Cristina anunció la disolución de la Secretaría de Inteligencia

Cristina Fernández realizó este lunes por la noche una Cadena Nacional donde se destacó el anuncio del envío al Congreso de un proyecto de ley para disolver la Secretaría de Inteligencia y conformar una nueva Agencia Federal de Inteligencia.

La presidenta comenzó afirmando que “desde los comienzos de nuestros gobiernos”, Néstor Kirchner planteó la necesidad de abordar el tema de la impunidad en la Argentina “como uno de los estigmas que arrastrábamos desde inicios de la democracia”.

En ese sentido destacó dos hitos claros en la lucha contra la impunidad: por un lado el terrorismo de Estado con todos los logros del Gobierno en ese sentido que “nos convirtieron en un modelo a imitar en materia de Derechos Humanos en todo el mundo”, y lo contrastó con los dos atentados del “terrorismo internacional” que sufrió nuestro país (la voladura de la Embajada de Israel en 1992, y de la AMIA en 1994), en los que no hay detenidos ni condenados.

Luego recordó la conformación de la Unidad Especial de Investigación que en 2004 puso al frente de la investigación a los fiscales Nisman y Burgos, firmada por el entonces procurador general de la Nación, Esteban Righi. En ese sentido, aclaró que después de las reforma constitucional de 1994 (que establece a la Procuación como Ministerio “extrapoder”), “solamente una ignorancia supina o una manifiesta mala intención” puede plantear que Nisman fue designado por el presidente Kirchner, como se sostuvo en diversos medios periodísticos.

La presidenta también recordó que entre 2007 y 2012, luego de que el fiscal de la causa acusara a ciudadanos iraníes de haber participado en los atentados, Argentina comenzó a plantear un reclamo permanente de cooperación judicial a Irán en Naciones Unidas, con el apoyo de las “instituciones de la comunidad judía y de los familiares de las víctimas”.

Luego de defender la iniciativa del “Memorándum de entendimiento” con la República Islámica de Irán que apuntaba a “salir de la parálisis en que estaba la causa desde 2004”, la mandataria afirmó que la Argentina siempre sostuvo la política de “mantener permanentemente las alertas rojas” sobre los sospechosos.

Además recordó que cuando se firmó el Memorándum éste tuvo la ratificación del Congreso Nacional, por lo cual se convirtió en “no judiciable” por su estatus de tratado internacional. Pese a ello Nisman planteó una apelación en segunda instancia y así el Memorandum, “que hubiera permitido iniciar el procedimiento de receptar declaraciones en Teherán de los imputados” está paralizado.

Cristina afirmó a continuación que se han abierto todos los archivos, se ha desclasificado toda la información respecto de la AMIA y se ha relevado a todos los agentes de inteligencia de su compromiso de secreto para que puedan declarar, por lo que “nadie puede dudar con honestidad intelectual de todo lo que pusimos para que esta causa fuera adelante”.

Luego apuntó que a partir del año 2013 integrantes de los servicios de inteligencia comenzaron a “bombardear” el acuerdo, al tiempo que se intensificaba una “campaña de denuncias contra esta presidenta con la complicidad de grupos de fiscales, jueces, denunciantes anónimos y también de los periodistas”. Esto la obligó a tomar decisiones tales como el desplazamiento de muchos agentes de inteligencia (algunos de los cuales venían desde la época de la dictadura).

Por eso se ha decidido “comenzar a trabajar sobre un proyecto de reforma del sistema de inteligencia argentino para transparentar definitivamente un sistema que evidentemente no ha servido a los intereses nacionales”. En ese sentido ordenó la elaboración de un proyecto de ley que será presentado al Congreso antes de su viaje a China del próximo fin de semana.

El proyecto propone la “disolución” de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), lo que era “una deuda que tenía la democracia, todos los que hemos sido gobierno desde el año 1983”, y la creación de una Agencia Federal de Inteligencia (cuyos directores requerirán acuerdo del Senado).

Según Cristina, el nuevo organismo tendrá paradigmas “completamente diferentes”, con objetivos que apuntan a la “obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a hechos, riesgos y conflictos que afecten a la seguridad de la Nación y sus habitantes”. Puntualmente, se ocupará de la “prevención de amenazas internacionales provenientes del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y delitos contra el orden económico y financiero como así también toda otra forma de criminalidad organizada en forma internacional”. Esto fijaría un “ámbito concreto de defensa frente a ataques externos”.

Las actividades de inteligencia internas “sólo quedarán limitadas a la investigación de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional” previstos por el artículo 36 de la Constitución Nacional.

También se establece la transferencia a la Procuración del Ministerio Fiscal del Sistema de Observaciones Fiscales. Es decir, las “pinchaduras” de teléfonos judiciales, “conocidas popularmente con el nombre de OJOTA”.

Además explicó que ha solicitado que una vez votada, la ley entre en vigencia en un plazo “no prorrogable” de 90 días. Como parte del proyecto también anunció que la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, hoy dependiente del Ministerio de Seguridad, pasará a la órbita del Agencia Federal de Inteligencia.

Al mismo tiempo informó que los “bancos de datos” en poder del Estado deberán garantizar que no sean almacenados por “razones de raza, fe, decisión privadas, adhesión política o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, de derechos humanos, sindicales, cooperativas, asistenciales, laborales o por cualquier otra actividad lícita”.

Por otra parte destacó el aumento de la pena, a delito no excarcelable, para toda persona que “captare, interceptare o desviare ilegalmente y en contra de las disposiciones de esta ley comunicaciones telefónicas, postales”, etcétera. Asimismo, anunció la creación de un nuevo delito, para los funcionarios que tomen contacto con servicios de inteligencia por fuera de los canales institucionales.

Finalmente, dedicó la parte final del discurso a cuestionar la “absurda” denuncia de Nisman acerca del supuesto encubrimiento a Irán: “He leído todo y no hay un solo abogado que una vez conocida la denuncia pueda creer que eso fue escrito por un abogado y mucho menos por un fiscal”. Acto seguido afirmó que luego de la firma del Memorándum con Irán el país no incrementó el comercio bilateral y que las empresas que más comerciaron con el país islámico fueron privadas, incluso algunas vinculadas al Grupo Clarín.

Cristina también señaló que sus dos cartas sobre la muerte de Nisman fueron tergiversadas por “algunos diarios del monopolio” y aprovechó para cargar contra “la última persona que lo vio con vida”, Diego Lagomarsino, que “es un feroz opositor del gobierno”, que desde su cuenta de Twitter difundió “insultos y agravios, incluso de contenido machista” contra la presidenta. Lagormarsino además es “el hermano de un importante ejecutivo del Estudio Saenz Valiente, socio del grupo Clarín, gerente de informática del grupo”. Respecto a esto agregó que Lagomarsino comenzó a tramitar su pasaporte el día 14 de enero, día en que Nisman presentó su denuncia.

Para terminar recordó el caso del asesinato de Mariano Ferreyra y afirmó que de la misma manera en que allí se fue hasta las últimas consecuencias, en el caso AMIA «la trágica muerte del fiscal Nisman» debería permitir esclarecer el caso, a 20 años del atentado.