyck dictado por el juez Alfredo Ivaldi Artacho, no significa sólo que no se hallara el autor material del hecho, sino que por añadidura implicó que no se investigara el entramado delictivo de la policía que como institución se sostenía y se escondía detrás del oficial imputado.

Para la Justicia faltaron pruebas, como ser el testimonio certero de las compañeras de Sandra que sirviera para profundizar el procesamiento del oficial de la división Drogas Peligrosas. Para las voces bajas que acompañaron a Sandra y su militancia, aquellos testimonios certeros faltaron por la presión ejercida por el poder policial y por el miedo que se había implantado en las calles rosarinas: habían matado a la máxima dirigente y cualquiera podría ser la siguiente.

La misma presión de la policía también recayó sobre el poder judicial, por lo cual el sobreseimiento de Parvluczyck era el cierre ideal para constituir un crimen perfecto.

En 2015 se publicó el trabajo La impunidad que mata, elaborado por quien escribe con el acompañamiento de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) regional Rosario y provincia de Santa Fe, central de la que Cabrera formaba parte como dirigente de AMMAR.

Este trabajo, alejado de la búsqueda de un material estrictamente noticioso por el hecho de que la última novedad en la causa se dio hace más de siete años, tiene como principal objetivo analizar el contexto que llevó a permitir esa impunidad y el que se generó en los años siguientes.

En sus primeras páginas se podrá apreciar un relato en formato de crónica que cuenta cómo fueron las últimas horas de Sandra. Relato que se construye a partir del testimonio de las compañeras de Cabrera y otras personas que declaran en el expediente judicial, al cual se pudo acceder para afinar detalles.

Luego se ofrece un repaso por las denuncias que Sandra realizó como referente de AMMAR junto con sus compañeras. Denuncias que ponían a las trabajadoras sexuales como víctimas de abusos, de golpizas, de sobornos y como conocedoras de casos de explotación sexual de menores.

Todas las acusaciones tenían a la policía y sus distintas áreas como principales apuntados. Fue así que en septiembre de 2003, una de las denuncias fue contra la División de Moralidad Pública de la Policía de la provincia por recibir coimas por parte de prostíbulos de la zona de la Terminal de Ómnibus a fin de que retiraran de la calle a las trabajadoras sexuales. Como consecuencia, fueron desplazados el jefe Javier Pinatti y el subjefe Walter Miranda. Luego del asesinato de Cabrera, dicha área fue disuelta por el gobierno provincial.

Este escenario de denuncias a la policía, fue la antesala del crimen. Las amenazas a Sandra comenzaron a ser cada vez más frecuentes hasta que se hicieron realidad. Incluso su hija Macarena, que por entonces tenía ocho años, fue el blanco de una amenaza que llegó a través de una llamada telefónica a la sede de ATE en Rosario, donde funcionaba la oficina de AMMAR. “Decile a Sandra que a la piba la va a encontrar muerta antes de mañana”, se oyó entonces.

En otro fragmento, La impunidad que mata ofrece la mirada de parte de los actores de la causa judicial. Las versiones, que se acercan a las detalladas líneas arriba, no son alejadas de la realidad aunque pertenecen a un panorama mucho más complejo. El silencio de algunas compañeras de Sandra no estaba relacionado a la cobardía, sino a la presión que el mismo Poder Judicial le permitía a la policía ejercer sobre las trabajadoras.

Sobre el final de la publicación, se realiza un repaso por el prontuario de los oficiales que de alguna u otra manera aparecen en el expediente judicial o que formaban parte de la institución cuando Sandra fue asesinada. Todos ellos, sin excepciones, continuaron durante los años posteriores siendo blanco de denuncias por distintos delitos. Complicidad con el narcotráfico y con la explotación sexual, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, violencia física, sobornos, robo de pertenencias y un sinfín de delitos que fueron creciendo de manera exponencial mientras la causa por el crimen de quien denunciaba dichos actos, se iba estancando y sumergiendo en el olvido de las autoridades políticas y judiciales.

La impunidad en este hecho funcionó como puerta abierta a una sociedad que sigue lamentando delitos por parte de una institución estatal. Por eso se titula La impunidad que mata, porque es la impunidad en este caso la asesina de los pibes, pibas, trabajadores y trabajadoras que se continúa cobrando un sistema que funciona a base de la explotación y la muerte de las clases excluidas.

Martín Stoianovich, desde Rosario – Autor de La impunidad que mata